La democracia es un sistema político de control del poder en beneficio de la libertad de los ciudadanos. Es un modo de organizar la convivencia en el que se sitúa la libertad, junto con la justicia, la igualdad y el pluralismo político, en el cenit de los valores superiores del ordenamiento jurídico.
En nuestra vigente Constitución hay normas que resaltan el importantísimo papel que desempeña el pueblo en el sistema democrático organizado por ella, como la que establece que ‘la soberanía nacional’ reside en el pueblo (art.1.2), o la que afirma que España es la patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2), o la que confía a los partidos políticos encauzar la participación política de la ciudadanía (art.6), o, finalmente, la que establece que los ciudadanos tienen derechos y deberes fundamentales, entre los que se encuentran los que podrían denominarse de ‘contenido intelectual’ (arts. 20 y 27).
Pero para la Constitución la palabra ‘pueblo’ no posee un contenido estático, rígido y permanente, sino que alude a una realidad dinámica y cambiante. El pueblo español es la gente que habita en España, pero las personas que lo integran en cada momento no son las mismas, sino que van cambiando. Y eso es lo que hace posible que el pueblo español de una época no presente las mismas características que el de otra.
Por otro lado, en la transformación constante de lo que va constituyendo ‘el pueblo’ influye decisivamente la acción del poder, al que siempre le interesa más un pueblo domesticado, poco informado, casi ignorante y servil, que una ciudadanía bien instruida, libre, crítica y exigente. Por eso, una parte importante de la acción del poder consiste en dificultar que a través de la educación la gente del montón alcance el desarrollo más completo de su personalidad.
En 1937, recién llegado a Estados Unidos, Aldous Huxley opinaba que Europa se había rendido a la idolatría de «divinidades locales como la nación, el partido, la clase o el caudillo endiosado». Señalaba también que las masas eran «conducidas como rebaños» y que «el individuo había sido reducido a un estado de intoxicada subhumanidad». No debe extrañar por tal razón que en su obra ‘El fin y los medios’, publicada en ese mismo año, el filósofo británico insistiese en que el siglo XX había sido testigo de la caída del hombre liberal y de la aparición del hombre-rebaño, así como de la del líder ‘endosiado’. Observaba asimismo Huxley una disminución del aprecio que los hombres sentían por la verdad y que, nunca hasta entonces, se había practicado la mentira organizada con tanto descaro, envolviéndola en forma de una propaganda que inculcaba el odio y la vanidad.
Estas ideas las expuso Huxley hace 84 años y la pregunta que surge inmediatamente es si la situación se ha reconducido y hoy tenemos un pueblo diferente, bien informado y más perspicaz que ejerce un control más eficaz del poder, o, por el contrario, las cosas han ido a peor, lo que significaría que nuestro sistema democrático no ha podido defender adecuadamente al pueblo frente al poder político.
En lo que concierne a España el tiempo que hay que tomar en consideración es el que arranca con nuestra Constitución de 1978 y comprobar el resultado transformador que ha tenido en nuestros días la instauración de la democracia. Lo que pretendo es averiguar hasta qué punto nuestra democracia constitucional, con una vida de algo más de 42 años, influyó en el hombre-rebaño, en la existencia de ‘caudillos endiosados’ y en la circulación de la ‘mentira’ organizada bajo el ropaje de la propaganda, asuntos de los que hablaba Huxley.
Me parece indiscutible que nuestra Constitución pretendía instituir una sociedad democrática avanzada en la que se promovieran la libertad y el progreso de la cultura, como se dice expresamente en su Preámbulo. Y tampoco tengo duda alguna de que entre su normativa reguló determinados derechos que, bien aplicados, alumbrarían la aparición de un ciudadano bien formado, debidamente instruido, independiente y, en consecuencia, muy alejado del ‘hombre-rebaño’ y poco vulnerable a los líderes endiosados y a la mentira-propaganda.
Y ello porque hay derechos constitucionales que persiguen la formación del ciudadano y otros que adoptan una postura crítica frente al poder. Los derechos que podríamos denominar de ‘carácter formativo’ son el derecho a la educación del artículo 27 y el derecho a recibir libremente información veraz del artículo 20.1.d. segundo inciso; y los derechos que contribuyen a la actuación crítica frente al poder son el de la libertad de expresión (art. 20.1 a) y derecho de ‘comunicar’ libremente información razonablemente contrastada (art. 20.1. d. primer inciso). Y es que el reconocimiento constitucional de estos derechos persigue, en definitiva, la formación de una opinión pública libre, crítica, plural y democrática.
Si los instrumentos existen, lo que queda por preguntarse es si han alcanzado su objetivo. Me gustaría sobremanera poder responder afirmativamente. Pero mi visión personal de nuestra realidad política y social del tiempo presente es muy pesimista. No hemos aprovechado los instrumentos que ha puesto a nuestro alcance la Constitución para sustituir el ‘hombre-rebaño’ por un ciudadano suficientemente instruido, independiente y crítico con el poder. El estafado es el pueblo y los estafadores los políticos incapaces de elaborar una ley general de educación aceptable por todos. No hemos conseguido tampoco que desapareciesen los ‘políticos-endiosados’ tal vez porque al dominar el poder los medios de comunicación el contenido de las noticias gira mayormente sobre la política y sus actores. Y, finalmente, la fulgurante y exitosa aparición de las redes sociales y el reseñado control de una gran parte de los medios por el poder han sumido a la ciudadanía, como nunca había sucedido anteriormente, en la era de la mentira descarada. Es como si en estos puntos concretos denunciados por Huxley todos los defensores de la Constitución, y especialmente los partidos políticos, no hubiéramos podido evitar que encallara.
José Manuel Otero Lastres es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.