En estos días son ya muchos los que, ante la creciente gravedad de la crisis económica, piden unos nuevos Pactos de La Moncloa para superarla. Esa petición ha sido respaldada, además, por diversas organizaciones sociales, por periódicos y revistas -entre ellos, EL MUNDO- e incluso por algunos partidos políticos. Para quienes en 1977 estuvimos en primera línea de aquella aventura, nos impresiona cómo después de tantos años aquellos acontecimientos permanecen tan positivamente valorados en la conciencia colectiva de los españoles.
¿Necesitamos hoy unos nuevos Pactos de La Moncloa? Recordemos que aquéllos consistieron en un compromiso solemne del Gobierno con todas las fuerzas políticas, formulado ante las Cortes y aprobado unánimemente por ellas, para ejecutar un programa de saneamiento y reforma económica en el plazo de dos años, ante la gran magnitud de la crisis que nos afectaba y la sentida necesidad de cambiar el modelo económico de crecimiento, como también ocurre ahora. Sin duda, las circunstancias de nuestro país y su capacidad de resistencia son hoy, afortunadamente, bien distintas a las de 1977; pero también ahora como entonces nos golpea una crisis profunda de consecuencias muy graves y no bien evaluadas, e igualmente la economía española necesita de reformas importantes que exceden de un mero saneamiento coyuntural y de la capacidad de gestión en solitario de cualquier Gobierno.
No resulta descabellada la idea de unos nuevos Pactos que nos ayuden a superar la crisis y, sobre todo que, mediante las reformas adecuadas, sienten las bases para una nueva etapa de prosperidad como la que terminó derivándose de los de 1977. Ni tampoco sorprenderían esos Pactos en una democracia cuando han de afrontarse problemas tan graves y de tanta envergadura. Ejemplos similares se han dado en muchos otros países de nuestro entorno. Pero casi nada de lo necesario para unos nuevos Pactos es ahora igual que entonces. Como estuve presente en los entresijos de los Pactos de La Moncloa, he analizado en estos días las similitudes y diferencias que existen entre ambas situaciones y creo echar en falta, al menos, una decena de requisitos esenciales sin los que, a mi entender, resultaría muy difícil alcanzar unos nuevos Pactos con el éxito de los anteriores.
El primero de esos requisitos es la existencia de un equipo de expertos que haya analizado en profundidad las características de esta crisis, formulando un programa coherente para superarla. En 1977 estaba el llamado Equipo Fuentes Quintana, que, durante los tres años anteriores, había estudiado la crisis, sus repercusiones para la economía española, las soluciones que se aplicaban en otros países y, lo más importante, los ajustes coyunturales y las reformas de fondo que debían instrumentarse en aquellas difíciles y complejas circunstancias.
Hoy un equipo como aquél no parece existir, a la vista de las reiteradas y manidas propuestas del Gobierno que, además de negar otra vez la crisis, han consistido en poco más que en anunciar de nuevo la supresión del impuesto del patrimonio; la transposición de una directiva comunitaria del 2006; la reducción de algunos trámites administrativos -que ya veremos en que quedan, a la vista de las ideas y actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales-; apoyar una vez más a la vivienda oficial y a las pequeñas empresas; devolver 400 euros de impuestos a algunos españoles, arruinando el superávit público; y entregar gratuitamente un par de bombillas de bajo consumo a todos los hogares. Con actuaciones de este calibre y otras aún más sorprendentes sobre corbatas y velocidad de acceso a las ciudades, me temo que tardaremos en resolver nuestros problemas actuales.
El segundo requisito se refiere a la ausencia de una autoridad científica y moral que avale el programa sobre el que tendrían que fundamentarse los nuevos Pactos. Como ocurre casi siempre, ante un determinado problema pueden plantearse diversas soluciones, aunque no todas sean igualmente eficientes. Elegir la más adecuada no suele resultar fácil ni comprensible para todos si no existe alguien con prestigio y autoridad moral que avale la elección. Ese papel y el de dirección del equipo de estudio de la crisis lo desempeñó brillantemente en 1977 el profesor Fuentes Quintana, el más prestigioso y conocido de nuestros economistas del siglo XX.
