En los próximos años, las administraciones públicas pretenderán a la vez conseguir una reducción del déficit público, un incremento del gasto social y la construcción de infraestructuras. El nuevo ciclo expansivo de la economía hará aumentar la recaudación de impuestos, pero no permitirá alcanzar simultáneamente esos tres objetivos. Por lo tanto, nuestros políticos deberán afrontar un dilema: renunciar a alguno o contar con el sector privado para conseguirlos. Desde una perspectiva económica y social, la segunda opción es la mejor. Así pues, a priori distintas fórmulas de colaboración público-privada deberían tener un gran protagonismo en los próximos años.
Pese a las ventajas del modelo, nuestros líderes pueden dejarse llevar por el creciente rechazo de la ciudadanía a dicho tipo de colaboración. Una mala fama que proviene de la creencia de que con ella las empresas privadas obtienen elevados beneficios si el negocio va bien y si va mal la Administración es quién sufraga las pérdidas. Hay tres ejemplos: el rescate de las autopistas radiales de Madrid, el del túnel del AVE en los Pirineos y el del almacén de gas Castor. En estos casos, el problema no es la colaboración con el sector privado, sino su ejecución. En todos ellos, no se traspasó adecuadamente a las empresas el riesgo que entrañaba la concesión. Por tanto, la solución no es la eliminación del modelo, sino una mejor regulación.
Dicha mala fama puede provocar en Cataluña una situación surrealista: el rescate de una concesión a cincuenta años solo cuatro años después de ser otorgada. Es el caso de Aguas Ter-Llobregat. Dicho rescate sería totalmente inusual en una nación desarrollada y más propio de un país bolivariano sin seguridad jurídica.
La concesión al consorcio encabezado por Acciona tuvo como finalidad obtener un ingreso extraordinario para cubrir el déficit y evitar al erario público tener que sufragar las cuantiosas inversiones de mantenimiento de la red. Hoy, ambos motivos continúan plenamente vigentes.
Si finalmente el Parlament elabora una ley para permitir el rescate, los grupos políticos que voten a favor realizarán un acto de populismo e irresponsabilidad, especialmente los que apoyaron la concesión en 2012. Dado que Acciona no ha incumplido los términos de la misma, su reversión no estaría basada en hechos objetivos, sino en el oportunismo político.
La compensación que la Generalitat debería otorgar al adjudicatario podría llegar a ser la suma del capital invertido, la indemnización por daños y perjuicios y el lucro cesante. Es decir, entre 389,5 (capital invertido) y 1.200 millones de euros (evaluación de Junts Pel Sí). ¿De dónde sacará la Generalitat el dinero? Muy probablemente de la sanidad, la educación y la asistencia social. Estoy seguro que si se lo explicaran así a los ciudadanos, la mayor parte verían la colaboración público-privada de forma mucho más positiva.
En definitiva, dicha fórmula es una magnífica herramienta que permite a las Administraciones prestar más y mejores servicios. El problema está en su regulación y su adjudicación. Si se hubiera actuado escrupulosamente, probablemente el Parlament no debatiría el rescate o no de la concesión. En cualquier caso, los ciudadanos no deben pagar las consecuencias de las actuaciones de unos y del oportunismo político de otros.
Gonzalo Bernardos es profesor de Economía de la UB.