En el último año los precios de los cereales y el grano básico han subido más de un 50%. Ahora escuchamos voces de alarma procedentes de las instituciones internacionales cuando anuncian que la escalada afectará directamente a 850 millones de seres humanos que engrosarán el grupo de personas con problemas de desnutrición severa en el mundo.
Será imprescindible una movilización de recursos internacionales que puedan paliar esta situación mediante donaciones y estrategias de ayuda alimentaria a las poblaciones más afectadas. Especial atención ha de recibir la población infantil, que arrastrará consecuencias irreversibles en su desarrollo intelectual y orgánico si sufren desnutrición en las etapas de maduración. Pero el fenómeno del alza de precios no es coyuntural y, aunque provocado por varias causas relacionadas, es de fácil explicación.
Hace años que las políticas internacionales de producción de alimentos optaron por privilegiar un modelo de producción basado en el uso intensivo de tierras y químicos orientado primordialmente a la exportación. Casi dos décadas de ajustes estructurales impuestos en los países del Sur por las instituciones internacionales han combinado la reducción arancelaria y los gastos nacionales para subvencionar y proteger sus producciones con las políticas de apoyo a la industria del agro-negocio y en detrimento de la seguridad alimentaria. Hemos visto crecer descomunalmente los activos de las grandes compañías multinacionales del sector alimentario, al tiempo que los productos locales desaparecían progresivamente de sus mercados y millones de campesinos y campesinas eran expulsados de los circuitos productivos y perdían su medio de vida.
En otras ocasiones hemos alertado de que el 75% de las personas más empobrecidas del planeta, que han de sobrevivir con menos de un dólar diario y que son más de 980 millones, vivían directamente de su trabajo en el sector rural alimentario. Y que éste estaba siendo progresivamente abandonado por las políticas públicas nacionales, maniatadas por acuerdos comerciales alcanzados en el seno de la Organización Mundial de Comercio o producto de acuerdos de libre comercio y asociación, todos ellos dictados y diseñados por los lobby de las multinacionales e impuestos por los gobiernos de los países industrializados.
Las políticas agrícolas y ganaderas de EEUU y la Unión Europea siguen la misma lógica, privilegiando a las grandes compañías y a los modelos de producción intensiva, dirigidos a la exportación, llegando incluso a subvencionarlas para lograr introducir sus productos en los mercados de los países del Sur. A pesar de las reiteradas denuncias que se han realizado contra este tipo de subvenciones que arruinan las oportunidades de producción local, éstas aún se mantienen.
En los últimos años, y amparada en la crisis energética, la comunidad internacional no es capaz de tomar decisiones para detener el despilfarro energético del consumo insostenible, sino que da una vuelta de tuerca más promoviendo y subvencionando a las mismas compañías para que destinen una parte de sus cultivos a la fabricación de combustible. Una vez más, políticas para responder a la demanda desaforada e irracional del consumo de sociedades privilegiadas en lugar de establecer normas orientadas a la satisfacción de necesidades básicas de las personas con equidad y racionalidad.
Y la última de las causas que se unen a esta escalada, aunque no por ello menos importante, es el predominio de las inversiones financieras en el sector agroalimentario. La creciente inversión financiera en títulos y comodities de las grandes empresas han contribuido a elevar los precios finales de sus productos.
La Cumbre de la FAO no puede terminar con una declaración de intenciones y la aprobación de programas humanitarios destinados a contener las revueltas contra el hambre que ya se están produciendo en países muy afectados. De ser así, la comunidad internacional tan sólo habrá sido capaz de acordar que los programas de las instituciones internacionales compren, a precio de oro, la producción excedente que las compañías ya tienen listas para ofrecer, al tiempo que evitan que desciendan los precios en el mercado internacional.
La reunión, que cuenta con representantes del más alto nivel de algunos gobiernos, debe ser el principio de un cambio de políticas internacionales en materia de alimentación, promoviendo el derecho al desarrollo de los pueblos, que empieza por el derecho que los países tienen a proteger sus producciones y sus mercados alimentarios, mucho más respetuosos con el medio ambiente y con las necesidades alimentarias de las poblaciones locales. También en esta ocasión vuelven a ser imprescindibles las políticas fiscales en el mercado financiero global, que puedan gravar las especulaciones financieras.
Ante la actual crisis alimentaria nos preguntamos quiénes son las sociedades que están frotándose las manos y obteniendo ganancias multimillonarias de esta situación y exigimos de nuestros gobiernos medidas inequívocas que penalicen estos negocios y legislaciones que protejan la producción alimentaria mediante la protección del campesinado, los circuitos cortos de comercialización y las necesidades de los mercados locales.
Pablo J. Martínez Osés forma parte de La Alianza Española contra la Pobreza, que aglutina a más de 1.000 entidades en toda España (organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, etcétera) cuyo objetivo es hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice y presione hasta lograr medidas concretas contra la pobreza mundial.