Durante los últimos meses hemos asistido a un deterioro de la situación económica de España que ha agotado prácticamente todos los calificativos. Y a día de hoy no es fácil encontrar alguno que podamos utilizar para describir que vamos a ir a mejor. Las perspectivas que tenemos por delante a corto y medio plazo no ayudan a atisbar signos positivos.
Así, pues, los españoles debemos hacer un ejercicio de realismo como pocas veces en nuestra historia reciente. Y no porque no hayamos atravesado coyunturas complejísimas en las últimas décadas, no solo en el ámbito económico, sino en el institucional, político o social. Pero en todas esas difíciles ocasiones España ha salido airosa porque desde hace más de treinta años disponemos de un sistema democrático sólido gracias a nuestra Constitución, que consagra la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
Una Constitución fruto del consenso de las fuerzas políticas comprometidas con un proyecto de construir una España que, por fin, pudiera homologarse con todos aquellos países a los que nos hemos querido parecer y superara nuestros contumaces errores del pasado. Una voluntad de construcción a la que no solo contribuyeron los partidos políticos, sino también todos los sectores sociales a través de un tejido asociativo extraordinariamente activo.
Por supuesto, me complace incluir con todas sus consecuencias tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales. Y lo hago para reivindicar el papel que en nuestro desarrollo económico y social corresponde tanto a los representantes de los trabajadores como a los de los empresarios. Más allá de episodios lamentables recientes como la irresponsable «huelga salvaje» en el Metro de Madrid, no me cabe ninguna duda de que tanto sindicatos como organizaciones empresariales hemos intentado defender a lo largo de todos estos años no solo nuestros propios intereses legítimos, sino también los generales de todo el país, de la manera que mejor hemos entendido.
En las últimas semanas hemos asistido a un cierto cuestionamiento por igual de los sindicatos y de las organizaciones empresariales como consecuencia de la falta de acuerdo entre ambas partes en la larga negociación sobre la reforma del mercado laboral. Como es obvio, no me corresponde convertirme en portavoz de los agentes sociales en su conjunto, pero sí quisiera señalar como representante empresarial algunas cuestiones que me parecen remarcables sobre ese proceso de diálogo que concluyó sin el deseable acuerdo. Y una de ellas es la reivindicación que desde hace al menos dos años venimos haciendo los empresarios de la urgencia de una reforma profunda, realista y útil de nuestro mercado laboral, que garantice precisamente una mayor estabilidad para los trabajadores y unas reglas que permitan al empresario asegurar la supervivencia de sus empresas.
No voy a entrar en el detalle de las propuestas que durante todos estos meses venimos haciendo desde las organizaciones empresariales, porque son de sobra conocidas, como también es pública nuestra crítica al decreto-ley convalidado por el Congreso y que se transformará en ley después del correspondiente trámite en las Cortes Generales. Es bien sabido que el texto en vigor nos parece un tímido avance que, desde luego, requiere de profundas modificaciones que faciliten la creación de empleo estable y eliminen la inseguridad jurídica que perjudica tanto a empresarios como a trabajadores. Es ahora a nuestros representantes políticos a quienes les toca la responsabilidad de orientar la reforma laboral en un sentido positivo, y a los ciudadanos, como corresponde, acatar las leyes.
Pero sí quiero evidenciar que la mayoría de los argumentos que los empresarios venimos defendiendo desde hace ya tanto tiempo sobre esta cuestión son los que en los últimos meses se le vienen demandando que asuma al Gobierno de la nación desde instancias nacionales e internacionales de solvencia y autoridad fuera de toda duda. Por ello, sí creo conveniente que importantes sectores de la sociedad española se despojen de tópicos que durante muchos años han lastrado su opinión sobre lo que los empresarios somos, representamos y queremos para nuestro país, y lleguen a la conclusión de que los empresarios también podemos tener razón sobre lo que en este momento necesita España para salir adelante entre todos.
Me siento muy orgulloso de ser empresario. Por convicción y por trayectoria familiar. De querer crear, desarrollar y poner en práctica un proyecto que genere prosperidad y bienestar no solo individual sino, sobre todo, colectivamente; de hacer frente a las situaciones de bonanza y de crisis, como la actual, con el mismo espíritu de lucha, riesgo, pero también de responsabilidad para con los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Eso es lo que caracteriza al auténtico empresario frente al simple especulador.
Por tanto, razón y responsabilidad. Hace unos meses, y desde la tribuna del Club Siglo XXI, tuve la oportunidad de reclamarnos a todos los ámbitos de la sociedad española que realizáramos un profundo análisis de lo que la situación nos exige: la adopción de medidas probablemente impopulares pero necesarias para que España no vuelva a perder el paso de la Historia. Y hacerlo con el concurso de todos, sin poner a priori «líneas rojas» que impidan encontrar las mejores soluciones para transformar este país en muchos ámbitos que necesitan una imprescindible renovación estructural.
A la vez, soy un profundo convencido de la necesidad de mantener vivo un activo extraordinariamente importante para la estabilidad general del país, como ha sido y es el diálogo social. No siempre el diálogo puede culminar en acuerdos —como ha sido evidente en el proceso negociador sobre la reforma laboral—, pero debemos conservarlo como un plus importantísimo para afrontar con la necesaria lealtad entre las partes la grave situación actual. España necesita de estructuras e instituciones fuertes, sólidas, que sean la red tupida que aguante caídas fatales y nos permita levantarnos conscientes del riesgo, pero también con más confianza para el futuro. Las tenemos, pero no está de más que las reforcemos y modernicemos.
Como otras, las organizaciones empresariales también debemos hacer un esfuerzo por adecuarnos a las nuevas demandas de una sociedad en constante cambio, y estar atentas a la revolución sin precedentes que supone la globalización para un país como el nuestro, que casi siempre se ha tenido que incorporar en marcha a los trenes de la Historia, y desgraciadamente, y en muchas ocasiones, perderlos.
Los nuevos tiempos nos exigen a todos claridad en los objetivos que queremos alcanzar como país. Solo con la altura de miras que requieren coyunturas difíciles como la que atravesamos podremos salir adelante. Lo hemos podido hacer en otras ocasiones. Ahora debemos demostrarnos a nosotros mismos que las instituciones políticas y sociales, y, sobre todo, quienes están al frente de ellas actuarán con el rigor, el realismo, el sentido común y la visión de futuro que España necesita. En definitiva, que seamos capaces de conjugar entre todos razón y responsabilidad.
Arturo Fernández, presidente de CEIM y CEOE.