Confieso que últimamente voy de la extrañeza a la perplejidad y de esta a la incredulidad, pasando en ocasiones por la indignación. Viene esta quejosa reflexión a cuenta de la reacción de la prensa y de algunos de mis colegas de profesión a la presentación de una propuesta metodológica para la elaboración de lo que suele conocerse como balanzas fiscales, que he preparado para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel. Tal propuesta ha generado ríos de tinta de más bien dudosa calidad informativa y una multitud de ataques desde todos los flancos que, a menudo, han sido tan furibundos como desinformados.
Déjenme empezar resumiendo lo que llevo algo más de una semana repitiendo a quien me quiera oír, al parecer sin mucho éxito. Primero, las balanzas fiscales no se suprimen, se amplían. Si el ministerio acepta nuestra propuesta, se pondrá encima de la mesa de una forma organizada toda la información desagregada por programas de ingreso y gasto que hay detrás de una balanza fiscal, lo que permitirá a la opinión pública hacerse una idea clara de dónde provienen esas misteriosas cifras que algunos de nuestros amados líderes utilizan para azuzarnos los unos contra los otros. Esto es importante porque los saldos fiscales regionales son el resultado neto de muchas cosas, algunas de las cuales son preocupantes y otras no. Conviene, por tanto, afinar el diagnóstico antes de sacar el bazooka.
Segundo, lo que ciertamente no haremos son estimaciones por el método de flujo monetario. A nuestro entender, tal método es una chapuza que solo sirve para hinchar artificialmente el déficit fiscal de ciertas comunidades ricas a base de no tener en cuenta lo que vuelve a las mismas en servicios (como la defensa) y no necesariamente en efectivo. Si la Generalitat quiere hacerlo, adelante, el Gobierno ya ha hecho públicos todos los datos de base necesarios para ello. Pero que se retraten ellos, porque a nosotros nos da cosa hacer según qué con los datos, y además nos negamos a ponerle un sello de respetabilidad académica a una práctica más que discutible.
No se entiende muy bien por qué aceptó hacerlo el anterior Gobierno central, pero desde luego, lo que no es cierto, es que nuestra postura viole ningún estándar internacional ampliamente reconocido y utilizado por la gran mayoría de los Gobiernos de los países federales para publicar balanzas oficiales. En contra de lo que se ha repetido hasta la saciedad en los últimos días, tal estándar no existe y esas balanzas oficiales y homologadas tampoco. Y si el dichoso estándar se identifica con el informe previo a las últimas balanzas publicadas por el Gobierno español, la Generalitat es la primera que lo ha incumplido en lo que respecta al tratamiento de los gastos en defensa y acción exterior bajo el método de flujo monetario (véanse las pp. 85-6 del Informe sobre la metodología de cáluclo de las balanzas fiscales).
Tercero. No daremos cifras ni sacaremos conclusiones detalladas hasta no haber terminado el estudio a nuestra plena satisfacción. El trabajo realizado hasta el momento, sin embargo, sí permite extraer algunas conclusiones preliminares sobre la base de un cálculo de los pesos medios de distintas partidas presupuestarias en los saldos fiscales de todas las comunidades autónomas en el año 2005 que muestra: 1) que dos tercios de tales saldos se deben simplemente al hecho de que en los territorios con mayores niveles de renta per capita se pagan más impuestos por habitante mientras que en los más pobres sucede justamente lo contrario, y 2) que el factor más importante dentro del tercio restante (el ligado a las diferencias en gasto público por habitante) proviene de un sistema de financiación autonómica que trata de forma muy desigual a las distintas Administraciones regionales.
Nuestra lectura de estos resultados se resume fácilmente: la parte de los saldos fiscales ligada a 1) no nos preocupa en absoluto (a quien le preocupe que los ricos paguen más impuestos que los pobres que levante la mano), pero la que proviene de 2) sí lo hace. De hecho, y puesto que sabemos por las últimas liquidaciones del sistema de financiación que las cosas no han mejorado en este terreno en años recientes, una de nuestras conclusiones es que resulta necesario abordar una reforma de la financiación regional que, entre otras cosas, sirva para hacerla más igualitaria.
La reacción del Gobierno catalán a nuestra primera rueda de prensa en Girona fue casi inmediata y tomó la forma de unas declaraciones del conseller del ramo en las que, según la prensa local, manifestaba su total desacuerdo con nuestra propuesta. No es por fastidiar al conseller, a quien aprecio mucho, pero yo no diría tanto. Según la prensa, Mas-Colell también exigió una reforma del sistema de financiación que lo haga más justo e indicó que, puesto que somos una comunidad relativamente rica, no le parece mal que paguemos más impuestos estatales per capita que otras. Así pues, a él tampoco parece preocuparle el componente del saldo fiscal ligado a los ingresos tributarios y cuestiona solo el resultante de un nivel de gasto por habitante que, según sus cálculos, es inferior a la media.
Al menos como primera aproximación yo firmaría casi todo lo que los medios han puesto en boca de Mas-Colell (perdonen, pero empiezo a estar muy escamado con la prensa tras leer algunas de las cosas que se me atribuyen a mí, así que no quisiera meter al conseller en un fregado a cuenta de algo que él no ha dicho). Pero si le han citado bien, le pondré con gusto una vela al santo competente en la materia para que no le echen del partido o del Gobierno por decirlo. El riesgo existe porque, seguramente sin mala intención, el hombre le acaba de quitar un cero a la estimación oficial de lo que España nos roba y eso se perdona mal por estos pagos. ¿Que qué tonterías digo? Saquemos la calculadora.
Con datos tomados del padrón y del informe de la propia Generalitat sobre la balanza fiscal de 2010 (Cuadros 3 y 9), el gasto total de la Administración central ascendió en ese año a 319.692 millones de euros, el peso de Cataluña en la población española fue del 15,98% y su participación en el gasto estatal del 14,18% o del 15,43% según se tome la estimación de flujo monetario o la de carga-beneficio. Esto nos deja con un déficit total con relación al gasto que nos tocaría por población de entre un 0,55% y un 1,80% del gasto total del Estado, o de entre 1.757 y 5.747 millones de euros.
En la mayor de estas cifras estaría incluida la parte que nos toca por población del gasto estatal en defensa, exteriores y servicios centrales del Estado. Puesto que resultaría un pelín complicado sostener que el no regalarnos tales servicios constituiría un abuso insoportable, una persona razonable como Mas-Colell tendría que conformarse con reclamar la menor de estas cantidades, lo que le deja con motivos de queja por valor de un 10,62% de la estimación oficial de lo que pagamos de más, los 16.543 millones de la estimación neutralizada por flujo monetario que nos ha sido revelada en el último informe de la Generalitat.
Y este es el problema de fondo. Para algunos nacionalistas catalanes el expolio es un artículo de fe, y una verdad revelada no se cuestiona, ni se investiga, ni se contrasta (no vaya a ser…). Por eso los auténticos creyentes han salido en tromba a descalificar una estadística que no han visto y que solo pretende aportar datos que puedan hacer posible un análisis más detallado y un debate más racional sobre una cuestión muy sensible. No les hace falta verla. Cualquier cosa que aporte luz les resulta incómoda. No porque ellos puedan llegar a abjurar de la fe verdadera, sino porque les complica la tarea de evangelización. Y eso ahora mismo podría ser un grave problema.
Ángel de la Fuente es investigador del Instituto de Análisis Económico (CSIC), Barcelona.