Además, el programa exigiría de importantes sacrificios, que tendrían que ser igualmente avalados por esa autoridad científica para que se admitiesen por todos. Por eso la tercera circunstancia que debería darse para unos nuevos Pactos es que sus medidas impliquen un reparto equitativo de los costes del ajuste. Sin que eso se perciba con nitidez, no se alcanzará el consenso ni para los ajustes necesarios contra la crisis ni para las reformas que abran un futuro de esperanza a nuestra economía.
La cuarta condición es que el programa mire al futuro y no solo a los problemas del momento. Para despertar interés y suscitar el consenso, ese programa tendría que dibujar un atractivo futuro a largo plazo, una vez superada la crisis. Desde luego ese futuro no podría delimitarse con absoluta precisión, pero se aseguraría razonablemente si las políticas del programa fueran muy coherentes con un sistema de libre competencia y mercado. Por eso, impulsar la economía de mercado, evitar cualquier fragmentación regional de éstos y liberalizar al máximo nuestro sistema económico constituiría la quinta condición necesaria para esos nuevos Pactos.
El programa al que venimos refiriéndonos tendría que ser formulado, además, por escrito y estar cuantificado adecuadamente. No bastaría con lanzar algunas ideas etéreas ni establecer previsiones sin cifras creíbles sobre las que nadie podría confiar. De ahí que en la elaboración de ese programa, escrito y cuantificado, tuvieran también que comprometer su prestigio las instituciones públicas más representativas de la economía española, lo que constituiría el sexto requisito para esos nuevos Pactos.
El séptimo requisito señala que no tiene sentido pretender unos nuevos Pactos sin que el programa de política económica sobre el que se asienten se haya debatido por las fuerzas políticas y sociales, aceptándose las correcciones que éstas sugieran si no afectan sustancialmente a los objetivos, medidas y plazos que le presten coherencia y sentido. El octavo estriba en que el Gobierno se comprometa, formal y solemnemente, a llevar a término, sin dilaciones ni subterfugios, las medidas del programa consensuado bajo un control parlamentario riguroso y periódico. Sin la decisión abierta y franca del Gobierno y sin la vigilancia atenta de las Cortes, poco podrá lograrse.
La novena condición, a mi entender, es la de comunicar a los ciudadanos, resuelta y sinceramente, la gravedad de la situación por la que atravesamos. Utilizar la semántica para ocultar lo que todos de sobra conocemos o recurrir a frases cabalísticas de los segundos o terceros niveles del Gobierno para rectificar las erróneas y triunfalistas manifestaciones de quienes integran su cúspide, socava la confianza en ese Gobierno e imposibilita recabar el apoyo de todos los ciudadanos para las duras medidas que habrán de aplicarse.
Por eso la décima y última condición para los Pactos es que hay que solicitar a todos los españoles que colaboren abiertamente con la política económica aprobada. Sin el convencimiento de los ciudadanos de que estamos ante una difícil situación que podrá resolverse, pero cuya solución exigirá del sacrificio y el compromiso de todos, poco podrá hacerse para salir con éxito de esta profunda crisis.
Si todos esos requisitos se cumpliesen, quizás pudieran alcanzarse unos nuevos Pactos similares a los de 1977. Al instrumentar un programa coherente y extenso de política económica, apoyado por las fuerzas políticas y sociales más representativas, en lugar de aplicar medidas inconexas y parciales no debatidas con nadie, coadyuvarían mucho mejor a superar la crisis, aunque no nos evitasen soportar algunos de sus costes y consecuencias. Sin duda, aliviarían enormemente la situación coyuntural y, sobre todo, nos pondrían en la senda de un futuro económico más brillante que el que hoy se intuye para después de la tormenta. Lamentablemente, y por todo lo expuesto, esos Pactos me parecen todavía muy lejanos.
Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.