Una mala salud no es solo negativa para el individuo que la padece. Impacta negativamente sobre la prosperidad del país. Se estima que el coste económico debido a la mala salud en países europeos es equivalente al 7 % de su PIB, lo cual hace evidente que unas políticas que mejoren la salud de la población aportarían sustancialmente a la economía.
Una población con mala salud es negativa para la economía, tanto por las bajas laborales como por el impacto sobre los familiares que cuidan a esos enfermos. También conlleva gastos directos por pérdida de impuestos y enormes gastos sanitarios. Por el contrario, una buena salud en la población promueve la economía vía mayor innovación, mayor oferta laboral, mayor productividad y reducción del gasto sanitario. Por tanto, seguir insistiendo desde un Gobierno en que el crecimiento económico es exclusivamente lo que conduce a una mejor salud de la población es inexacto; conviene empezar a reconocer el papel de la salud de la población como un motor de la economía. El efecto motor de la salud se ha hecho evidente en esta pandemia: los logros de la sanidad pública, sus profesionales y las vacunas han permitido recuperar una cierta estabilidad tras la peor pandemia en generaciones.
Las propuestas políticas para la sanidad pospandémica son muy insuficientes. Las promesas electorales de todos los partidos políticos de más atención primaria y más profesionales van en la buena dirección, pero tendrán el impacto deseado solo en el marco de un plan a largo plazo, que apoye la innovación, la tecnología y la productividad, y garantice recursos en un marco temporal de varios años. Para que la sanidad pueda seguir siendo ese motor económico y sanitario debe poder enfrentarse a los enormes retos de esta década. Son desafíos sanitarios, demográficos y económicos.
Miles de personas en España enferman prematuramente, deteriorando innecesariamente sus vidas y su recorrido laboral. Todo ello, con un impacto económico importante para las familias. Los datos sobre el cambio demográfico son claros y se evidencian por el enorme aumento de las enfermedades crónicas en la sociedad española, así como por su impacto económico. El 80% de los ingresos hospitalarios en España son debidos a una enfermedad crónica y se calcula que el gasto sanitario por el aumento de las demencias en los países europeos aumentará en un 226 % para 2040 (según Global Burden of Disease 2023).
Ese escenario debería ser suficiente para que los partidos políticos, en estos momentos de negociaciones para formar gobiernos, vayan más allá de arreglos a corto plazo y se planteen un acuerdo para financiar y organizar un Sistema Nacional de Salud (SNS) público más resiliente, haciendo evidente la necesidad de buscar un compromiso pragmático que conduzca a un pacto por la sanidad en esta próxima legislatura. Entendiendo que no sería únicamente un pacto para la mejora del sistema nacional de salud, sino también un pacto económico para el país.
Se ha evidenciado en esta pandemia que los virus no discriminan entre ideologías. No son de derechas o de izquierdas. Tampoco lo son las enfermedades que nos enferman y matan. Bajo esa premisa, como con las pensiones, no convendría usar la sanidad en los próximos años como instrumento político partidista. En general, la tendencia sobre la enfermedad de los españoles no es buena: hay una explosión de diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas y demencias.
Nos gusta razonar complacientemente que, a pesar de esas tendencias, los españoles viven más tiempo que en otros países comparables. Es decir, que usando la longevidad como medida, nos puede parecer que las cosas van bien. ¡Eso es un espejismo!
Un dato: una mujer de 65 años en España hoy puede esperar vivir 23 años más, pero solo 10 de esos 23 años serán en buena salud. No sirve de mucho extender la vida de una persona si la mitad de ese tiempo es un tiempo en mala salud. Nos hemos concentrado en lograr una mayor longevidad, pero muy poco en la calidad de vida en nuestra última década.
Las personas que viven sin ninguna enfermedad hasta los 100 años lo hacen por genética. Son pocas. La mayoría no tenemos esa suerte. A partir de los 55-60 años afloran las enfermedades crónicas, muchas de las cuales son prevenibles. Es en esa mayoría de la población en la que un pacto por la sanidad podría lograr algo muy diferente en estos próximos años.
Las futuras generaciones no deben tener solo 10 años de buena salud de los 21 años de mayor longevidad. Se pueden y deben comprimir esos tiempos. Más que en la longevidad, un pacto para la sanidad deberá concentrarse en lograr que esos últimos años sean de buena salud.
Estas tendencias no se pueden corregir con el actual modelo asistencial pasivo, que en general espera que nos pongamos enfermos y nos repara en un hospital complejo. En España nos reparan bien, pero reparar no es prevención ni anticipación ni proactividad en la gestión de enfermedades prevenibles. Ese modelo centrado en hospitales de agudos es atractivo políticamente, pero es el modelo más caro posible.
Solo se puede conseguir con un modelo centrado en la prevención, uno que se anticipe y prevenga la diabetes, lo cardiovascular, el cáncer y frene el impacto de las demencias; uno que ayude a la población a que asuma más control sobre su salud con políticas activas, que faciliten poder alimentarse de otra forma, hacer deporte y actuar sobre su salud laboral.
Un pacto por la sanidad podría empezar a corregir esta tendencia. En una sanidad pública financiada por impuestos, el sector salud siempre estará en la agenda de los partidos políticos. Es ingenuo pensar lo contrario. Por ello, en un momento como el actual, es necesario apoyar a los partidos políticos para definir la visión estratégica para la sanidad a largo plazo, así como su relación con los servicios sociales. En un segundo tiempo, menos estratégico, lo político debe poder alejarse, permitiendo que el día a día sea gestionado por profesionales no políticos y los de la salud. ¿Qué proceso podría seguirse para involucrar al ámbito político en lo estratégico y no en la gestión directa del día a día?
Se debe evitar un proceso clásico, es decir, uno exclusivamente técnico, con expertos que en un segundo tiempo elevarían la decisión al ámbito político. Al contrario, se podría seguir un proceso con mucha participación política, de todos los partidos políticos. Un panel de expertos prepararía un documento de diagnóstico de la situación, explicando la gravedad de la situación en la sanidad y los servicios sociales si se mantiene el statu quo. Se convocaría una jornada de un día para debatir y acordar ese diagnóstico en detalle por los partidos políticos. No se propondrían soluciones en ese momento.
Posteriormente, se volvería a reunir a los partidos políticos y se acordarían 10 principios guía para que el panel de expertos pudiera desarrollar soluciones. El panel de expertos tendría así un marco de trabajo legitimado políticamente y podría iniciar un proceso de consulta, de evidencia científica y de documentación con los principales actores del país.
Según se vaya avanzando, se informaría a la Comisión de Sanidad del Parlamento y se contrastarían los avances, asegurando así la continua involucración política. La involucración continua del arco político y la transparencia durante todo el proceso permitirían acelerar su aprobación final.
Las tensiones actuales en la sanidad pública exigen abrir ese debate estratégico en España o, alternativamente, observar su declive progresivo. En estos momentos de cambio de época los partidos políticos deberían poder unirse para encontrar una solución juntos a largo plazo sabiendo que en esta época postpandémica es necesario recuperar la confianza en las instituciones. Un enfoque puramente ideológico costará vidas.
Rafael Bengoa es ex consejero Sanidad y Consumo del País Vasco y ex director de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).