Por Joan Puigcercós i Boixassa, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC (EL PAIS, 05/05/05):
La semana pasada, el Govern presentó su propuesta para un nuevo modelo de financiación. Un nuevo modelo que constituirá, sin duda alguna, la piedra angular del nuevo Estatut de Catalunya. No se trata de una actualización del modelo vigente ni de una mejora de corto alcance, sino de un acuerdo que condicionará los recursos públicos de la Generalitat durante los próximos veinte años. Es en este contexto que debemos entender la propuesta como una reforma estructural del sistema.
Esta reforma es tan urgente como necesaria. Según el último estudio de la balanza fiscal de Catalunya con la Administración del Estado, nuestro déficit fiscal estructural se sitúa alrededor del 7,5% del PIB y en los últimos años la tendencia ha acentuado este desequilibro, situándolo, a partir del año 2000, por encima del 9% del PIB catalán. La necesidad de cambio está avalada también por la irracionalidad del sistema actual. ¿Cómo es posible, por ejemplo, tal y como demuestra un estudio realizado por los profesores Guillem López y Jordi Pons, que actualmente no exista ninguna relación entre la evolución de la renta de las comunidades y la de su déficit o superávit fiscal?
El modelo propuesto comprende uno de los preceptos prioritarios para Esquerra Republicana: reglas de juego claras y transparentes. La Agencia Tributaria de Catalunya será el organismo responsable de gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos, estableciendo las fórmulas que se consideren más adecuadas para garantizar la coordinación con el conjunto del Estado. Con este punto de partida, la Generalitat propone una mayor transparencia en su relación financiera con el Estado.
Por primera vez se diferencia la aportación de Catalunya en dos conceptos: la aportación por los servicios que presta el Estado y el hecho de que se establezca un mecanismo de nivelación para determinar la cooperación de Catalunya con el resto de comunidades con menor capacidad fiscal.
La aportación al Estado por los servicios y competencias se traducirá en un porcentaje de la recaudación de impuestos estatales fijando, por primera vez, un límite máximo de aportación del 50% de la recaudación de cada tributo. Los mecanismos de solidaridad o cooperación con el resto del Estado pretenden, también, romper la opacidad del actual sistema y proponen una nivelación que explicite sin tapujos cuáles son las comunidades aportadoras y cuáles o en qué medida las beneficiarias. El mecanismo ofrece las mínimas garantías de bienestar del conjunto de catalanes y, como en cualquier Estado con vocación federal, impide que Catalunya pierda posiciones en la ordenación de rentas per cápita entre comunidades una vez aplicada la redistribución territorial. Por otro lado, y de acuerdo con los principios contemplados en el Acord de Govern, debe hacer posible que en diez años el déficit fiscal de Catalunya se pueda equiparar al de territorios de renta similar en la UE. En conclusión, transparencia y justicia, que no pueden ser interpretadas como una demanda de trato privilegiado si no es desde posiciones interesadas en mantener a toda costa el statu quo actual. El nuevo modelo pretende garantizar de una vez por todas una financiación justa para Catalunya, ni más ni menos. Es factible que el sistema pueda ser generalizable al conjunto de comunidades, pero creo que esto no debe ser el centro del debate. Catalunya, en proceso de elaboración de su nuevo marco estatutario, no tiene la responsabilidad ni la pretensión de determinar el modelo de financiación autonómica estatal, pero sí de proponer las bases que establezcan el punto y final a la contumaz discriminación y opacidad fiscal del modelo actual. Unas bases absolutamente razonables que, una vez consensuadas en el Parlament, serán poco menos que irrenunciables para el conjunto de la sociedad catalana.
Es precisamente ahora cuando la concepción plurinacional y federalista del Estado español por la que apuesta el Gobierno socialista debe ponerse de manifiesto con mayor entereza. Nuestra confianza en el nuevo Gobierno es la confianza en un nuevo modelo de Estado. Una apuesta que, formulada desde la izquierda independentista que representa ERC, tiene un alto valor político y de compromiso con el resto del Estado.