En Suiza le dan el delicado nombre de “los mil millones de la cohesión”. Es un nutrido paquete, del orden de mil millones de euros durante 10 años, destinado a los 13 últimos Estados adheridos a la Unión Europea. El objetivo es financiar “proyectos concretos y de calidad” en esos países, con el fin de atenuar las disparidades económicas y sociales. Suiza colabora en él desde 2007. Considera que este gesto es su “contribución a una Europa segura, estable, próspera y democrática”. Es también y sobre todo una manera de cuidar sus relaciones con ese gran vecino y socio económico indispensable que es la UE.
Por ejemplo, Rumanía y Bulgaria han recibido respectivamente 181 y 79 millones de francos en 10 años. Eso ha permitido que más de 70.000 miembros de la comunidad gitana tengan mejor acceso a la educación y a la sanidad en ambos países. En Rumanía ha sido posible mejorar el balance energético de cuatro áreas metropolitanas gracias a la renovación de los centros escolares, la instalación de sistemas de iluminación eficientes y la puesta en marcha de autobuses eléctricos.
La lista es extensa. A través de 249 proyectos y participaciones en fondos específicos, Suiza ha hecho una aportación de 1.200 millones de francos bajo el epígrafe “Contribución a la UE ampliada”. El Gobierno suizo se muestra satisfecho de que esta política de ayuda dirigida haya permitido ya la creación de 8.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, aparte de unas cuantas operaciones que continúan en Croacia, el grifo de las subvenciones ha dejado de manar. Los mil millones de la cohesión han pasado a ser de la discordia y se han convertido en el centro del pulso diplomático entre Berna y Bruselas.
Para entenderlo hay que recordar que, desde hace más de 20 años, Suiza mantiene una estrecha y valiosa relación bilateral con Europa. Ha negociado decenas de acuerdos sectoriales y tratados que le permiten mantener una relación privilegiada con los 27 en el plano económico, político, científico y cultural. Sin embargo, la ecuación se ha complicado desde hace unos años. Para consolidar y perpetuar el mutuo acceso a los mercados, Suiza y la UE están negociando desde 2014 un ambicioso acuerdo institucional. Pero el borrador dado a conocer el año pasado no satisface demasiado a los suizos. Tropieza en varias cuestiones fundamentales: la protección de los salarios, las ayudas estatales, la potestad del Tribunal Europeo de Justicia para resolver litigios y el acceso de los ciudadanos europeos a las ayudas sociales otorgadas en Suiza.
Berna ha pedido aclaraciones pero seguramente no bastarán para disipar las dudas. El mundo político, la patronal y los sindicatos exigen que se reanuden las negociaciones. Pero Bruselas excluye esa posibilidad: el precio de entrar en el mercado único tiene que ser la adopción de las normas de la UE. De modo que el futuro de este acuerdo marco parece más bien en peligro.
En este tenso contexto, a finales de 2019, el Parlamento Federal suizo debatió sobre su nueva contribución solidaria. La izquierda se mostró favorable y la derecha conservadora la rechazó en bloque. Por consiguiente, como ocurre tan a menudo en Suiza, la decisión se tomó en el centro del tablero político. La mayoría de los legisladores aprobó el desembolso de 1.300 millones a los 13 países destinatarios, pero con una condición: que no hubiera ninguna medida discriminatoria por parte de la UE. Una cláusula dictada por un recuerdo doloroso: Bruselas acababa de suprimir la equivalencia bursátil de la que disfrutaba Suiza como reacción a la actitud de espera de Berna sobre el acuerdo institucional.
El desafío no es nada teórico. El estancamiento actual de las discusiones sobre el texto permite que aparezcan otras amenazas. Por ejemplo, a los fabricantes suizos de dispositivos médicos les preocupa que ya no puedan exportar sus productos a los países de la Unión Europea tan fácilmente como hasta ahora si el año que viene no se recupera el reconocimiento mutuo de las normas técnicas. En tal caso, nada de mil millones de cohesión.
Con esta subvención condicional, por tanto, Suiza intenta dotarse de una palanca para negociar, pero sabe bien lo frágil que es frente al poder europeo. Es evidente que el futuro de sus relaciones con la UE depende mucho más de hasta qué punto estén dispuestas las autoridades de Bruselas a desbloquear la situación.
Patrick Monay es jefe de nacional de La Tribune de Genève. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. © Lena (Leading European Newspaper Alliance)