El mes pasado, Argentina cayó en impago técnico de su deuda externa tras un periodo de gracia de 30 días para sus pagos de intereses más recientes. De más está decir que los impagos de deuda soberana se traducen en enormes costes sociales y económicos. El que Argentina se libre de lo peor de ellos ahora pende de manera crucial de las actuales negociaciones entre su gobierno y los acreedores privados.
No todos los países estaban en situación similar para enfrentar la crisis del COVID-19. Argentina sufría un importante problema de sostenibilidad de su deuda mucho antes de que llegara la pandemia. Hasta el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, señalando en febrero que “el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las grandes necesidades de fondos a niveles consistentes con un riesgo de refinanciación manejable y un crecimiento potencial satisfactorio no es factible ni en lo económico ni en lo político.”
Esa declaración fue hecha antes de que la COVID-19 se convirtiera en pandemia y generara una recesión global. Desde entonces, la contingencia ha empeorado las ya prolongadas cuitas argentinas, en especial porque está quedando cada vez más claro que la recesión será más profunda, y la recuperación más compleja, de lo que se esperaba al comienzo.
Para agravar las cosas, a lo largo de las negociaciones de reestructuración de la deuda –iniciadas por Argentina para lograr que su deuda llegue a un nivel más manejable- los acreedores se han plantado en sus posturas y han actuado como si no hubiera una pandemia. El impago del país es el resultado previsible de tal obstruccionismo.
Ya sea que los acreedores privados de Argentina estén desplegando una táctica de negociación o simplemente sean obstinados, solo cabe esperar que recuperen pronto el sentido común. El supuesto de que el país podría pagar más si se lo somete a presión es poco razonable (por decirlo de manera suave), especialmente en el contexto de una inminente recesión mundial.
Como resultado de la crisis del COVID-19, los ingresos por exportaciones y el PIB de Argentina han disminuido radicalmente. Y, sin embargo, en lugar de reconocer esta dura realidad económica que viene por añadidura a las limitaciones impuestas por el FMI que el país ya enfrentaba, sus acreedores han preferido la vía complicada. En vez de buscar soluciones han lanzado una campaña de descrédito, llamando innecesariamente la atención sobre el hecho de que este sería el noveno impago argentino, como si las actuales condiciones no fueran diferentes a las del pasado. Argumentan que la crisis del COVID-19 es apenas otra excusa oportuna para que Argentina no pague sus deudas, implicando que el gobierno no estaba negociando de buena fe.
Pero Argentina basó su ofrecimiento de reestructuración en el análisis de sostenibilidad de la deuda del propio FMI y, en esencia, había aceptado mantener sus obligaciones de pago a los máximos niveles que se pudieran seguir considerando factibles. El punto era hacer que la deuda fuera más sostenible para reducir el riesgo de impago y de refinanciación de los bonos reestructurados, con lo que disminuiría el recargo a la tasa de interés que los inversionistas exigirían como compensación por el riesgo. En su última propuesta, los pagos de Argentina se reprogramarían para permitirle superar la crisis del COVID-19. Al retrasar los pagos, su economía tendría mayores oportunidades de recuperación, de hecho, facilitando el que la deuda fuera pagada.
Pero parece que esta estrategia no fue del agrado de los acreedores privados de Argentina. Algunos de los principales tenedores de bonos, en especial BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo, se han negado a aceptar un alivio de la deuda así, que consideran demasiado generoso. Pero al evaluar el coste del alivio solicitado, los acreedores de Argentina están aplicado una tasa de descuento del 10%, la que es sencillamente demasiado alta en el contexto actual.
Después de todo, las tasas de interés han ido bajando notablemente en todo el planeta, en parte debido a los enormes esfuerzos de alivio económico en los Estados Unidos, Europa y China, donde los bancos centrales están ampliando sus balances en una escala masiva. Algunas economías avanzadas se están endeudando incluso con tasas de interés negativas y las tasas de interés en los mercados emergentes han bajado hasta alrededor del 5% para deudas con calificación BBB y un 8% para deuda B.
Con una tasa de descuento menor (cercana al 5%) la contrapropuesta de los acreedores parece extremadamente tacaña y va mucho más allá de lo sostenible. En la práctica, solo aceptan una ínfima reducción del valor con descuento actual de la deuda argentina. Pero la oferta del propio país, que usa una tasa de descuento del 5% en el límite de lo que es sostenible, en realidad se traduce en un nivel de alivio que los mismos acreedores han dicho que podrían considerar.
Se debería aceptar la propuesta de Argentina. No son tiempos para contar los céntimos y los costes reputacionales de causar dificultades económicas innecesarias no compensan las pequeñas concesiones que todavía se pudieran exprimir del país.
Patrick Bolton is Professor of Economics at Columbia University and Visiting Professor at Imperial College London. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.