Diez años de una ley nociva

El 26 de diciembre cumple diez años la llamada ley de Memoria Histórica. Teniendo en cuenta la amplia legislación aprobada desde la Transición para cerrar viejas heridas –cinco leyes y un decreto– aquél fue un brindis al radicalismo y una resurrección de los enfrentamientos que no había figurado en el programa electoral del PSOE en 2004 ni Zapatero mencionó en su discurso de investidura como presidente del Gobierno. Ahora Sánchez amenaza con una nueva vuelta de tuerca.

No logro explicarme la razón por la que esta ley no fue derogada por el Gobierno del Partido Popular cuando tuvo amplia mayoría parlamentaria. Como la definición que Churchill nos legó de Rusia, aquella omisión sigue siendo para mí «un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma». Sin resolverlo se fue a la tumba mi buen amigo el profesor Alejandro Muñoz Alonso que, por cierto, dejó escritas interesantes y cultas páginas sobre el enigma ruso. Junto a él intervine en el debate de aquella ley en el Senado y con él recibí críticas y descalificaciones.

Mientras no tenga otra mi explicación provisional al mantenimiento de la ley es que se optó por un exceso de prudencia, que muchos podrían considerar complejo, al haber caído en la trampa de la izquierda de considerarse depositaria de una superioridad moral que su pasado no evidencia y, al tiempo, hacer a la derecha, cualquiera que sea, protagonista de los mayores pecados políticos y heredera de los vencedores de una terrible guerra fratricida. A ochenta años de la contienda mantener esa falacia es aberrante. En buena parte de la Historia al uso se ha consagrado un maniqueísmo sin matices desenmascarado más en la historiografía extranjera que en la nacional.

Si observamos a ciertos líderes de la vieja izquierda, y no digamos de la nueva, concluiremos que ignoran el pasado que tanto esgrimen o, conociéndolo, lo deforman. Falta de lecturas o intención de engañar. Son bien conocidos los antecedentes de la guerra civil y ahí están el «Diario de Sesiones» del Congreso, los discursos de la precampaña y de la campaña electoral de febrero de 1936, las cifras de la violencia política prebélica, las hemerotecas y la obra de historiadores imparciales. De todo ello no puede deducirse que la realidad fuese tranquilizadora. Como también son conocidas, ya en la guerra, las atrocidades de las retaguardias. Probablemente nada torcerá la opinión de los maniqueos pero en la lectura, que es un menester recomendable, al menos encontrarían información. No hay que leer solo a los afines; siempre a los rigurosos.

Para Gustavo Bueno «la tarea del historiador no consistirá tanto en recuperar la memoria histórica tal cual sino en demoler la memoria deformada». Es justo lo que no se ha hecho en los diez años de vigencia de la ley, plagados de despropósitos y de errores debidos tanto a la deformación sectaria como a las lagunas históricas de quienes han tenido voz en ese carajal a lo largo y ancho de España. Se han querido suprimir nombres de calles dedicadas al teniente Ruíz (héroe del Dos de Mayo, confundido con un oficial franquista) y al comandante Franco (célebre aviador, republicano, diputado de ERC en las Cortes de la República). Pavorosa ignorancia.

Omito un listado más amplio de errores y despropósitos pero no me resisto a recordar que se apeó de una fachada de Cáceres un escudo de los Reyes Católicos por contener el yugo y las flechas, y en Madrid se tomó la curiosa decisión de cambiar el nombre de la calle dedicada al comandante Zorita, ahora calle del aviador Zorita, como si Demetrio Zorita, primer piloto español que atravesó la barrera del sonido, dejase por ello de haber sido comandante, evidencia de que el grado militar producía urticaria. En la revancha callejera del Ayuntamiento madrileño no se ha consultado al vecindario afectado, con lo aficionada que es la alcaldesa de las ocurrencias a las consultas populares, probablemente cuando cree que le van a ser favorables.

Se suprime el recuerdo a generales de la guerra pero se decide recordar a otros generales como Rojo o Miaja, de la misma guerra pero del otro bando. Y se mantienen monumentos a Largo Caballero y a Prieto, dos golpistas confesos en la cruenta revolución asturiana de octubre de 1934. La ley se ha aplicado sin ajustarse a su texto ni a su intención. Según su Exposición de Motivos se trataba de «contribuir a cerrar heridas todavía abiertas», y su artículo 1º anunciaba la adopción de «medidas destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos». Se proclamaba la reconciliación, y no ha sido así. El objetivo era y es el aplauso de los afines.

Por considerarlos de derechas en muchos lugares de España se han borrado del callejero los nombres de intelectuales que ya antes de la guerra civil alcanzaron reconocimiento objetivo; las personalidades de la cultura son patrimonio común de los españoles más allá de sus ideologías. Se ha decidido recordar a referentes culturales de izquierdas, incluso de partidos notoriamente no democráticos, desterrando nombres de sus colegas de ideologías o simpatías derechistas.

Otra chocante expresión de esa ley fue la propuesta de un historiador (?) al Ayuntamiento de Sabadell para suprimir de una plaza el nombre de Antonio Machado por «españolista y anticatalanista». Además se proponía retirar del callejero sabadellense, entre otras, las calles dedicadas a Garcilaso, Calderón, Quevedo, Riego, Dos de Mayo, Covadonga… Según el indigente intelectual esos nombres figuran en el callejero por los «excesos del modelo pseudocultural franquista». Resultará inútil pedir al alcalde de Sabadell que se instruya sobre sus desterrados del callejero. Me temo que no haya tenido ni más lecturas ni menos sesgadas que las de su asesor histórico.

Los diez años de vigencia de la ley de Memoria Histórica sólo han servido para resucitar odios, mantener resentimientos y dar cobertura a quienes, apuntalándose en ella, desbordan su sectarismo. Miran al pasado con un solo ojo, por lo que asumen la Historia como no fue. Para no pocos de estos maniqueos el revanchismo parece ser su razón política y acaso su principal motivación personal. Por no mencionar las subvenciones recibidas durante años por las asociaciones creadas al efecto. Que no se haya derogado este monumento legal a la falsedad histórica y a la división supone una afrenta a la inteligencia y al buen sentido.

Antonio Machado hace decir a su Juan de Mairena: «La mayoría de los hombres preferirá, a la verdad vulgarizada, la mentira ingeniosa o la tontería sutil». A menudo me pregunto si en nuestra realidad cabría un tonto más. A una década de promulgarse muchos seguimos sin desentrañar el porqué de la permanencia de una norma que, desde interpretaciones desmesuradas, incluso contra su mismo espíritu, ha justificado tantos disparates y ha avivado tantos enfrentamientos. Los complejos inducidos no se aceptan; en todo caso se resuelven ante el psicólogo.

Juan Van-Halen, escritor y académico de la Real Academia de la Historia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *