El pasado 28 de noviembre la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presentó en el Congreso el anteproyecto de una nueva ley educativa con el aplomo de quien asume que en política la grandilocuencia no tiene por qué medirse con los hechos. Así, afirmaba la ministra, «era una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del objetivo de equidad».
Resulta comprensible que un Gobierno tan adicto a los golpes de efecto quisiera hacerse una foto clavando la lanza en el cuello de un temible y «segregador» dragón, léase la Lomce. Pero el problema no es sólo que el dragón no fuera tan fiero como lo pintaba la ministra, sino que, además, nunca se le dio ocasión de causar esos supuestos «daños». Desde el principio de esta legislatura, el Gobierno, formado entonces por el PP, había impulsado un pacto de Estado para consensuar un modelo educativo en el Congreso. Con ese objetivo se aprobó el Real Decreto Ley 5/2016, que suspendió aquellos aspectos de la Lomce que habían generado mayor controversia, como los efectos académicos de las evaluaciones externas, a fin de facilitar el camino al deseado pacto. Un trabajo de diálogo que se desarrolló en el Congreso, en el Senado y también en la Conferencia Sectorial de Educación, basado fundamentalmente en escuchar a expertos y representantes de la comunidad educativa. Y todo ello para buscar un pacto que debía evitar que cada nuevo Gobierno -incluso aquellos que no hayan sido elegidos en las urnas, o con el menor número de diputados de nuestra historia democrática- se empeñe en modificar sistemáticamente nuestra ley educativa.
Tras año y medio de trabajo, ese ambicioso proyecto de acuerdo y consenso vio su fin por la supuesta falta de voluntad del PP para comprometerse a alcanzar una inversión en educación del 5 por ciento del PIB, curiosamente una condición que ya no parece ser objetivo prioritario en la nueva propuesta. Pero es aún peor la falta de talante negociador, la urgencia inusual de su tramitación que deriva en un preocupante desprecio de los foros de debate, ninguneando sin paliativos la opinión de las comunidades autónomas, quienes serán responsables de la aplicación en cada territorio. Por eso hay que insistir en que el dragón que la señora Celaá presume de haber matado dormía ya el sueño de los justos, y el Gobierno de Sánchez ha clavado la lanza en el corazón de un naciente pacto que, al menos con este Ejecutivo, ya no será.
Por tanto, y dado que los aspectos más controvertidos de la Lomce están suspendidos en la actualidad, ¿cuáles son esas cuestiones «prioritarias y urgentes» que aborda el citado texto?
Fundamentalmente, se propone eliminar todo aquello que ha hecho posible que en los últimos años algunas regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid, hayamos destacado por la calidad de nuestros sistemas educativos, con buenos resultados avalados por evaluaciones nacionales e internacionales, y también por la satisfacción mayoritaria de las familias. En el anteproyecto se pretende eliminar el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos, un ataque directo a la libertad de elección (ya lo dijo la ministra, la demanda social es «un eufemismo», y por tanto desaparece en el nuevo texto). En consecuencia, la enseñanza concertada (elegida en la Comunidad de Madrid por el 30 por ciento de las familias) debe ser una oferta siempre subsidiaria, vigilada por los representantes de los ayuntamientos; la selección de sus docentes cobra carácter asambleario y los propietarios del centro no podrán elegir ni siquiera libremente al director del mismo.
El anteproyecto cercena también la autonomía de los centros públicos. Se señala la especialización curricular como «introductora de desigualdades». Adiós por tanto a nuestra red de centros STEM, a los institutos de Innovación Tecnológica o los deportivos, al programa de excelencia en el Bachillerato, a la introducción de asignaturas como Tecnología, Programación y Robótica. El programa de enseñanza bilingüe, cuyo buen funcionamiento es reconocido dentro y fuera de España, o los nuevos programas de introducción de Francés o Alemán, están ahora mismo en el aire tal y como hoy los conocemos, ya que el anteproyecto cuestiona la contratación de expertos nativos, 2.618 auxiliares de conversación en el presente curso.
El Gobierno de Sánchez pretende, en definitiva, que se le evalúe por la altura de sus propósitos y no por los resultados que alcanzan los alumnos en su paso por el sistema educativo. Lo importante, vienen a decir, es que se expida al alumno el título, aunque sea un aprobado en autoestima, un engaño para todos. La reforma no aborda los verdaderos retos de la educación española, como el desequilibrio territorial que manifiestan las evaluaciones internacionales, o la carrera docente, en su fase de acceso y en su desarrollo profesional. Parece que estamos abocados, una vez más, al fracaso anticipado de una nueva reforma educativa, con un equipo ministerial que muy pronto ha olvidado lo que demandaba hace tan solo unos meses y Machado expresaba tan acertadamente: «Para dialogar, preguntad primero; después…. escuchad».
Rafael Van Grieken es consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.