La mano que mece el deporte

Estos días salta a la luz pública lo que era un secreto a voces: las corruptelas que inundan el mundo de los organismos internacionales deportivos. El Derecho Internacional tiene resueltos los posibles conflictos entre estos organismos supranacionales y los estados, pero ¿qué sucede con las organizaciones deportivas nacionales? ¿Por qué parece que para ellas también hay otra vara de medir?

El 20 de abril de 1947, en Mont Pélerin (Alpes suizos), el que se denominó «Grupo Mont Pélerin» acudió a la llamada de Friedrich Hayek y Milton Friedman para repudiar el «New Deal» y proponer una reducción masiva del aparato del Estado a favor de lo privado, lo que supondría en la parte final de siglo un camino fácil para el monopolio, corporativismo, lobbismo o amiguismo. 68 años después, el pasado 11 de febrero, el que se denominará «Grupo Knife» –seguidor en lo intelectual del grupo de Hayek y Friedman– se reunió como forma más eficiente para la administración del deporte para consagrar lo que viene siendo en algunos sectores un «neoliberalismo deportivo». Frente a esta postura, no solo ha de actuar la Justicia –como ejemplarmente está haciendo la Corte norteamericana–; las sociedades de los diferentes estados deben proclamar que el deporte es mucho más que fútbol y olimpismo. Deporte es un bien social que presta utilidades directas e indirectas a las sociedades.

Como en otros organismos internacionales, los denominados líderes del deporte no tienen discurso ni ideas sólidas sobre el modelo necesario para desarrollar este bien social, sino solo palabras vacuas orientadas a la consolidación de monopolios que en muchos casos responden a intereses privados. Esas palabras, por muy repetidas que sean, no dejan de ser falacias que nos recuerdan etapas que debían estar superadas.

La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, puso punto y final a la laxitud justificativa de los «dineros» públicos en lo que afecta a las organizaciones públicas y privadas que participan de subvenciones del Estado. Los partícipes de las teorías del «Grupo Knife» intentan justificar su incomodidad con la norma diciendo que «no consideran este dinero como subvención». Frágil argumento y actitud propia de organizaciones opacas que buscan burlar el imperio de la ley en su propio beneficio. Peor aún es el que afirma estar «bajo jurisdicción» del comité correspondiente y que «este prevalece sobre la norma estatal». Es decir, que «el deporte es soberano». Una declaración de esta índole es poco menos que una apelación al derecho de autodeterminación.

Las organizaciones, mercantiles o no, se someten al ordenamiento jurídico, general y específico, como principio fundamental de los Estados de Derecho que consagran el principio de igualdad jurídica de los ciudadanos y sus formas de organizarse; y, en este sentido, así es sancionado por la Constitución, que además especifica que es deber de los poderes públicos el fomento del deporte como bien de la ciudadanía y del interés general. La mercantilización del deporte no está por encima del ordenamiento jurídico nacional. En el debate de confrontación entre lo público y lo privado se han infiltrado interesados en mostrar una imagen de inoperancia y despilfarro en la gestión de los fondos públicos, ofreciéndose desde «sus organizaciones» a la administración de los mismos. La segmentación del interés general aparece como un nuevo fundamento del neoliberalismo deportivo.

La solución empieza por entender la ciencia del deporte y sus valores intangibles, que forman parte de la cultura y enriquecen el espíritu ciudadano colectivo, pilar básico de la democracia. El Gobierno es el que debe establecer una auténtica política y justicia deportiva en la que se integren no solo las organizaciones deportivas, sino también la transparencia de su administración. El Gobierno, garante de la soberanía, no puede permitir que organizaciones de carácter privado, por muy internacionalizadas que se declaren, intenten sortear la ley o chantajearla.

Se acierta al afirmar que son necesarias reformas estructurales, acompañadas de un análisis económico y financiero. También es correcto observar el deporte desde una visión poliédrica de sus utilidades, y ello conlleva la sensibilización de los gobiernos para impulsar la participación de la sociedad en su sostenimiento. El actual sistema requiere una clarificación de las competencias del sistema público-privado, necesaria en la forma en que se define la teoría de la cooperación como Alianza Estratégica.

Manuel López Quero, director del Foro Deporte, Sociedad y Empresa.

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