Desde hace demasiado tiempo tengo la impresión, cada vez más fuerte, de estar escribiendo siempre el mismo artículo de opinión sobre la economía española. Desde al menos la primera mitad de 2007 -cuando estaba prohibido hasta pronunciar públicamente palabras como «crisis» o «recesión»- estamos repitiendo siempre las mismas letanías: las cajas están en quiebra, el mercado de trabajo es dual y paralizado, la financiación autonómica y el gasto de las autonomías son una amenaza para las financias públicas, los salarios y la organización productiva de los empleados públicos deben reducirse, los primeros, y debe ser reformada, la segunda; los servicios se deben liberalizar; es urgente una reforma fiscal (más IVA, menos cotizaciones e IRPF sobre la renta laboral, menos impuestos sobre la renta empresarial, impuesto patrimonial y no sobre transacciones económicas); la universidad no genera capital humano de la calidad necesaria y necesita cambios radicales, etcétera, etcétera, etcétera.
A pesar de todo esto, me encuentro una vez más escribiendo las mismas cosas cinco años después y, aunque sea la primera vez que lo hago para este diario, no es una buena sensación. Todo lo contrario: hacerlo produce, cada vez más, una sensación de inutilidad, pero sobre todo genera una fuerte preocupación para nuestro futuro. La razón es muy sencilla y también repetida muchas veces: para afrontar crisis financieras como la que vive España la rapidez y la globalidad de la intervención son factores determinantes.
El problema de España, hoy, es el crecimiento, no el déficit público: este último es la consecuencia más evidente y peligrosa de la falta de crecimiento que mantiene atada la economía desde hace cinco años. Esta observación no implica, como muchos se creen, que las medidas de austeridad y los recortes sean innecesarios; al contrario, deberían haber sido adoptados mucho antes y hacen falta todavía bastantes más. Pero las medidas que llamamos de «austeridad» solamente sirven para reducir una fiebre (medida por el nivel del spread de nuestra deuda respecto a la alemana) que podría matar al paciente antes que las medicinas pudieran afectar a la verdadera enfermedad. Y la verdadera enfermedad consiste en la falta de crecimiento: nunca llegaremos a un equilibrio presupuestario estable y satisfactorio si el PIB español no vuelve a crecer el 2 o el 3% al año.
La falta de crecimiento se debe, en el corto plazo, a tres factores: el estado comatoso de nuestro sistema financiero; los enormes desincentivos a la inversión y a la creación de empleo generados por nuestro sistema fiscal y de cotizaciones sociales; y la gran incertidumbre sobre las políticas económicas futuras. Este último factor es frecuentemente infravalorado, pero es muy importante y desde el que hace falta empezar. Con una expresión que se ha puesto de moda en los últimos años, repetimos una vez más que España necesita una «hoja de ruta», que esta hoja de ruta sólo la puede diseñar el Gobierno de España en su total autonomía, y debe indicar no solamente las medidas para los próximos meses sino hasta el final de la legislatura y que debe ser exhaustiva y públicamente anunciada.
Lo de la exhaustiva es fundamental por el hecho de que debe ser producto de una decisión gubernamental independiente y también es importante que sea anunciada y debatida por la opinión publica española. Consideren el siguiente hecho: ninguna de las medidas que, hace dos días, anunció el presidente del Gobierno en las Cortes sorprendió a nadie. Y, desafortunadamente, ninguna de estas medidas implica el gran cambio de rumbo que seguimos esperando. De hecho, las más relevantes entre ellas (IVA, cotizaciones, vivienda, subsidio de paro) habían sido auspiciadas por varios expertos desde hace muchos meses y eran «obvias» en el sentido más sencillo de la palabra.
Entonces ¿por qué se ha esperado hasta el último momento útil para adoptarlas dando a todo el mundo la impresión que lo hacemos solamente porque nos fuerzan desde Bruselas, Francfort y Washington? Dicho de otra manera, ¿por qué hemos dado la impresión -o llegado hacer realidad- que España haya sido de hecho «intervenida» si no hacía falta que lo fuera y, además, no queremos ni que esto ocurra ni que tres de cada cuatro artículos de opinión en la prensa nacional e internacional lo den como un hecho? Estos hechos aumentan la incertidumbre y hacen que los potenciales inversores, o bien se escapen o bien se queden esperando momentos más propicios. Y si los inversores no invierten el empleo no sube, el PIB baja y el déficit fiscal resulta imposible de cerrar. Lo que la iniciativa política debe tener la capacidad de hacer es de romper ese circulo vicioso.
¿Qué hacer, entonces? Poner encima de la mesa y forzar un debate público explícito sobre las cuatro reformas más urgentes y fundamentales: financiera, fiscal, de la Seguridad Social y de los servicios. Esta última, en realidad, es tan amplia y abarca tantos sectores (transportes, aeropuertos, comercio y distribución, educación e investigación, sanidad, administraciones públicas) que no voy a entrar en ella para evitar de decir obviedades confusas; habrá que volver sobre el asunto cuando se ofrezca una oportunidad. Las tres primeras, sin embargo, son bastante claras, ya que el análisis y el debate económico sobre estos asuntos llevan años sobre el tapete de forma que se ha llegado a un consenso que, si no es generalizado entre los expertos, es suficientemente amplio para justificar que se muevan ahora las fichas políticas. De hecho, un artículo del profesor Luis Garicano en el blog Nada es Gratis con fecha 11/7, junto a varios artículos precedentes del mismo autor y del profesor Tano Santos aclaran y explican de manera exhaustiva lo que sería útil hacer. Mi impresión es que las medidas allí sugeridas son compartidas por el ministro de Economía y son más o menos las mismas a las que ha llegado el equipo de Cuzco. Lo que falta, creo, es un cierto sentido de urgencia y la decisión de anunciar públicamente estas medidas. Mi deseo es que esto ocurra cuanto antes.
Algo parecido vale para la política fiscal y de la Seguridad Social (que incluye el subsidio de desempleo). Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno sobre estos temas son correctas, pero incompletas y demasiado parciales. Nuestra economía necesita una reforma fiscal radical, sin la cual dudo seriamente de que puedan llegar a España aquellas inversiones que los cinco millones de parados esperan. También aquí existe un consenso entre los economistas que creo es compartido por el ministro de Hacienda y sus expertos: reducir impuestos sobre las rentas y sobre las transacciones económicas, aumentar los impuestos indirectos y patrimoniales y reformar la estructura de la financiación autonómica no son temas para «después» de haber salido de la de la crisis. Son temas para hoy y adoptar estos cambios es crucial para vencer a la recesión. Finalmente: el sistema de pensiones y el subsidio de desempleo son todavía demasiado generosos, para lo que la economía española se puede permitir y, más importante, están diseñados de una manera que incentiva el paro y el trabajo irregular. Debemos tener el coraje de explicárselo a los parados, a los jubilados y a los que se jubilarán: si seguimos con estos sistemas nos haremos mucho daño y, con alta probabilidad, acabaremos hundiendo nuestro sistema de protección social. Reformarlos es la única manera de defenderlos.
España tiene un futuro y puede ser, en el plano económico, un futuro muy brillante. Estamos retrasando su llegada porque, aún después de cinco largos años de crisis, la opinión pública y las élites políticas siguen negando la radicalidad de los cambios necesarios. El problema ya no es económico - en el sentido de la investigación económica - sino que es político y hasta cultural.
Michele Boldrin es profesor de la Washington University in Saint Louis e investigador de Fedea.