El pacto sanitario no puede esperar más

Según el último barómetro del CIS del mes de diciembre, la preocupación por la Sanidad alcanza niveles máximos y ya es considerado uno de los 5 problemas principales para los españoles. Razón, para ello, no nos falta puesto que los últimos informes especializados del sector sanitario indican que, durante los años de recesión económica –2008-2015–, se ha producido una desinversión del gasto sanitario público superior al 10%, frente a un incremento del gasto sanitario privado mayor al 7%.

El incremento del gasto privado se ha manifestado tanto en las partidas que los ciudadanos destinan al llamado dinero de bolsillo como al que invierten a través de los seguros sanitarios de salud con la finalidad de tener una cobertura sanitaria suplementaria a la del sistema sanitario público, siendo este último, suscrito actualmente por casi 7,8 millones de ciudadanos, datos que siguen aumentando a un ritmo aproximado del 3-5% anual y aunque, sin duda interviene la calidad del sector sanitario privado de nuestro país en este incremento, no se puede dejar de lado, al considerar su origen, las deficiencias que presenta el sistema sanitario público.

Además de los problemas conocidos por todos – en particular las referentes a las dificultades de acceso a los servicios a través de las lista de espera, o las cada vez más frecuentes lagunas en la cobertura de servicios al considerar multitud de procesos o tratamientos en la categoría socio-sanitaria y por tanto dejarlos fuera de la cobertura del sistema sanitario -, la desinversión en el gasto sanitario público, ha tenido consecuencias en cuestiones tan críticas para el mantenimiento de un sistema sanitario de calidad, como la renovación y la innovación tecnológica, o los recortes en el acceso a los últimos tratamientos farmacológicos. Y lo más lógico es que esto vaya a seguir en aumento, más todavía, con los límites al gasto sanitario impuesto a las Comunidades. por los requisitos demandados desde la UE.

No se puede olvidar que los logros que consigue el sistema público a fin de garantizar el acceso a los servicios sanitarios a la población, se consiguen, le pese a quien le pese, gracias a diferentes fórmulas de colaboración público-privada entre las que destacan los conciertos, las concesiones y el mutualismo administrativo, por las cuales el sector privado gestiona a través de provisión propia aproximadamente el 12% de todo el gasto sanitario público. Fórmulas que en el momento actual, se están poniendo en cuestión, no por motivos de interés sanitario o con una base económica firme, sino por cuestiones puramente ideológicas.

Por otra parte, el sistema sanitario público está regulado por una norma principal –Ley General de Sanidad del 1986–, que hace años ha comenzado a demostrar signos de agotamiento. Basta un dato para poder hacernos una idea de la situación en la que se encuentra en la actualidad: el 74% de sus artículos están desactualizados o han sido derogados o modificados.

Ahora que, por fin, salimos de la crisis y que políticamente, los pactos, se hacen más necesarios que nunca, es el momento de que contemplemos el sistema sanitario en su conjunto, de que apostemos desde el mayor consenso político posible, por una auténtica reforma del sistema sanitario público a nivel estructural y legislativo que contemple entre otras medidas, la definición de una cartera de servicios realista y una financiación suficiente, la adaptación de la oferta a la demanda de la población haciendo especial hincapié en la coordinación con los servicios socio-sanitarios, una gobernanza del sistema que garantice la equidad en todo el territorio, medidas para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos (humanos, económicos y técnicos) con una especial reevaluación del papel que desempeña el sector privado, y, desde luego, la corresponsabilidad de los ciudadanos en la utilización de servicios y prestaciones, estando siempre junto al paciente independientemente de su situación y condición social.

La protección de la Salud, es uno de los principios esenciales en los que se sustenta el Estado de Bienestar, tal y como se proclama en el artículo 43 de nuestra Constitución y es necesario realizar las reformas necesarias a fin de hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud y mejorar su funcionamiento en línea con las medidas que se promueven desde instancias europeas.

Es hora de dejar a un lado la ideología y que prevalezcan exclusivamente los intereses de los ciudadanos en una cuestión tan crítica como la Sanidad, porque aunque parezca que lo políticamente correcto sea negarlo, nuestro sistema sanitario público se esta desmoronando. Nuestros gobernantes tienen la obligación de llegar al tan ansiado y reclamado Pacto de Estado por la Sanidad a fin de que prevalezcan únicamente los intereses sanitarios y nuestro país recupere, porque ya no lo es, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo en resultados, acceso y nivel de prestaciones cubiertos.

Juan Abarca Cidón, presidente de HM HOSPITALES.

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