Centrismo constitucionalista en Cataluña

Es una paradoja desconcertante que en la Cataluña de hoy no esté configurado políticamente el espacio para una formación de centrismo constitucionalista como alternativa a la hipertrofia del independentismo postprocés. La ciudadanía que prefiere una Cataluña constitucionalista, de amplio espectro liberal-conservador, bilingüe, autonomista, sin determinismos históricos, amplia en su ambición económica y de lógica adhesión a la ley y el orden carece ahora mismo de una propuesta electoral. El PSC mantiene sus compromisos con ERC -como constó en la formación de las tripartitos autonómicos- y los diversos grupos que apuestan por un postpujolismo tantean el futuro sin asumir claramente que el secesionismo ha acabado con las posibilidades históricas del catalanismo histórico. Tarradellas lo supo prontamente y por eso al regresar a Cataluña desde el exilio dijo «Ciutadans de Cataluña!» y no «Catalans!».

Centrismo constitucionalista en CataluñaEs útil recordar que la UCD de Adolfo Suárez tuvo mejores resultados electorales que Jordi Pujol en las primeras elecciones de la transición. Posteriormente, desaparecida la UCD, de AP al PP han ido menguando -con giros estratégicos inusitados y líderes contradictorios- los atractivos electorales del centro-derecha no nacionalista mientras Jordi Pujol asimilaba el voto, ni tan siquiera nacionalista, pero deseoso de estabilidad y orden. Al menos escénicamente, pareció como si el Estado diese por hecho que su interlocutor en Cataluña solo podía ser Pujol y lo mismo ocurrió con el grueso del mundo empresarial y del poder económico. Sin embargo, al aparecer el partido Ciutadans su éxito electoral dio a entender que algo estaba cambiando y que era practicable una alternativa al nacionalismo hegemónico. Esa fue una opción cuyos abultados errores de cálculo pudieran llevar al eclipse total. Más en general, el peso de los escaños de partidos como Convergència o el PNV se debe en buena parte a la necesidad de garantizar -según un quid pro quo- mayorías para gobernar, pero esta cooperación correspondía a la vez al espíritu de 1978, cuando entendimos que en la Carta Magna quedaba representadas las solicitaciones del nacionalismo vasco y catalán. Después se fue constatando que íbamos a ir presenciando la historia de una deslealtad. El procés ha sido su transformación en podredumbre.

La ciudadanía que presenció con enorme inquietud referéndums ilegales, desacatos sin límite, declaraciones de independencia, ataques a la Corona, contenedores en llamas, el tsunami de la CUP o la pornografía política del período que va del prófugo Puigdemont al iluso Torra, ha ido interiorizando una combinación malsana de desazón, pasividad o indiferencia. Se siente abandonada. Carece de una posibilidad operativa de manifestarse con el voto por ausencia de un movimiento político que aúne el centrismo constitucionalista, ya sea según la fórmula bávara que tan buenos resultado dio en Alemania o, por ejemplo, un espacio de coalición como Navarra Suma.

El pasado noviembre apareció el Manifiesto Constitucionalista -al que se adhirió quien esto firma- con el diagnóstico de una larga década de fractura social e institucional de Cataluña en la que el procés ha tenido la complicidad muy expresa de las organizaciones antisistema y del Ayuntamiento de Barcelona. No poder circular por la Meridiana a causa de la irrupción insurrecta de cada día pudiera ser el paradigma de una Barcelona que decae según todos los índices. Pero seguramente lo que más importaba del manifiesto era la afirmación de una voluntad de aportar los ejes y las conexiones para garantizar el pluralismo en Cataluña aunando los espacios constitucionalistas. Por fin alguien estaba diciendo que era posible vencer al independentismo en las urnas, un independentismo que sigue en el poder con grietas aparatosas pero conjugado por los intereses partidistas más descaradamente comensalistas.

Unos meses después del manifiesto, se presenta el partido Valents. El método consiste en marcar horizontes sólidos más que ensimismarse en refutar los despojos del procés. A Cataluña le interesa más el Corredor Mediterráneo o la Barcelona stars-up que la conmemoración fraudulenta de 1714, la reindustrialización más que la ruina simbólica de una entelequia irredentista, sanidad eficiente y no demagogia, sistema educativo y no sectarismo, turismo y no pisos okupas. No pocos ciudadanos desean escuchar voces que les den fe de que ni la suma de todos los agravios -ciertos o inventados- con España justifica la ruptura, sencillamente porque lo que es bueno para España es bueno para Cataluña y al revés.

¿A quién representan en verdad las instituciones autonómicas? ¿Actúa Pere Aragonés como máximo representante del Estado en Cataluña? ¿Garantiza el pluralismo la presidencia del Parlament de Cataluña? ¿Cómo se puede pactar con la CUP? ¿Qué pasa en aquellos ayuntamientos que no reconocen el Estado? ¿Transparencia o desfalco? ¿Cómo desvelar la ficción del diálogo o el bilateralismo? ¿Qué hacer con los centros que no quieren aceptar la sentencia sobre el 25 % en castellano? Son preguntas que la ciudadanía constitucionalista le va a plantear a Valents de inmediato. Puede tener las respuestas muy a mano porque en Cataluña hay una gran carencia de imaginación política, salvo que se considere imaginación votar sin censo electoral, vender el puerto de Barcelona a los chinos o solicitarle ciberataques a Putin. Centrarse en la constitucionalidad y las políticas razonables solo puede lograrse con la moderación y la sensatez, con el fair play y la energía en el debate.

Ciertamente, desde el día cero Valents no lo va a tener fácil. De una parte, es inmensurable la fatiga provocada por la inconexión entre el bien común y la enajenación política, tanto como la deriva institucional y la agresividad contra lo que representa España. Al mismo tiempo, toda articulación de un nuevo centro constitucionalista va a ser una labor ardua porque ahí se entrecruzan iniciativas ciudadanas de nuevo cuño y organizaciones políticas preexistentes cuya implantación táctica no tiene por qué ser diligente a la hora de rehacer el mapa del centro y centro-derecha. Está en juego, además, minimizar el poder de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Muchas cosas están en juego: la productividad, la inversión extranjera, la gobernabilidad municipal, una renovación intelectual, el turismo fluido, una cultura sin condicionamientos, la tranquilidad en las calles, atenuar la discordia, desmantelar los factores de fricción.

Se trata de urdir una política que apueste por la vitalidad de la sociedad civil, por prescindir del intervencionismo impuesto por el pujolismo y abrir las instituciones autonómicas a los modos de la iniciativa privada. A la sociedad catalana siempre le ha ido bien cuando ha usado de la política para fortalecer sus estrategias económicas. Hacerlo al revés es contribuir a la ruina.

El lanzamiento de Valents implica afirmar que no existe en la estratosfera un tribunal que pueda dictaminar quien es más o menos catalán, ni que pueda sancionar el uso indistinto del catalán el castellano o que pueda mermar el pluralismo crítico desde los espacios mediáticos de la Generalitat o usar del dinero público para favorecer la ciénaga digital secesionista.

El nacionalismo ha vivido de enfrentarse con la ley. El daño causado a la seguridad jurídica sobrepasa la mesura del sentido común. Así fue como el procés se benefició de una crisis de autoridad. Para que la iniciativa de Valents salga adelante es un deber moral acabar con la indefinición. En Cataluña la política necesita mucha claridad semántica porque el procés corrompió el lenguaje de la vida pública, complementándose con los poderes de la espiral del silencio. Todavía estamos a tiempo -como sostienen los promotores de Valents- de hablar alto y claro.

Valentí Puig es escritor.

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