Curiosa medida la adoptada por el juez Garzón al propiciar la celebración del mitin batasuno en Barakaldo. Hay antecedentes históricos de cosas semejantes. En los primeros tiempos de la prensa democrática en España, entre 1840 y 1843, un periódico era prohibido, por ejemplo 'El Peninsular', y al día siguiente salía a la calle con una frase en la cabecera: «Este periódico no es 'El Peninsular'». Batasuna, organización prohibida, luego inexistente en términos de la ley, crea una coalición electoral-disfraz titulada Abertzale Sozialisten Batasuna, cuyo expediente de prohibición se inicia de inmediato, y en consecuencia Garzón prohíbe que en un mitin preelectoral su nombre sea utilizado ni mencionado por los organizadores, habida cuenta de la presunta continuidad respecto de Batasuna. Hasta aquí, todo normal. Sólo que quienes toman la palabra y hablan en nombre de una señora llamada 'izquierda abertzale', al parecer nunca emparentada con Batasuna ni con ETA, son los líderes de la misma Batasuna, la extinta y bien viva, conocidos de todos desde hace tiempo. Prohibida la tapadera, queda autorizada la propaganda de cara a las elecciones de la organización prohibida. La Justicia es ciega, sin duda, y la política democrática queda sumergida en el remolino creado por sus propios gestores.
Nunca ilegalidad alguna recibió mayor dosis de tolerancia, y así no es extraño que Otegi proclame su segura próxima participación en las elecciones, al tiempo que denuncia el 'atentado' que supondría negarles su participación sin máscaras ni límites. Desde ahora, la palabra atentado tendrá que reservarse en el diccionario para designar todo límite puesto por el Estado a la libre acción de un partido asociado al crimen político. Sólo falta que para amenizar la fiesta ETA realice una 'ekintza' ingenua, para nada un 'atentado', de esas que sólo por inadvertencia provocan lo que algunos publicistas llaman 'muertes colaterales', como lógica protesta contra los injustificados retrasos que está sufriendo el 'proceso de paz'. Zapatero tendría entonces que agudizar su habitual ingenio, cargando las culpas sobre el PP, y dejando de nuevo en manos de Eguiguren y compañía el encargo de los contactos en la oscuridad.
Estamos ante la hora de la verdad. Me encuentro entre quienes pensaron que las soluciones dadas a la huelga de hambre mantenida por De Juana Chaos y al procesamiento de Otegi valían la pena, ya que en definitiva eran cuestiones secundarias respecto del problema central, que Batasuna creara las condiciones para ser legalizada al romper con el terror, y no era momento de crear falsos mártires que sirvieran de referencia para la agitación. Además, si bien la ley no exigía tales actos de conmiseración, los hacía posibles. De manera que incluso si no producían el efecto deseado a corto plazo, eran útiles para mostrar que el Estado de Derecho podía ser flexible y generoso dentro de la ley. Ahora bien, todo podía y puede derrumbarse si tales resoluciones se inscriben en un proceso de erosión de la legalidad vigente, puesto en marcha por el propio Gobierno con la idea de que así los etarras se ablandarán, si ETA se obstina en la práctica del terror y Batasuna en actuar como su fiel lacayo. Por eso, la insistencia de Otegi en la territorialidad y la autodeterminación, después del respiro de la 'autonomía de transición' planteada en Iruña, hace temer lo peor, en cualquiera de sus dos formas, un regreso en toda regla del terror a cargo de sus patrones de ETA, al tiempo que Batasuna exige la entrada del Gobierno en una vía de concesiones. Una vez descartado que Batasuna rompa de manera clara el cordón umbilical con ETA, lo que ocurra con la legalización de cara a las elecciones, sea el mantenimiento de la ley (y con ello la prohibición de participar al brazo político de ETA) o sea la legalización abierta o enmascarada de las candidaturas batasunas, constituye una piedra de toque fundamental para entender el futuro. La irracionalidad aquí y ahora de la segunda opción resulta evidente ante las noticias sobre la reconstrucción abortada del 'comando Donosti' y sobre los preparativos de tres coches-bomba cargados con ciento setenta kilos de explosivo.
De haber elegido Zapatero esta vía, lo más probable es que la maniobra de encubrimiento consistiera en dar por bueno que el grupo de Otegi renunciase por el momento a exhibir las siglas de Batasuna, al modo de lo ocurrido en el mitin, añadiendo una profesión de fe en los valores de la democracia para resolver el 'conflicto vasco', como si ya no se hubiera llamado Alternativa Democrática la propuesta de ETA a mediados de los noventa, en medio de una cosecha de sangre. Entre tanto, ETA tendría libertad de acción, confiando en su benevolencia, mientras el Ejecutivo cerraba los ojos ante la realidad al aceptar la falacia de que ETA es una cosa y Batasuna otra. En la ulterior negociación, tras recuperar la izquierda abertzale su presencia en las instituciones, con el consiguiente incremento de los recursos de todo tipo, la cadena de concesiones podría seguir. Tal sería la pauta de comportamiento de ZP para presentarse ante la Historia como el político que culminó el proceso de paz. Sin pensar en el precio político, claro. Adaptando una vieja fórmula de Maurice Duverger, el constitucionalismo vasco queda aplastado; el nacionalismo radical, y en particular el vinculado a ETA, triunfa.
No parece además que ETA vaya a tener la paciencia de esperar, ni siquiera ante la previsión de que Zapatero siga dispuesto a ceder y ceder. Como le sucediera al PNV hace una década, la historia se ajusta al cuento de Kipling sobre la señora de Riga que se fue a pasear a lomos de un tigre, y el paseo terminó con la señora dentro y una sonrisa en la boca del tigre.
Claro que también es el momento de que Zapatero haga balance, explique lo ocurrido a españoles y vascos, las causas de su error al insistir en una misión imposible, y proceda a aplicar la ley. Creo que la opinión pública lo entendería, pero también cuenta que nuestro presidente es como esos jugadores opuestos a reconocer que han perdido. Acabar con el terror merecía una apuesta arriesgada. No tiene sentido en cambio empecinarse en prolongar una partida cada vez más costosa, fingiendo ignorar que esa 'derrota de ETA' que sus plumas de servicio proclaman callando sus causas políticas (el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, sobre el acuerdo PP-PSOE) deja de serlo si Batasuna regresa a la escena legal con ETA a sus espaldas. Sin embargo, los hechos son tan duros que de momento no le queda a ZP otra opción que el ejercicio de la firmeza, con las consecuencias que todos conocemos y sin que quepa esperar del presidente la imprescindible explicación de lo sucedido al otro lado del espejo.
Antonio Elorza, catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense.