De siempre ha sido conocido el interés de la izquierda política, sindical, juvenil y asociativa por patrimonializar la política educativa en España. De ahí se nutre en gran medida otro mantra asumido por muchos sobre la supuesta superioridad moral de la izquierda que se apropia de iniciativas sociales bajo el paraguas de la ayuda a los más desfavorecidos.
Obsesivo resulta su deseo de derogar las leyes educativas impulsadas por el Partido Popular en cuanto llega al Gobierno. Lo hizo en 2006 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, siendo ministra Pilar del Castillo, y lo volverán a hacer ahora con la Lomce, aprobada en 2013 por el Gobierno de Rajoy, teniendo José Ignacio Wert la cartera de Educación.
Ayer fue aprobada por el Consejo de Ministros la denominada «ley Celaá», la séptima ley educativa nacional desde que hay democracia en España, un proyecto normativo escondido en los cajones del Ministerio de Educación desde antes de celebrarse las elecciones generales de abril del año pasado y que ahora, sin modificación alguna, y también sin consenso de ningún tipo, iniciará su tramitación parlamentaria con la esperanza de ganarse la adhesiones de todos los grupos (independentistas catalanes y proetarras incluidos) que auparon a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Desde ayer, la libertad de las familias para decidir la educación que quieren para sus hijos está de nuevo en peligro, la «ley Celaá» no es el fruto de un pacto de Estado que todos los ciudadanos desean, es una ley con fecha de caducidad porque carece de un mínimo acuerdo con los partidos políticos, la comunidad educativa y los gobiernos autonómicos. Estos últimos somos los que ostentamos las competencias de gestión directa sobre los centros escolares, pero poco o nada hemos participado en la ley, salvo una ronda con la ministra hace unas semanas buscando exclusivamente una foto falsa de un hipotético espíritu de consenso que no ha existido.
Las prisas del Gobierno por aprobar este proyecto se han saltado el paso por el Consejo Escolar del Estado, que ya puso serios reparos cuando se envió por primera vez el año pasado, ni tampoco lo ha sometido a la consideración del Consejo de Estado.
En la Comunidad de Madrid los padres eligen en libertad cual es la educación que quieren para sus hijos y así seguirá siendo. No vamos a permitir injerencias artificiales a la libertad de elección estableciendo cuotas o porcentajes en la educación pública o concertada porque eso es ingeniería social. Ya hemos apreciado en el texto normativo cómo se pretende suprimir el concepto de demanda social, que permite a los padres escolarizar a sus hijos atendiendo a sus convicciones morales, un derecho recogido en el artículo 27.3 de la Constitución
Esta ley planea convertir en residuales los centros de educación especial y planea para ellos una especie de plazo de caducidad de diez años. Se aprecia también el velado deseo de restringir la educación diferenciada, que igualmente goza de reconocimiento pleno en nuestra Carta Magna; o la pretensión de arrinconar la asignatura de religión a la que convierten en no evaluable, sin dar a los alumnos la opción de elegir otra asignatura optativa a esta. Esta medida podría ser contraria además a los acuerdos con la Santa Sede.
El Gobierno de Sánchez no puede imponer por la puerta de atrás una contrarreforma educativa que no tenga en cuenta la realidad de la educación en España (pública, concertada y privada). Por ello, nos tendrá en frente para salvaguardar los pilares de nuestro sistema educativo, y si esta ley es aprobada en el Congreso tal como está redactada ahora, la recurriremos ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de varios derechos fundamentales. Esta nueva reforma educativa sólo se puede justificar por motivos ideológicos sectarios y eso tendrá la debida respuesta. La libertad no se toca.
Enrique Ossorio es consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.