Salir de las trincheras

España está viviendo el periodo institucional más dramático de su reciente historia democrática. La afirmación se puede haber hecho en otras muchas ocasiones, y seguro que ha sido utilizada por unos u otros, en alguno de estos 39 años, pero vista la situación con cierta objetividad, nunca tan tajante afirmación ha sido más cierta. El problema es que al dramatismo general de la vida política, se unen en muchas ocasiones rasgos tan españoles como la tragedia o la comedia, cuando no ambas al mismo tiempo. La situación tragicómica que están provocando los antiguos responsables de la Generalitat de Cataluña, con la connivencia de algunos de los nuevos representantes elegidos el 21 de diciembre, difunde una imagen ridícula de España y provoca un destrozo institucional de difícil y lenta reparación.

Para más inri, el denominado procés se ha desarrollado con el enfermo en la UVI y las constantes vitales del país pendientes de un hilo. Hay que reconocer que los independentistas han elegido bien el momento, nunca el Gobierno de España, el Parlamento y el conjunto de las instituciones políticas estuvieron tan débiles, y ellos tan teóricamente fuertes.

Salir de las trincherasLa legislatura empezó de forma compleja, en un escenario novedoso y con un Gobierno falto de costumbre de gobernar sin mayoría, un Parlamento desacostumbrado a tomar la iniciativa política y legislativa frente a un Gobierno en minoría, y unos actores políticos que viven en un mundo que interpreta el acuerdo como traición y el consenso como una rendición incondicional al adversario.

No han pasado ni 16 meses desde la investidura de Mariano Rajoy y parece que estamos en el último trimestre de una legislatura agonizante. El clima electoral, a pesar de que después de varios años no hay elecciones a la vista en 2018, contamina cualquier actuación, sea institucional, política o partidaria. La lucha cainita que se ha declarado en los tradicionales bloques de izquierda y derecha provoca que cada declaración, acción o gesto esté pensado y calculado en términos de quién pierde y quién gana un palmo de terreno electoral. Nunca antes una precampaña electoral, de una cita local y autonómica que tendrá lugar dentro de 15 meses, empezó tan pronto ni de forma tan agresiva. Si los minutos basura en los que está inmersa la legislatura continúan, estaríamos ante un tiempo inservible para afrontar los problemas del país.

La explicación a la situación de bloqueo es que nadie quiere defraudar a su propio público. Hacer discursos o propuestas que desilusionen a los de enfrente y entusiasmen a los de casa es fácil, porque la mayor parte de los actores ya ha renunciado a conquistar caladeros electorales ajenos. El objetivo es mimar a los propios y crecer en ese entorno sin arriesgar mucho, no vaya a ser que una curva mal trazada deje en la cuneta las opciones electorales de alguna fuerza política. Y así es muy difícil, por no decir imposible, que se resuelvan problemas muy graves que requerirían un diálogo sincero y soluciones respaldadas por acuerdos de amplio espectro ideológico.

Puestos a decir la verdad a los propios, hay tres cuestiones en las que los correspondientes actores deberían superar su temor a decepcionar a su propio electorado. Los dirigentes independentistas más cabales tendrían que reconocer públicamente, y no en sede judicial y para eludir la prisión, que el planteamiento del procés fue un grave error. Que la huida hacia adelante que inició Artur Más puede acabar, como las tesis recentralizadoras de las derechas triunfen socialmente, en un recorte del autogobierno de Cataluña. Que la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad supuso un grave ataque a las normas más elementales de la democracia parlamentaria. Y que el lamentable espectáculo que está dando el antiguo presidente de la Generalitat supone un daño irreversible para el conjunto del país, para Cataluña y para la propia causa independentista.

Si, al mismo tiempo, esos mismos líderes independentistas quieren manifestar su compromiso con una causa legítima, su aspiración a trabajar por la independencia de Cataluña y hacerla posible con el tiempo, que lo hagan, están en su derecho y nadie se lo debe impedir. Si lo que quieren es volver a la pantalla común del derecho a decidir, son muy libres de hacerlo. Pero, entonces, otros deberían hablar con claridad, y decir a los más jóvenes, que son los más comprensivos con el ejercicio de ese supuesto “derecho a decidir”, que en un Estado de derecho lo que no está decidido no es tal, y que en una democracia sólo se crean y amparan determinados derechos cuando la mayoría democráticamente se ha puesto de acuerdo en ello.

