«La decisión» o fuerza de carácter, según la segunda acepción que para este término recoge el DRAE, es la cualidad por la que el hombre expresa su determinación o resolución ante cualquier cuestión que se presente como dudosa.
Tal cualidad es esencial en la vida de todo ser humano, pero no basta con la determinación sin razón, pues en ese caso nos encontraríamos ante el capricho, sino que es preciso que nuestras acciones, si quieren ser realmente válidas y resolutivas, estén bien fundadas en cuanto a sus razones y argumentos.
Ya nos dijo Maquiavelo que en política –aunque considero que es aplicable a cualquier actividad humana– debemos resolver los problemas a los que nos enfrentemos sin provocar otros problemas más graves.
No ha sido este el espíritu que ha demostrado el sanchismo durante sus cinco años de gobierno, pues de la mayoría de sus decisiones se han derivado problemas generalmente más graves que los que pretendían solucionar.
Y podemos poner como ejemplo las leyes del 'solo sí es sí', que en un mal entendido concepto de defensa de la mujer, ha dado lugar a beneficios penitenciarios a más de 1.000 delincuentes sexuales –hasta el momento– o la de identidad sexual, que consagra, sin rigor práctico alguno, la transexualidad; basta que recordemos al aspirante a policía municipal que se declaró mujer al amparo de esta ley para realizar las pruebas físicas establecidas para las mujeres, menos exigentes que las establecidas para los hombres, en los exámenes de acceso al cuerpo. O finalmente, la derogación de los delitos de sedición y malversación, y la dilución del de prevaricación, que han reforzado la posición de separatistas e independentistas de los que su gobierno depende parlamentariamente.
Todas aquellas medidas son puramente ideológicas y faltas de fundamento y de razón, y ya decía Kierkegaard que la fe comienza donde acaba la razón, lo que traducido al lenguaje político contemporáneo supondría que, en política, allí donde no existe razón de fundamento sólo existe ideología mesiánica.
Pero es que, además, la ocupación por los políticos de izquierdas, con su tendencia totalitaria, de prácticamente todas las instituciones del Estado, les ha llevado al convencimiento de ser los dueños de la nación, y por ello no sólo imponen a sangre y fuego su credo ideológico –siguiendo las consignas populistas de Gramsci, Laclau y Mouffe– sino que tal deseo de apoderarse de la nación y no sólo del Estado, les ha hecho incurrir en los más abyectos escándalos por corrupción, que ni reconocen ni persiguen.
Si hacemos una lista de esas corrupciones, llegaremos a la conclusión de que el PSOE es el partido más corrupto de la Historia de España, aunque gracias al sanchismo veremos como, al final, las hipotéticas responsabilidades se quedan en agua de borrajas: desde el caso EREs de Andalucía y vinculados, –la mayor apropiación indebida de la historia política de España que supera incluso la corrupción y enriquecimiento de Godoy– hasta el reciente caso «Mediador», también llamado «caso Tito Berni».
Y a esa impunidad contribuye la redefinición de los delitos de prevaricación y de malversación, hecha para que los políticos corruptos se amparen en dicha reforma, jugando a ser émulos de Robin Hood, y librándose del reproche penal por haber entregado el dinero defraudado a terceros, que a la hora de la verdad no son más que sus partidos o los miembros de sus tribus políticas.
Según el CIS de Tezanos, todos estos episodios de corrupción y disparates políticos no afectan al crédito electoral de Sánchez, y así se recoge en sus encuestas, pese a que a la hora de la verdad jamás acierta con sus pronósticos.
Sin embargo otros expertos demoscópicos afirman todo lo contrario, y reflejan el retroceso que tanto el PSOE como los distintos grupos de ultraizquierda, sufren en la intención de voto de los españoles, lo que augura una mayoría absoluta alcanzable por la alianza postelectoral, previsiblemente inevitable, del PP y Vox tras las elecciones del 23 de julio, fecha envenenada que, cual escorpión, –según la leyenda rural sin mucho fundamento– acabará consigo mismo, con el mismo sanchismo, al verse agónicamente condenado.
Y mientras Sánchez juega a centrarse, desembarazándose de Podemos dada su mala prensa, se quiere apoyar, para reeditar su Gobierno de coalición social comunista, en Sumar de Yolanda Díaz, la Pasionaria gallega, que es aún más radical en sus planteamientos políticos y económicos que Podemos.
Y como muestra de lo que digo baste un botón, pues ha designado segundo en la lista electoral por ella encabezada, al diplomático Agustín Santos Maraver, hasta ahora embajador de España ante la ONU, que desde su privilegiada posición se ha dedicado –eso si bajo cobarde pseudónimo– a publicar nauseabundos artículos cainitas contra España, su Monarquía y su sistema constitucional de libertades, en el más puro estilo propagandístico del castrismo cubano; sí, ese que tiene a la isla sumida en la miseria, la corrupción y la represión, con reiterados asesinatos y torturas a los disidentes, y que se ha convertido en la central de expansión de las doctrinas comunistas revolucionarias en toda Hispanoamérica.
Y es, en este punto, donde todo lo comentado hasta ahora adquiere su trascendencia, pues el 23 de julio los españoles habrán de tomar una decisión razonada acerca de a quién otorgan su voto en las elecciones generales convocadas, y la razón ha de llevarnos a votar en favor de quien tenga la opción de «derogar el sanchismo» y abrir un futuro de esperanza, no exento de las enormes dificultades que la política de la izquierda ha dejado sembradas, como campo de minas, en el camino hacia ese mejor futuro que todos deseamos.
Por todo ello el voto es esencial en estos momentos y habrá que sustraerse a la pereza de hacerlo en época de vacaciones, confiar en el voto por correo solamente si es imprescindible, y votar con la cabeza fría y no con el corazón caliente, atendiendo a razones y no a meros sentimientos.
Jesús Fernández-Miranda y Lozana es abogado.