El caso del libre mercado contra la competencia fiscal

La carrera global por recortar las tasas de los impuestos corporativos se aceleró en 2018. Según la última revisión anual de la OCDE sobre las políticas fiscales en las economías desarrolladas, la tasa promedio de tributación sobre las ganancias corporativas ha caído del 32,5% en 2000 a menos del 24% hoy.

Esta tendencia es entendible. En un momento en que la inversión del sector privado se mantiene tenazmente débil, los gobiernos están desesperados por aferrarse a cualquier tajada del pastel que puedan conseguir. Es mejor gravar ligeramente a las empresas y mantenerlas en la propia jurisdicción que renunciar por completo a esa ganancia.

Después de todo, en igualdad de condiciones, las empresas que están considerando construir una nueva fábrica u otra instalación se sentirán atraídas a aquellos países que tengan un régimen impositivo más favorable. De la misma manera, las empresas que enfrentan un impuesto corporativo más elevado en un país pueden decidir trasladar sus operaciones a otra parte. O, en lugar de transferir personal y alterar las cadenas de suministro, pueden encontrar la manera de registrar ganancias en una jurisdicción con impuestos más bajos -por lo general, trasladando allí algunas funciones de la casa matriz.

Para muchos liberales económicos y conservadores tradicionales, esta “competencia fiscal” es buena, porque se supone que menores impuestos despertarán a las fuerzas de mercado, fomentando así la innovación y el crecimiento. Es más, los defensores de esta postura piensan que los gobiernos, por empezar, no deberían gravar a las empresas. Como un impuesto a las ganancias de las sociedades reduce la cantidad de dinero que una empresa tiene para invertir o aumentar los salarios, lo consideran un impuesto que pesa sobre los empleados de la empresa más que sobre sus dueños.

Sin embargo, la competencia fiscal debería preocupar a los liberales económicos. No sólo fortalece las tendencias monopólicas y erosiona la competencia justa y transparente entre las empresas; también priva a los gobiernos del dinero que necesitan para sustentar los bienes públicos -educación, atención médica, infraestructura, el régimen de derecho- del que dependen las empresas. Y existe poca evidencia de que la carga del impuesto corporativo en verdad recaiga sobre los empleados en lugar de sobre el capital. La Oficina de Presupuesto del Congreso y el Instituto de Tributación y Política Económica de Estados Unidos, dos organismos no partidarios, entre otros, han demostrado claramente que más del 80% del impacto de la tributación corporativa recae sobre los accionistas, no sobre los trabajadores.

Aun así, los liberales de mercado dirían que los impuestos corporativos “distorsionan” el comportamiento y dificultan la creación de riqueza. Pero esto, en el mejor de los casos, es simplista. Por empezar, la competencia fiscal entre jurisdicciones es bastante diferente de la competencia entre empresas en el mercado. Cuando los gobiernos intentan atraer inversión con subsidios, vacaciones fiscales, exenciones especiales y esquemas de depreciación acelerada, crean distorsiones que minan la ventaja corporativa. Las empresas estarán más dedicadas a pelear por los mejores incentivos financieros que a invertir en áreas con las más altas alzas potenciales de productividad, y el dinamismo económico sufrirá en consecuencia.

Es más, la competencia fiscal impulsa la concentración y monopolización del mercado, porque inclina el campo de juego en favor de las corporaciones multinacionales establecidas, y en contra de los potenciales competidores más pequeños. Las firmas más grandes tienen los recursos para explotar paraísos fiscales para reparto de utilidades y evasión impositiva, mientras que las pequeñas y medianas empresas por lo general no. No sorprende que las multinacionales hayan logrado reducir sus cargas impositivas a un ritmo mucho más rápido que las firmas más pequeñas en los últimos años.

La competencia fiscal alienta un uso indebido de los bienes públicos, a la vez que erosiona la capacidad de los gobiernos para ofrecer esos bienes. Al igual que los individuos, las empresas no son totalmente responsables de su propio éxito. No serían nada si no tuvieran acceso a una fuerza laboral saludable e instruida, a infraestructura pública y a sistemas legales que ejecuten contratos, patentes y propiedad intelectual.

En verdad, el gasto gubernamental en bienes públicos probablemente sea más eficiente desde un punto de vista económico que la reducción de impuestos. Las corporaciones ya están sentadas sobre un excedente de efectivo considerable; pero, en lugar de invertir en trabajadores, equipos o investigación y desarrollo, han estado recomprando sus propias acciones. En Estados Unidos, esta práctica se ha acelerado después de la implementación de recortes del impuesto corporativo en diciembre de 2017.

Para concluir, las ganancias de las empresas a veces surgen de la búsqueda de rentas y otras actividades sin valor que, sin duda, deberían ser gravadas. Hay motivos para dudar de que una gran cantidad de actividad comercial -apuestas, venta y publicidad de alcohol, especulación financiera y demás- genere algún beneficio económico neto. En el mejor de los casos, muchas corporaciones se están beneficiando con actividades “distributivas” que extraen riqueza existente de la economía. Pero inclusive aquellas que sí crean valor real al ofrecer bienes y servicios nuevos o mejorados siguen beneficiando solamente a un subconjunto de la sociedad. En cualquier caso, estas empresas deberían ser gravadas para pagar por los bienes públicos.

En definitiva, los gobiernos tendrán que armonizar los elementos de sus sistemas tributarios si quieren adelantarse a estas tendencias económicamente destructivas. Un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos podría abrir el camino para un régimen impositivo internacional más amplio. Pero en un momento en que las relaciones transatlánticas están en su punto más bajo en décadas, la perspectiva de que eso suceda en lo inmediato es remota. Mientras tanto, la competencia fiscal seguirá erosionando la competencia de mercado, despojando al mismo tiempo a los gobiernos del dinero necesario para invertir en los bienes públicos necesarios para garantizar la rentabilidad de las empresas en el largo plazo.

Simon Tilford is Chief Economist at the Institute for Global Change.

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