Por su parte, la izquierda debería dirigirse a los suyos y decirles que existe una España moderna cuya identidad colectiva se ha visto agredida durante el último año. Comparten esa idea de España personas de diferentes generaciones, clases e ideologías. Coinciden en ese nuevo concepto de España, millones de hombres y mujeres que han vivido con zozobra estos meses porque, sin el casticismo y la pasión del pasado, están orgullosos de ser españoles. Esa izquierda debería reconciliarse definitivamente con la bandera y otros símbolos, y defender sin complejos la aspiración de millones de ciudadanos de seguir viviendo juntos.

La izquierda tendría que aplicarse en protagonizar con el resto de fuerzas políticas, la construcción de un proyecto sugestivo de país que albergue en su interior las enormes diferencias y la riquísima diversidad cultural, lingüística o histórica de los diferentes territorios, siendo capaz de integrar, al mismo tiempo, los particularismos sin privilegios en un proyecto de vida en común.

En esa tarea de construcción cabe, y terminará jugando un papel imprescindible, una reforma constitucional que, al menos en el Título VIII, establezca los fundamentos de una organización territorial de España adaptada a la evolución y mutaciones del Estado autonómico y al siglo XXI. Pero para ello es importante que la reforma no sea patrimonio de nadie, porque si esa bandera se convierte en un arma arrojadiza de unos frente a otros, el bloqueo irá para largo. Como dice el profesor García Roca, “el constitucionalismo democrático debe seguir requisitos más accesibles y desdramatizar la reforma: hacerla un instrumento normalizado”. Difícil va a ser en una legislatura tan dramática normalizar una reforma después de casi 40 años de vigencia de la Constitución, pero al menos las diferentes fuerzas políticas deberían sentar las bases para que la Carta Magna no se quede vieja en un país y una sociedad que no son nuevos, pero que han cambiado mucho desde 1978. Mientras tanto, convendría no alimentar falsas expectativas porque siempre conducen a la frustración.

A la derecha y, especialmente, al Gobierno, le corresponde cambiar radicalmente su actitud ante un escenario político que en nada se parece a ninguno de los que hemos vivido desde la Transición. Empezar a enmendar, corregir y cambiar leyes que se aprobaron exclusivamente con una mayoría absoluta, supone para un Partido Popular muy reacio a la rectificación, una tarea casi titánica, impropia de la genética política de alguno de sus dirigentes. Sin embargo, en el panorama electoral actual, con el fraccionamiento político que la ciudadanía ha decidido, si no hay capacidad para llegar a acuerdos transversales y renunciar a una parte de los propios planteamientos o, incluso, de los compromisos adquiridos, el país se internará en la senda de un encefalograma plano, de una crisis política que prolongará los graves efectos de la crisis económica.

Debería también el PP renunciar a pelear en el cuadrilátero de la restricción de derechos o la elevación de penas. Al respecto, conviene no engañarse, el populismo punitivo siempre fue un instrumento utilizado por la derecha ideológica, pero quizás nunca de forma tan grosera y explícita como lo que se ha visto en las últimas semanas. La diversidad política ha venido para quedarse, pero la conclusión sería muy frustrante si la lucha fratricida dentro de uno de los bloques ideológicos se salda con un elevado coste para los derechos.

Queda más de la mitad de la legislatura si las elecciones generales se celebrasen cuatro años después de los últimos comicios. Hay muchas proposiciones de ley y muchos proyectos varados en la arena del Congreso de los Diputados. Infinidad de problemas que siguen esperando soluciones eficaces y justas. Para unos y otros, el uso y abuso del legítimo veto gubernamental o la estrategia de la inacción política pueden ser nefastos, en la presente y en la próxima legislatura.

En este escenario y para que la legislatura avance urge un cambio de actitud, primero del Gobierno y de su partido, porque tienen mayor responsabilidad que las otras fuerzas políticas, y después del resto de partidos. Ese paso supondrá la asunción de riesgos, especialmente ante los propios electores. Esto es más fácil escribirlo que ponerlo en práctica, sobre todo cuando los que últimamente han querido ser responsables con su país, como ha hecho en Alemania Martin Schulz, han sido inmediatamente sacrificados en la hoguera de los herejes. Sin embargo, en un tiempo de fragmentación política, de minorías parlamentarias y de diversidad partidista, la única manera de avanzar, ahora y en el futuro, es dejar de mirar a las encuestas, asumir el riesgo de dirigirse con valentía a los propios electores para explicar que los acuerdos y las transacciones van a ser imprescindibles, porque si todos continúan en el confort de sus trincheras partidistas, los problemas de España seguirán pendientes.

Antonio Hernando es diputado del PSOE.

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