La renuncia a cerrar acuerdos políticos con el proyecto nacionalista radical que todavía justifica los centenares de asesinatos de ETA formaba parte de la fibra moral que cohesionaba una idea compartida de España y de la libertad. Así era en nuestro confortable mundo de ayer. Bildu es hoy el partido de moda en el País Vasco y Navarra porque la hipocresía del PNV y la ambición del PSOE, y en otra medida la indolencia del PP, han impedido una mínima pedagogía democrática de la responsabilidad de la izquierda abertzale en la afirmación entre sus seguidores del odio que fue el fundamento emocional de varias décadas de asesinatos y asedio a la convivencia.
Al menos durante unos años subsistió entre los partidos que habían padecido de la mano la persecución terrorista un escrúpulo aparente hacia las víctimas, en forma de compromiso histórico de exigir a Bildu un «recorrido ético» que incluyera una condena explícita de su pasado de violencia o una voluntad de reparación mediante la contribución al esclarecimiento de 300 crímenes sin resolver. Ya no: nadie tenía ninguna duda de que este día llegaría, pero Pamplona es un punto de inflexión sentimental en la construcción del muro que construye Pedro Sánchez. Las dos manifestaciones que coincidirán el 28 de diciembre en la Plaza Consistorial, cuando el nuevo alcalde, Joseba Asiron, tome posesión -una de los constitucionalistas; otra de Sortu- serán un símbolo de la fractura social que recorre el país.
Desde aquella foto de hace cuatro años de Adriana Lastra y Rafael Simancas con cara de palo hasta la más reciente del sonriente Sánchez junto a Mertxe Aizpurua, el PSOE había dado pasos muy claros para homologar plenamente a Bildu como partido de gobierno, como si ETA no hubiera existido, algunos tan elocuentes de una filosofía fundacional conjunta como la extensión de la Ley de Memoria Democracia hasta 1983 para que Arnaldo Otegi pueda atribuir la pervivencia de la banda en democracia a una pretendida lucha de liberación.
Una de las operaciones más significativas de ese plan concertado de blanqueamiento tuvo lugar en octubre de 2021, cuando Moncloa aplaudió una solemne comparecencia de Otegi en Ayete para decir que «el dolor de las víctimas nunca debió haberse producido», como si hubiese sido a causa de alguna inevitable desgracia y no de la decisión consciente de aniquilar al discrepante mediante el asesinato político. Horas después, El Correo publicó un vídeo en el que el líder de Bildu, sin saber que estaba siendo grabado, revelaba una hoja de ruta para obtener de Sánchez la excarcelación prematura de todos «sus presos», incluyendo los más sanguinarios, mediante «un cambio legislativo».
Lo verán nuestros ojos y probablemente pronto. Cuando el ministro portavoz de facto, Óscar Puente, sostuvo «sin complejos» que Bildu es un «partido progresista democrático» preferible a uno «de derechas», estaba cavando muy profundo en la trinchera de la polarización, pero al mismo tiempo deslizaba la salida adelantada de los presos de ETA, pues de qué manera un «partido progresista democrático» podría tener presos políticos. Otro síntoma es que la letra del acuerdo entre el PSOE y Bildu, del que Pamplona es el primer pago, permanezca oculta.
La constatación de que la cultura de la intolerancia y del fanatismo sigue siendo el corazón de la izquierda abertzale se puso de manifiesto con la infamia de la inclusión de 44 etarras, siete de ellos con delitos de sangre, en sus listas de las municipales. Precisamente, el impacto atmosférico de aquella decisión en los resultados del PSOE del 28-M está detrás del fingimiento durante la campaña del 23-J de que los socialistas no entregarían Pamplona a Bildu, hasta el extremo de pervertir las instituciones para teatralizar que consentía la investidura de la candidata de UPN para aislar a los radicales. Así se ponía a la altura de lo que había hecho el PP en el Ayuntamiento de Vitoria o en la Diputación de Guipúzcoa. Pero el mismo día que Cristina Ibarrola tomaba el bastón de mando, la crónica del corresponsal de EL MUNDO Josean Izarra ya recogía las palabras del concejal de Podemos Txema Mauleón reconociendo que la moción de censura estaba en marcha. Con el argumento falsario de la debilidad del gobierno municipal, Sánchez hace otra vez ostentación de su mentira, un recurso desolador que inocula la desconfianza en el ciudadano y desvirtúa el valor de la democracia porque declara sometida la verdad al tacticismo.
Sánchez deja claro en Pamplona que su plan para aplicar un cordón implacable a la derecha en las instituciones no se detendrá ante nada: tampoco en Navarra, donde tantas víctimas dejó el terrorismo de ETA entre quienes defendían su pluralidad frente al nacionalismo anexionista, donde la violencia latente sigue sugiriéndose en los sanfermines o en Alsasua y donde la presión totalizadora de los movimientos civiles radicales se siente ya con fuerza en los municipios de la Ribera. UPN sufrirá y tendrá la ocasión de revisar su relación con el PP, pésimamente gestionada por los dos tras el episodio de la reforma laboral.
El PSOE, dedicado a la cohesión de su proyecto confederal, regala a Bildu un espaldarazo de prestigio, influencia y presencia institucional en vísperas de las elecciones vascas: la entrega de la que ellos consideran la capital de Euskal Herria no es otra cosa que un respaldo tácito a sus pretensiones de anexión. La advertencia al PNV es brutal porque de un plumazo Sánchez pone bajo sospecha el compromiso del líder del PSE, Eneko Andueza, de no pactar el Ejecutivo vasco con Bildu, lo que automáticamente concede a la izquierda abertzale la impronta de alternativa de gobierno. ¿Por qué en Pamplona y no en Vitoria? La candidatura de Peio Otxandiano, designado por Otegi por su ausencia de vínculos con el pasado, cobra impulso con propuestas sociales, verdes y feministas. Ya nadie se pregunta si sucederá. Sólo cuándo. Como si ETA nunca hubiera existido.
Joaquín Manso, director de El Mundo.