Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 12/05/05):
El debate sobre la financiación de la Generalitat ha enrarecido el ambiente, tanto en Catalunya comoe n el resto de España. Lo peligroso es que, más allá del ámbito de la política, la disputa se ha ido extendiendo al ciudadano medio, al hombre de la calle común y corriente, pudiendo llegar a enfrentar a catalanes con españoles.
En esta disputa, las posiciones son, como pasa siempre, irracionales y maniqueas. Por un lado, una buena parte de los catalanes están absolutamente convencidos de dos cosas: primera, que la muy evidente falta de inversiones públicas en Catalunya se debe a una mala financiación de la Generalitat, y, segunda, que los catalanes pagan más impuestos que el resto de los españoles y, a cambio, ingresan proporcionalmente menos fondos públicos que las demás comunidades autónomas. Por el otro lado, una buena parte de los españoles piensa, primero, que los catalanes quieren pagar menos impuestos y buscan privilegios porque son ricos, y, segundo, que pretenden gastar los impuestos que pagan sólo en su propio beneficio.
El lío, pues, está armado y bien armado. Aquí no juegan ya los etéreos sentimientos de nación y de patria, en los que sólo creen algunos, más o menos fanatizados. Aquí la disputa es sobre algo tangible y material: los recursos públicos, lo que pagamos a Hacienda, lo que recibimos de lo que pagamos. En definitiva, se trata de dinero. ¡Este lenguaje lo entienden todos! Cuando en las disputas territoriales se esconde un trasfondo económico, ¡cuidado, gran cuidado! Estamos jugando con fuego. ¿De quién ha sido la culpa? De quien ha echado las cartas y ha empezado el juego: del Gobierno de la Generalitat. La presentación de su propuesta no podía ser más desafortunada. En síntesis, lo que se daba a entender era lo siguiente: primero, necesitamos más dinero y exigimos un trato especial; segundo, este trato especial ya lo tienen el País Vasco y Navarra, lo cual es una injusticia; tercero, sin embargo, nosotros queremos el mismo trato especial: ingresar más porque somos más ricos. Esto es lo que deducía un ciudadano medio del barullo generado en complejas y confusas declaraciones cruzadas. Los debates en la radio y en la televisión lo acababan de complicar: suspenso al tripartito en pedagogía política.
¿Por qué en Catalunya este mal planteamiento ha tenido tanto eco? Patronales y sindicatos suelen ser sumisos al poder, sea cual sea. Pero, ¿por qué una parte considerable de la opinión pública se ha mostrado favorable a la propuesta del Govern? Porque el terreno estaba abonado: hay cierta parte de verdad, perceptible por cualquiera, en la reclamación catalana. El ejemplo más claro son las grandes infraestructuras, en concreto, las carreteras y los ferrocarriles. Cada día, cientos de miles de catalanes son víctimas de las malas comunicaciones, de los atascos y de los peajes. Hay conciencia de todo ello: de que el AVE no llega, de la insuficiencia de las redes de cercanías -tren o carretera- del área de Barcelona, de las malas o nulas comunicaciones ferroviarias de las ciudades del interior de Catalunya. Todo muy cierto y visible.
Pero todo ello no se debe sólo ni fundamentalmente a una insuficiente financiación de la Generalitat: el problema es más complejo. Veamos. No se debe confundir Catalunya con la Generalitat. Catalunya es un territorio y unos habitantes y la Generalitat es su institución de autogobierno, pero no el único poder que ejerce competencias en su ámbito. Catalunya, pues, está financiada desde los diversos poderes públicos que ejercen competencias en ella: Generalitat, Estado, municipios y diputaciones, Unión Europea. La Generalitat es hoy en día su principal fuente de financiación, pero también son importantes los demás poderes, especialmente el Estado.
Por tanto, la financiación de la Generalitat es una cosa y la financiación de Catalunya, otra. La responsabilidad de los déficit hay que imputarla al poder competente. Si hay déficit en enseñanza, la responsabilidad es de la Generalitat; si no se ha construido una autovía paralela a la costa, desde La Jonquera hasta la provincia de Castellón, la responsabilidad hay que imputarla al Estado. Sin negar que en un Estado federal moderno, como es el nuestro, el diálogo institucional entre las dos instancias es obligado y nadie puede sentirse completamente al margen de lo que hace el otro. Por tanto, además de una presentación pública fatal, el Gobierno catalán ha errado en el diagnóstico: los principales problemas de las insuficientes inversiones en Catalunya no están en una mala financiación de la Generalitat, sino en las escasas inversiones en grandes obras públicas del Estado. Ahí es donde hay que pedirle responsabilidades, sin olvidar que, en muchos casos (la autovía Lleida-Barcelona, el AVE, el cuarto cinturón, entre otros), los retrasos en la inversión han sido causados por las instituciones catalanas.
Ahora bien, lo que no puede pretender el Gobierno de la Generalitat es tener un sistema de financiación especial, al margen del sistema general. No hay motivos razonables para ello. El sistema general debe considerar que la sanidad o la enseñanza, para poner dos ejemplos claros, deben dar unas prestaciones medias iguales en Catalunya que en el resto de España. Otra cosa es que la Generalitat, en uso de sus atribuciones, decida subir determinados impuestos para mejorarlas u optar por dedicar un mayor volumen de sus ingresos a estos gastos. Si esto hiciera, estaría ejerciendo su autonomía, que es de lo que se trata.