No a un tercer mandato presidencial

Cada vez estoy más convencido de las bondades de poner un límite de dos mandatos al presidente del Gobierno de España. Con el tiempo, lo extendería también a los presidentes autonómicos. No sería necesaria, de momento, una reforma constitucional, ni siquiera la modificación de ley orgánica alguna. Bastaría con que se convirtiera en una buena práctica política o en un uso constitucional. Por más que suponga un recorte del libre acceso a los cargos públicos y del libre desarrollo de la personalidad amparados por nuestra Constitución, e incluso, a primera vista -sólo a primera vista, como en seguida veremos-, un ajuste poco democrático del propio sistema democrático, lo cierto es que esta medida acarrearía muchos más beneficios que pérdidas.

Una vez más, los norteamericanos, por cuyas venas corre la democracia, han ido por delante. Fue su primer presidente, George Washington, quien decidió no concurrir por tercera vez a las elecciones presidenciales en un momento en que lo tenía todo ganado y el riesgo de fragmentación de la joven nación, de no mantenerse él en el poder, era considerable. Su firme decisión, transmitida al pueblo americano en un discurso de despedida que preparó con su fiel colaborador Alexander Hamilton, marcó el destino político del país. Como comandante en jefe del ejército rebelde, George Washington era la encarnación misma de la revolución americana, contaba con el respaldo incondicional de un pueblo que lo tenía por un héroe, por un semidiós. Entre los propios founding fathers, Washington fue capaz de aglutinar caracteres tan complejos y opuestos como los de un Benjamin Franklin, un John Adams, un Thomas Jefferson, un Alexander Hamilton, un John Jay o un James Madison.

Uno de los mejores servicios que prestó Washington a su flamante nación fue precisamente éste de haber sabido abandonar a tiempo la Presidencia, no apostando por un tercer mandato que lo hubiera convertido en una suerte de presidente vitalicio, en un monarca camuflado, en un rey sin corona. Algunos historiadores señalan la edad como causa principal de su no concurrencia a una tercera elección. Me parece, sin embargo, que su propósito fue muy otro.

La última decisión que quiso adoptar Washington como presidente de los Estados Unidos de América fue transmitir el poder voluntariamente. ¡No morir siendo presidente! Su natural desapego al poder, ya puesto de manifiesto cuando renunció a todo cargo militar y regresó a su plantación de Mount Vernon al término de la Guerra de Independencia, lo convirtió en la piedra angular del republicanismo americano. Todo lo contrario a lo sucedido, años después, en el Viejo Continente con su coetáneo el general Bonaparte. Se cuenta que, tras haber poseído una corona y un continente y haber perdido ambas preciadas joyas, Napoleón comentó que a los franceses, en verdad, les hubiese gustado más haber tenido «otro Washington».

Esta idea de no perpetuarse en el poder estaba firmemente anclada en el corazón de los padres de la patria americana, aunque nada de ello dijera la Constitución de 1887. Así, Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, dejó escrito que si «no se hubiese fijado algún límite, bien en la Constitución, bien suplido por la práctica, el mandato de presidente, nominalmente por cuatro años, habría acabado siendo, de facto, vitalicio»

Por eso, aunque no fue hasta 1951 cuando se ratificó la famosa enmienda vigésimo segunda que prohibió el tercer mandato presidencial, sólo un presidente en la historia de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, ha superado los dos mandatos, llegando incluso a ser elegido por cuarta vez, en una situación de grave enfermedad, que trató de ocultar por todos los medios y que pronto le trajo la muerte. Fue precisamente este hecho lo que, en buena medida, motivó la aprobación de la enmienda constitucional.

Un máximo de dos mandatos, de cuatro años cada uno, es más que suficiente para aportar experiencia, energía, estrategia a un proyecto de tanta envergadura como es gobernar un país civilizado. En ocho años, un presidente puede regalar a su pueblo todo lo que vale y tiene, manejar con destreza el timón de la nación, sin riesgo de apoltronamiento ni corrupción. Se quiera o no, el poder corrompe. ¡Vaya si corrompe! Largos años en el poder acaban generando tal multitud de enredos, trapisondas, embrollos y zalagardas que dificultan enormemente toda gestión transparente. Por lo demás, la moncloitis existe, en sus diversas denominaciones, y crece en la medida en que van pasando los años de residencia en cualquier palacio presidencial.

En ocho años se puede dar perfectamente la vuelta a un país, sobre todo si se aprovechan bien. Además, saber el tiempo límite que uno va a ocupar un cargo de gobierno permite una mejor planificación. ¡Qué difícil resulta ajustar el ritmo en una carrera sin conocer la distancia que se ha de recorrer! Toda persona necesita un mínimo de orden, y para ello hace falta una estimación aproximada de la duración de los acontecimientos.

Por otra parte, no es recomendable estar demasiados años tocando el dinero público, todavía más pegajoso que el que procede de los propios recursos. Se quiera o no, el dinero público se gasta de manera distinta al dinero que ha producido el propio sudor. Es ley de vida. No se trata de una cuestión de corrupción -que siempre existirá, por desgracia- sino de valoración. Lo que cuesta, se valora. Y el dinero público no cuesta tanto, por eso se gasta, incluso se derrocha, más fácilmente.

A esto hay que añadir que, siendo la forma política de España una monarquía parlamentaria, y teniendo, por tanto, como jefe del Estado, a un rey ad vitam, un mandato presidencial máximo de ocho años no es obstáculo para la buena marcha de las relaciones internacionales, que, como es sabido, exigen mucho tiempo y no menos paciencia al menos a ciertos niveles.

En nuestra joven democracia, Felipe González ha sido el único presidente que ha superado los ocho años de gobierno. Sin duda le sobraron los últimos, que lo aplastaron. El buen Felipe, agobiado por los escándalos de corrupción y terrorismo de Estado que se sucedieron en España durante la última etapa de su gobierno, nos dejó un país muy deteriorado, con un paro incontrolado, un déficit público desorbitante y una deuda sangrienta. En sentido contrario, José María Aznar fue modélico al hacer público su deseo de no ser reelegido meses antes del término de su mandato. Cuestión distinta es lo que le pasó, nos pasó después, por coquetear con la guerra de Irak.

Dos son las principales objeciones a esta limitación del mandato presidencial. La primera es que constituye, de suyo, una disminución innecesaria de la libertad de los ciudadanos para elegir a quien consideren conveniente en cada momento: es el pueblo en las urnas y no la ley ni la costumbre quien ha de poner a cada persona en su sitio, sea La Moncloa, sea su casa. La segunda objeción es que esta medida erosionaría el segundo mandato del presidente, convirtiendo a este en una suerte de pato cojo (lame duck), como llaman los norteamericanos al presidente saliente cuando existe ya uno nuevo electo. No sorprende, por ello, que Dwight Eisenhower, por ejemplo, estuviera en total desacuerdo con la aprobación de la vigésimo segunda enmienda.

En mi opinión, las dos objeciones son razonables, pero no son suficientes. La defensa de un sistema democrático no sólo debe quedar en manos del pueblo, sino que el propio sistema como tal ha de fijar sus mecanismos internos de autodefensa.

Un sistema democrático bien articulado debe estimular la renovación de la clase política en su conjunto y particularmente el relevo presidencial; de lo contrario se convierte en una oligarquía por más que esté legitimada en el plano formal por las urnas.

La segunda objeción es, en parte, más aparente que real ya que el partido político en el poder, no necesariamente el presidente, es el primer interesado en velar para que no se rebaje la calidad del gobierno en la etapa final con vistas a no sufrir una pérdida de votantes en la próxima cita electoral.

José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no es George Washington, tiene en su mano irse a tiempo. Dejará una España enferma, pero con evidentes posibilidades de recuperación. Y habrá acertado en algo determinante: dejar el poder voluntariamente, no por imperativo de las urnas.

Rafael Domingo Oslé, catedrático de la Universidad de Navarra y presidente de Maiestas.

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