Ahora empezamos a ver la luz al final del túnel este año 2014 después de que en los años anteriores nuestros políticos confundieran repetidamente la salida del túnel con las luces de un tren que venía en dirección contraria y, en una muestra de galopante daltonismo, hierbajos resecados con brotes verdes. Hace ya casi siete años del estallido de la crisis de las hipotecas subprime en agosto del 2007. La crisis fue negada con vehemencia durante mucho tiempo en España, prácticamente hasta el fatídico mes de mayo del 2010, cuando el presidente Zapatero, a instancias internacionales, tuvo que admitir la magnitud de la tragedia y empezar el ajuste de la economía. Hasta este momento, naturalmente, no había necesidad de hacer reformas en España puesto que el país gozaba de unas instituciones del mercado laboral óptimas, el mejor sistema bancario del mundo, un sistema de tren de alta velocidad con más kilómetros que en los más avanzados países europeos y un Estado de bienestar que podía hacer frente a cualquier crisis y que permitía visibles gestos de generosidad.
Cuando en el 2008 y el 2009 insistía en la necesidad de reformas de calado en la economía española, para aumentar su competitividad y dar una señal de solvencia a los mercados internacionales, siempre obtenía por respuesta que la sugerencia era ingenua puesto que no era políticamente viable. La crisis de la deuda griega hizo inevitable que se iniciara un ciclo de reformas. Nuestra política económica había sido temeraria, y se impuso la realidad mediante la intervención de la UE y de los mercados financieros internacionales. Estábamos en el túnel y las reformas podían ayudar a que saliéramos de él o bien, en términos un tanto más cínicos, eran el requisito de los únicos que nos podían ayudar, UE, BCE y FMI. Se inició entonces la reforma del mercado de trabajo y, más recientemente, se ha abordado la de las pensiones para afrontar los retos del envejecimiento de la población, los cambios en la esperanza de vida y los moderados aumentos previsibles de la productividad en España. La del mercado de trabajo no garantiza eliminar la dualidad entre trabajadores protegidos y desprotegidos (temporales) y no reforma las políticas activas de empleo.
Otras muchas reformas son necesarias. La de la educación, con la ley Wert, y la de los entes reguladores, con la novedosa fusión de reguladores sectoriales con el de competencia en la nueva Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), se han realizado sin consenso y prometen crear más problemas de los que van a resolver. El sector eléctrico ha sido pésimamente regulado, acumula un déficit insostenible y necesita una reforma integral urgente. Las reformas profundas y duraderas necesitan preparación, rigor y consenso. La sucesión de leyes de educación en España, mientras los resultados de nuestros estudiantes empeoran, no es propia de un país avanzado. La regresión hacia los poderes de los ministerios en detrimento de los reguladores en la nueva CNMC no augura nada bueno. La misma Comisión Europea expresó reticencias al respecto. La administración pública sigue sin reformarse, así como la administración de justicia, por no hablar del sistema impositivo. España es un país en que se recauda poco pese a que los tipos marginales del impuesto de la renta son elevados. Parece que está claro que aumentar la competitividad y el tamaño del sector exportador es crucial para salir de la crisis. Pero las medidas para aumentar la productividad brillan por su ausencia. España está dejando de invertir en investigación con una visión cortoplacista; el esfuerzo en investigación se traduce en aumentos sostenidos de la productividad.
El gran problema es que las reformas, con distintas administraciones, se han llevado a cabo sin convicción e impuestas desde el exterior. Un recorte es una respuesta de corto plazo para intentar cuadrar el objetivo de reducción del déficit. El problema es que el recorte normalmente no reduce el déficit estructural, y este resurge una y otra vez. Una reforma apropiada ataca el problema de fondo. Hacer reformas no es fácil, pero tampoco imposible. Hay países que lo han conseguido. Alemania planteó reformas ambiciosas que aumentaron su competitividad con Schröder. Los ejemplos paradigmáticos son países nórdicos como Finlandia y Suecia, que superaron situaciones de grave crisis con reformas muy profundas. La clave del éxito fue la determinación política y el consenso de la sociedad. Aquí hemos tenido una grave crisis, pero los dos factores anteriores han sido sustituidos por la imposición exterior. Los aumentos de competitividad a costa de un desempleo de más del 25% han representado un camino de reforma brutal y muy problemático para el futuro.
La presión externa europea seguirá, puesto que se está avanzando a trancas y barrancas en la integración europea, con la unión bancaria por ejemplo. La cuestión es que las leves mejoras de la economía y, sobre todo, de la percepción externa de la economía española, junto con la perspectiva de elecciones, pueden relajar los intentos reformistas. Si esto sucede, nos podemos preparar para un estancamiento de largo plazo, la luz al final de túnel se alejará una y otra vez.
Xavier Vives, profesor de Iese Business School.