Por Ramón Tremosa, profesor de Teoría Económica de la UB (EL PERIODICO, 04/05/05):
El Govern aprobó la pasada semana que, por lo menos, el 50% de los impuestos catalanes permanezcan a disposición de la Generalitat. El modelo impuesto por el Gobierno del PP en el 2001 cedió a la Generalitat de Catalunya el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de algunos impuestos especiales, quedando al margen el estratégico impuesto de sociedades.
A la economía catalana le urge un nuevo modelo de financiación: en el 2003, Catalunya pagó 54.000 millones de euros en impuestos, cifra equivalente al 40% del PIB catalán de ese año (media de la UE, 43%), pero recibió sólo un gasto público de entre 39.000 y 42.000 millones de euros, equivalente al 29%-31% del PIB catalán (media de la UE, 45%). Este desequilibrio, creciente en los últimos años, debido a la insuficiencia del gasto público del Gobierno central en Catalunya, supone una amenaza para nuestro crecimiento económico y erosiona nuestros servicios sociales. Según datos oficiales de la Agencia Tributaria en Catalunya para el 2003, y conociendo que las recaudaciones han crecido cerca del 10%, podemos estimar a grandes rasgos lo que supondría el modelo propuesto en el 2004. La Agencia Tributaria habría recaudado el pasado año, en Catalunya, 32.000 millones de euros. Con el modelo actual, 10.000 millones van a la Generalitat y 22.000, al Estado, y de aquí deriva el problema del déficit fiscal: si el Gobierno central sólo nos devuelve 10.000 millones, aflora un déficit fiscal del 8%-9% del PIB catalán.
Si esta propuesta del Govern tripartito se aprobara en Madrid al 50%, la distribución de impuestos sería de 16.000 millones para el Estado y 16.000 millones para la Generalitat. En principio, esta propuesta supondría 6.000 millones de euros más para Catalunya. Habrá que ver, no obstante, qué ocurre con las transferencias del Estado, que hoy todavía suponen un 25% del presupuesto del Govern y un 30% de los ingresos de nuestros ayuntamientos: curiosamente, todo ello por un importe de también 6.000 millones de euros anuales. Que no vuelva a ocurrirnos como en el 2001, cuando las previsiones de más recursos para la Generalitat no se produjeron, ya que el Gobierno del PP con mayoría absoluta recortó transferencias por importe equivalente a los impuestos cedidos. Y con un 50% de los impuestos catalanes hacia Madrid, este modelo aun podría seguir proporcionando déficits fiscales importantes: en el año 2004 la obra pública del Estado en Catalunya cayó cerca de un 50%, lo que llevó al propio president Pasqual Maragall a hablar de un "año perdido". Además, sin reconocimiento del déficit fiscal catalán por parte del Gobierno de Madrid a partir de datos oficiales, la demagogia del PP y del PSOE contra la propuesta está servida.
OTRAS cuestiones que no son menores hacen referencia a la agencia tributaria propia y a la capacidad normativa. La llave de Letamendi no admite matices: o está en Madrid o está en Catalunya. No puede seguir pasando que los inspectores de Hacienda vengan a Catalunya sólo por dos años y se dediquen a maximizar sus incentivos personales, que van ligados a las inspecciones fiscales a empresas catalanas. O que la Agencia Tributaria siga escondiendo información sobre recaudaciones tributarias al Govern, sin las que ésta no puede hacer simulaciones de impacto sobre rebajas impositivas en Catalunya. La capacidad normativa sólo puede ejercerse desde una agencia consorciada, del mismo modo que los Mossos d'Esquadra pueden trabajar conjuntamente con la Policía Nacional: sabiendo que sobre los Mossos manda, en última instancia, el conseller de Governació.
El modelo propuesto se inspira en el de estados federales como Alemania, donde la distribución de impuestos entre niveles de administraciones es paritaria, y en principio podría ser exportado a las otras autonomías. Lo que sucede es que Madrid no es Berlín: la generalización a 15 topa con los 400.000 funcionarios de Madrid. Así, en ningún caso la simetría puede ser una restricción insalvable para la financiación de Catalunya: las autonomías son muy distintas en dimensión y estructura productiva y se ha mostrado lesiva para Catalunya la imposición de una rígida igualdad en el sistema de financiación. Igual que para correr cómodos un maratón, por ejemplo, personas de peso distinto visten tallas distintas, un sistema próximo al modelo foral del País Vasco y Navarra sólo es eficiente para las regiones con un nivel de renta elevado. Éste es un mal sistema para las regiones pobres, ya que presupone que un territorio se espabila con los propios recursos que genera.
IRLANDA del Norte, por ejemplo, recibió el concierto económico del Reino Unido en el año 1921 y lo devolvió en 1922, porque no le salía a cuenta. Y si el País Vasco logró preservarlo tras las guerras carlistas del siglo XIX era porque se trataba de un país agrario, sin que los centralistas madrileños del momento pudieran imaginar que Euskadi pasaría a ser un territorio rico en poco tiempo, ya que no previeron que se industrializaría tan rápidamente como lo hizo entre los años 1880 y 1895.
Si hay que esperar 15 años a igualarnos a los resultados del modelo foral no es descabellado afirmar que, por falta de mejoras sustanciales a corto plazo, la economía catalana pierda gran parte del dinamismo que aun hoy presenta en el contexto español y europeo. Ahora no podemos ni ceder ni esperar, porque como escribía Francesc Cambó, hay dos maneras de caminar hacia el desastre. Una es pidiendo lo imposible, como nos dirían si exigimos el concierto económico ahora mismo, pero la otra es aplazando lo ya inaplazable: la mejora sustancial, a partir del próximo enero, de la financiación de Catalunya.