Hace unos días el ministro de Fomento, José Blanco, fue a Londres en una misión extraordinaria, para ofrecer casas a precios económicos para el público británico. Es la primera vez en la historia que un ministro de Gobierno se convierte en un agente de la propiedad inmobiliaria, evidentemente un acto de desesperación de alguien que ha demostrado no poder ofrecer soluciones a un público al que se supone debería servir. Probablemente el peor legado que un Gobierno puede transmitir a su pueblo sea dejarle sin trabajo. Pues bien, la actual Administración será recordada por su nivel de desempleo de casi cinco millones de personas, la cifra más alta de Europa y la proporción más alta de cualquier país occidental. Sin embargo, el desempleo no ha sido el único logro desastroso del Gobierno actual, que ha logrado también, bajo la égida de Blanco, el nivel más alto de personas sin hogar jamás conocido en la España democrática.
Parte de este desastre de la vivienda ha sido el colapso de la industria de la construcción. Mas de 600.000 casas acabadas sin vender, 300.000 en construcción, 400.000 con las obras paradas, que dibujan una perspectiva desoladora del mapa inmobiliario, sin hablar de bloques desocupados y urbanizaciones vacías. En la España de Zapatero, ocho millones y medio de personas viven en situación de pobreza, una proporción que supera a la media de la Unión Europea. Y una gran proporción de ellos no tiene ni tan solo una casa. Los sin techo han llegado a ser una de los legados más nefastos del así llamado socialismo del partido en el poder.
¿Dónde han ido todas las casas? Han pasado a manos de los bancos. Según publicó una agencia el año pasado: «2010 pasará a la historia como el año en el que se ha producido un número récord de procesos judiciales para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria». Hay quizás más de 300.000 hogares a los que el banco o las cajas de ahorros les han ejecutado la hipoteca a través de un proceso judicial que, en la gran mayoría de los casos, no ha servido a los deudores para quedar en paz con la entidad financiera. Son cientos de miles los hogares que han perdido su sueño y se han convertido en familias sin casa, y todavía peor, endeudadas de por vida con el banco.
Pero eso es sólo el pasado. ¿Qué hay del futuro? Más de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años, según calcula la Asociación de Afectados por los Embargos y Subastas (AFES) a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El estudio de AFES estima que las entidades financieras pondrán a la venta cerca del medio millón de viviendas, cuyo origen se debe a los créditos hipotecarios fallidos que se otorgaron durante el periodo 2004-2007. Cientos de miles de familias más en España están en peligro de perder su vivienda, según un informe de Amnistía Internacional.
¿Qué han hecho el Gobierno y los bancos con todas estas casas y pisos embargados? En un país verdaderamente socialista, en un país realmente cristiano, el Gobierno y los bancos intentarían remediar la miseria social con políticas encaminadas a devolver las casas a la gente que las perdió, y reformarían las escandalosas leyes sobre hipotecas. En cambio, el Gobierno no se ha apresurado a devolver las casas a sus propietarios, sino que en su lugar las ofrece a otras personas, con la esperanza de obtener más beneficios para un Tesoro en bancarrota y llenar aún más los bolsillos de los bancos. Tal vez el acto más vergonzoso del Gobierno a este respecto haya sido el intento de vender el stock de viviendas vacías a personas de fuera de España.
José Blanco tiene la intención de recorrer Europa ofreciendo casas españolas a buen precio a extranjeros. Según la Secretaría de Estado de la Vivienda, la expedición internacional estará dividida en dos fases. La primera se centrará en mejorar la imagen, ya muy dañada, del mercado inmobiliario nacional y reforzar la marca España, y será la segunda la que tendrá un perfil más comercial. La primera parada de Blanco fue Londres, donde trató de vender sus productos a un público incrédulo. El ministro fue recibido con sarcasmo por la prensa británica, y el periódico The Guardian denomina la visita de «insulto». No cabe duda de que la prensa francesa y alemana le recibirán con la misma hostilidad, a juzgar por la reacción de franceses y alemanes que actualmente viven en España y han sido víctimas de la corrupción política de los últimos años. «Ein Skandal en der EU», escribió un periodista alemán, al enterarse de la pretendida visita.
La visita a Londres era obviamente importante. Con 13 millones de turistas al año y 850.000 de sus ciudadanos residiendo en España, el Reino Unido es el principal inversor extranjero en el sector de la vivienda en España. En 2009, los británicos representaban el 32% de los compradores extranjeros de propiedad en España. Pero la visita del ministro fue un desastre, sobre todo porque no habla ni comprende el inglés. Trató de hacer hincapié en las medidas que se han tomado para reforzar la seguridad jurídica de las transacciones en el sector, un punto especialmente polémico en Reino Unido. Pero cuando alguien le preguntó sobre los británicos que han sufrido de la corrupción de la propiedad en España, descartó el asunto por ser «anecdótico». No es una palabra que agradaría a los cientos de residentes británicos en España que han sido atrapados por la ilegalidad y la corrupción y han perdido los ahorros de su vida junto con sus casas. ¿Cómo puede el ministro esperar que el público británico crea que el Gobierno de pronto prestará atención a una situación jurídica que se ha negado a tratar durante tantos años?
En toda España y especialmente a lo largo de su costa, miles de residentes -españoles, británicos, franceses, alemanes y muchos otros- se enfrentan a un futuro sombrío, con sus hogares confiscados, y condenados a una vida de pobreza. Mientras tanto, los bancos que poseen sus casas son cada día más ricos con activos inmobiliarios (el Banco de España recientemente calculó que la propiedad embargada en manos de los bancos españoles y cajas tiene un valor de 180.000 millones de euros). Las leyes hipotecarias en España son excesivamente duras en comparación con otros países europeos, por no hablar de los EEUU, donde los deudores de hipoteca pueden liquidar su deuda devolviendo la casa al banco. En España los bancos insisten en que los acreedores hipotecarios deben no sólo perder sus casas sino además seguir pagando el crédito. Mientras los que han perdido sus casas sufren, el Banco Santander esta semana anuncia felizmente un bonus de 330 millones de euros para 250 de sus directivos. ¿Alguien más que yo piensa que los delincuentes no son aquellos que han perdido sus casas?
¡No tiene sentido ir a Londres, Sr. Blanco! El problema está aquí en España. Antes de ir a Londres, usted debería examinar la situación actual de los británicos residentes en España. Aparte de la ilegalidad y la corrupción que han sufrido durante años en España, ahora están sufriendo el colapso del mercado inmobiliario y no pueden vender sus casas. Muchos de ellos viven de las pensiones, y el valor de la pensión británica también se ha derrumbado, a medida que se ha reducido el valor de la libra esterlina frente al euro. Miles de ellos están tratando de vender la casa de sus sueños y regresar a su país, pero no pueden hacerlo.
En lugar de perder tiempo y dinero público viajando al Reino Unido, Blanco debería quedarse en España y tratar de reformar las leyes de la hipoteca, a fin de que las casas españolas sean asequibles para las personas que viven en la península. El problema se encuentra en España, no en Londres, y un buen Gobierno debería buscar la respuesta aquí y no ir pidiendo por las calles en el extranjero. «Las empresas y familias en quiebra alcanzan un nuevo récord», es el titular en un periódico español que normalmente apoya al Gobierno. Pero quizás el ministro está demasiado ocupado viajando y no tiene tiempo para esas noticias «anecdóticas».
Por Henry Kamen, historiador británico. Su último libro es Poder y gloria. Los héroes de la España imperial, Espasa, 2010.