Por Javier Rojo, presidente del Senado (EL CORREO DIGITAL, 16/07/06):
Los ciudadanos del País Vasco estamos en un momento histórico: estamos más cerca que nunca de poder vivir, por fin, en paz y de poder ejercer nuestra libertad política y personal sin la amenaza constante que el terrorismo de ETA ha representado para nosotros y para el resto de los españoles. Empiezo pues este artículo dejando claro que, si como defiende la mejor tradición liberal desde la Ilustración hasta hoy, los sujetos principales de derechos son las personas y no los colectivos, podemos decir que hoy, cuando en las calles de Euskadi se respira mayor seguridad, los ciudadanos del País Vasco somos más libres para determinar nuestro destino político común.
Es precisamente ahora, cuando nos hallamos más cerca que nunca del fin del terrorismo, cuando algunos creen que ha llegado el momento de la autodeterminación. Y, sin embargo, es absurdo invocar el derecho de autodeterminación de los pueblos cuando los posibles sujetos colectivos del mismo viven en un Estado democrático que defiende su derecho individual al voto y sus señas de identidad individuales (y por tanto colectivas), especialmente la lengua. Señas de identidad que, además, pueden compartir con otras. Es preferible situar la autodeterminación de los ciudadanos antes que la de los pueblos.
Por otro lado, sólo en el marco de un Estado de Derecho, es decir, desde el imperio de la ley, se pueden ejercer las libertades públicas. Esto es, precisamente, lo que garantiza las libertades y los derechos fundamentales de las personas, reconocidos prioritariamente por la ONU.
Las mismas resoluciones de Naciones Unidas que algunos invocan para encontrar apoyo a sus argumentos señalan que el derecho a la autodeterminación de los pueblos (o, más precisamente, el principio de la libre determinación) no puede ser contemplado como un todo absoluto sino, como se hace siempre en Derecho, relacionándolo con otros derechos, empezando por el de la integridad territorial de los Estados. No está claro, además, qué constituye un pueblo. ¿Quién sería sujeto de la autodeterminación? ¿Por qué quienes hablan de autodeterminación del pueblo vasco no quieren respetar la voluntad de los navarros? En todo caso, insisto: en las resoluciones de la ONU se habla antes de los derechos de las personas que de la existencia de este derecho colectivo. Y, por ende, se entiende el derecho de autodeterminación en el contexto de los procesos de descolonización. No es el caso de Euskadi.
Quienes defienden la independencia de Euskadi deberían decir la verdad y asumir el coste de estar fuera de la Unión Europea. Deberían explicar además el coste económico, político y social de la medida. Y cuando hablo de coste político me refiero a la pérdida de derechos y seguridades jurídicas y personales que supondría semejante aventura para los vascos.
La ciudadanía vasca, al aceptar la Constitución y el Estatuto de Gernika, ha ejercido de hecho su autonomía y su libertad, comprometiéndola con el conjunto de España. Y ha seguido expresando su voluntad política en elecciones sucesivas; por cierto, en las últimas elecciones autonómicas con un importante descenso de voto para la propuesta soberanista.
Queda claro, por tanto, que el objetivo ideal de la autodeterminación no es sino un mito que ha sido utilizado como coartada para ejercer la violencia. La autodeterminación obliga a los ciudadanos a elegir entre una u otra identidad pero, lo que es más grave, obliga a la sociedad vasca a elegir entre sus identidades. Lo cual equivale a establecer una homogeneidad en su definición y eso nos sitúa fuera de la pluralidad, de la riqueza identitaria que garantiza el sistema democrático.
Ese ha sido precisamente el objetivo primordial de la banda terrorista ETA. Los terroristas han querido eliminarnos de Euskadi. Y ahora que estamos más cerca del fin del terrorismo manifiesto que la autodeterminación, a pesar de que la niego como derecho absoluto, es un objetivo político que algunos nos volverán a plantear. La independencia de Euskadi ante España, si lo proponen, tiene que hacerse de forma clara, sin ambigüedades, acorde a las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, pacíficamente y sin chantajes de ningún tipo. Porque las propuestas políticas en democracia se hacen en el marco del imperio de la Ley, que garantiza la seguridad necesaria para que todos, y no sólo los defensores de una determinada opción política, tengan las máximas garantías de sus derechos fundamentales. No es posible apelar a tener una relación amable con España cuando se quieren romper los vínculos; o se está en España, o se está fuera de ella. Todo a la vez es imposible.
Hoy, en España, el Estado autonómico es un formidable instrumento para responder a los desafíos que la dicotomía política entre lo global y lo cercano plantea a las instituciones democráticas en este siglo XXI. Es decir, nuestras instituciones autonómicas son, a un tiempo, tanto la mejor solución a los conflictos heredados del pasado como un gran medio para manejar el futuro. Son por tanto el mejor instrumento político para la libre determinación de los vascos, teniendo siempre presente que lo fundamental son los ciudadanos, con la Constitución y el Estatuto de Gernika como instrumentos fundamentales para la convivencia.