El Ministro de Ciencia acaba de anunciar que el Gobierno planea un proceso de integración de varios Organismos Públicos de Investigación (OPIs) -INIA, IEO e IGME- en el CSIC. Esta propuesta, de la que se sabe poco más que lo que dice la carta que el Ministro remitió al personal de los OPIs afectados, llega tras varias medidas de salvamento tomadas o anunciadas por el Gobierno de Sánchez para la ciencia.
Los OPIs afectados están, desde hace años, en una situación crítica. Necesitan, desde luego, una actualización y redefinición de sus misiones, capacidades y medios para responder al papel central que la investigación y el conocimiento han tomado, para ofrecer el conocimiento especializado y servicios que los Gobiernos necesitan, así como para integrar la creciente complejidad (o duplicación) del Estado autonómico y el mayor peso de Europa en I+D.
La mayoría de estos OPIs pertenecen a una categoría internacionalmente denominada “centros de Investigación orientados por una misión”, lo que conlleva una cierta especialización sectorial o científica (por ejemplo, investigación agraria, oceanográfica, etcétera), la prestación de servicios al aparato del Estado, o la producción de conocimiento y su difusión o transferencia al sector productivo; en ese sentido son distintos de la mayoría de los institutos del CSIC, que han venido operando en el modelo de la investigación universitaria.
La iniciativa no es nueva; se ha intentado (con diferentes motivaciones) en el pasado y en general casi siempre bajo la lógica de la “racionalización de la administración pública”. El Real Decreto de estructura de Gobierno de Aznar, en 1996, estableció la fusión de los OPIs (integración en el CSIC) en el plazo de seis meses; en 2000, la mayoría de los OPIS sectoriales se incorporaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología y se inició el proceso de integración de las “escalas de funcionarios”; desde entonces la mayoría de ellos han seguido bajo la misma tutela ministerial. La Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas (CORA) en su primer informe ya sugería la integración de “los servicios comunes” de los OPIS y recordó el mandato de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de 2012, de reorganización de los OPIS (adicional octava), incluida su extinción o fusión en caso de duplicidad. Mientras se “racionalizaban”, lo cierto es que el funcionamiento de los OPIS se degradaba.
La propuesta de integración es delicada, como sugiere tanto fracaso en los últimos 25 años. Puede haber conflictos, pero quizás haya que afrontarlos para que las cosas mejoren. Hay fuerzas e intereses que se han resistido y hacen falta argumentos.
No se ha explicado en detalle qué motiva la iniciativa o cual es el diagnóstico: ¿El simple cumplimiento de la habilitación legislativa de la Ley de la ciencia?; ¿una pretendida solución de los problemas administrativos de gestión que los OPIs? (si es esto, ¿qué modelo de régimen jurídico y de gestión se le va a otorgar a la entidad resultante?); o se trata de ¿una potenciación de las actividades de producción de conocimiento y su aplicación a la modernización de la economía? (si es esto, ¿cuál es el proyecto científico?); sin duda hay otras preguntas, pero el Gobierno debe explicarse para su debate.
Algunos creen que salvar del naufragio al IEO puede llevar a la zozobra a otros OPIS, pero lo cierto es que las condiciones de funcionamiento y operación de los OPIs (incluido el CSIC) se caracterizan por lo que ya se denomina la “burocratización irracional” (contradictio in terminis) y es aquí donde hay que actuar.
Luis Sanz Menéndez es profesor de investigación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC