El destacado periodista y político eibarrés Luis Aranberri --'Amatiño'- publicó el pasado 11 de diciembre un artículo titulado 'Entre los modelos Borbón y Sarkozy', en el que no se muestra hostil hacia los Borbones e incluso hace una reivindicación de la vascofilia de Cánovas del Castillo (el principal responsable de la derogación foral de 1878, que él mismo sustituyó por el sistema de Conciertos Económicos). Dos esperanzadores gestos de justicia histórica, pues tanto la figura de Cánovas del Castillo como la del rey Juan Carlos venían recibiendo un duro trato por parte de los formadores de opinión del nacionalismo vasco.
Sin embargo, en el texto del señor Aranberri también se afirma que no hace falta saber historia para conocer los vínculos de los vascos con la Monarquía, pues basta acudir como simple turista a la Casa de Juntas de Gernika. Algo con lo que no puedo estar más en desacuerdo. De la misma manera que -a través de su artículo- muchos nos enteramos del mecenazgo euskaldun de la reina Joana de Albret, otros tantos de los que ahora me lean se enterarán de que, gracias al rey Carlos III se fundó en Bergara el Real Seminario Patriótico Bascongado y de que merced a la colaboración del rey Alfonso XIII se fundó Eusko Ikaskuntza. La diferencia es que estos dos últimos hechos no se mencionan en los libros de Historia que estudian nuestros escolares; mientras que el apoyo a las letras vascas de aquella reina de la Navarra de ultrapuertos -en palabras de Amatiño- «sigue teniendo siglos más tarde el merecido reconocimiento en los programas escolares». Dado que carezco del suficiente conocimiento sobre la trascendencia de ese mecenazgo, no me atrevo a valorarlo; pero sí afirmo que las actuaciones de los mencionados reyes de España vienen teniendo extraordinarias consecuencias para la cultura vasca, desde el siglo XVIII hasta ahora mismo.
Porque según a qué monarcas nos refiramos, el tratamiento de la historiografía y de los propagandistas nacionalistas es muy distinto. Es de conocimiento general su vieja tesis de «los Austria fueron muy buenos, pero los Borbones nos quitaron los fueros». Algo que -por haber sido reiterado machaconamente, desde hace muchos años, y por todos los medios posibles- muchos vascos creen firmemente. Probablemente, porque siguiendo la recomendación del señor Aranberri, no leen historia, limitándose a hacer turismo.
La cuestión de fondo es que la historia escolar hay que basarla en la historiografía que ha pasado por los filtros académicos, sustrayéndola -además- de toda orientación ideológica. Lo que no resulta ético es omitir aspectos esenciales del pasado o manipular las explicaciones causales con intencionalidades partidistas. Recuerdo perfectamente el sentimiento de disgusto que experimenté durante el curso de 'Formación del espíritu nacional' que padecí en el colegio y las diferencias que aprecié entre la guerra civil que me explicaban en clase y la que yo leí en el libro de Hugh Thomas. Según escribo estas líneas, tengo entre mis manos -con cierta nostalgia- esa edición de Ruedo Ibérico (1962) que tuve que comprar en Biarritz hace más de treinta años; porque no podía conseguirse en España. Hoy en día, quien aprenda Historia exclusivamente a través de los libros de texto oficiales, puede padecer semejante indoctrinación.
Además, ya es hora de que los publicistas del nacionalismo vasco dejen en paz a la Corona; labor de desprestigio en la que coinciden con los nacionalistas españoles más exaltados. Estos últimos le achacan al Rey justo lo contrario que sus homónimos vascos: no defender lo suficiente la actual configuración estatal y a las víctimas del terrorismo. Una coincidencia en los ataques que a mí me hacen pensar que lo debe de estar haciendo bastante bien.
Ya que todos los nacionalismos sin Estado se dedican a la continua reivindicación de sus intereses privativos, es natural que tengan problemas de comprensión hacia una institución que debe dedicarse a la representación institucional de todos los ciudadanos y a la personificación de las diversas tradiciones de España. La monarquía, como todas las instituciones públicas, debe estar sujeta a control y ser sometida a críticas razonables y razonadas, pero también debe recibir la especial consideración que se merece por su papel de representación del Estado y de la tradición histórica que personifica.
Pero lo más relevante del artículo de Luis Aranberri son las dos preguntas con las que acaba: si la Corona es consciente de su responsabilidad y compromiso con la Historia y si está dispuesta a no dejar pasar la oportunidad de demostrarlo. Probablemente, ambas se refieren al posible papel del Rey en la consecución de un acuerdo Gobierno vasco-Gobierno central sobre el asunto de la soberanía compartida. Tema que satisfaría las aspiraciones de diferenciación del PNV (siempre y cuando no lo tuvieran también las demás comunidades) y que tendría la ventaja de actualizar e institucionalizar el viejo pactismo.
No es de extrañar el interés que podría tener el nacionalismo democrático en esa hipotética actuación del Rey. Porque, en primer lugar, sentaría el precedente de equiparar a un gobierno central con otro autonómico (siendo el Rey el árbitro). Además, de llegarse a alguna clase de acuerdo, si en un futuro desapareciera la Monarquía -al ser ésta el vínculo de unión de dos soberanías- el Parlamento vasco podría asumir toda la legitimidad histórica y declarar unilateralmente la independencia. Por último, aun sin desaparecer la Monarquía, si una mayoría de un Parlamento vasco soberano considerara que se incumple el pacto por parte del Gobierno del Estado, podría recurrir con mayor legitimidad a la triquiñuela foral del 'se obedece pero no se cumple'. Esto último ya lo vienen practicando las autoridades autonómicas desde hace muchos años; antes con los contactos con Batasuna y actualmente con la ley de banderas.
Por eso, el objetivo actual del PNV es recuperar algún tipo de variante del 'pase foral': la facultad de ignorar toda aquella legislación que consideren vulneradora de sus competencias, y que supone un práctico mecanismo de preservación de soberanía. A su vez, tratarán de supeditarlo exclusivamente a un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nombrado por el propio Parlamento autonómico. Porque de esta manera podrían tener un total control autóctono de la interpretación de las competencias. En cambio, como ocurre ahora, si el pacto no estuviera acompañado por la designación unilateral del Tribunal, habría riesgo de que sus decisiones no fueran siempre favorables.
Razón por la cual para los ciudadanos vascos no nacionalistas y nacionalistas españoles, el exceso de concentración de poder en manos de los partidos independentistas es una amenaza difícilmente digerible. Dado el tratamiento que estos vienen dando a la Historia y a las instituciones moderadoras (como la Monarquía o los tribunales de justicia) se percibe fundadamente que el pluralismo está en peligro. De ahí la resuelta oposición de una parte de la población vasca a hacer cambios institucionales que modifiquen los actuales equilibrios entre poderes.
En esta situación de desconfianzas mutuas nos encontramos. Por una parte, los nacionalistas temen la futura actitud de 'Madrid' y desean aprovechar la actual coyuntura para blindar jurídicamente sus competencias, o incluso alcanzar la independencia (ante semejante torbellino institucional, igual 'suena la flauta'). Temor que no carece de fundamento, pues la experiencia ha demostrado que las competencias que no se defienden, se acaban perdiendo. En cuanto a los partidos estatales, estos no pueden acordar unas cesiones -sean de soberanía o de sustitutivos prácticos de la soberanía-- que permitan a unos nacionalistas de inequívoca vocación independentista interpretar unilateralmente un pacto; si así lo hicieran, firmarían la defunción del Estado.
Lo cierto es que las pugnas entre las administraciones central y periférica - en todas partes y en cualquier época de la Historia- se han demostrado inevitables; por lo que hay que acostumbrarse a ellas y no dramatizarlas en exceso. Lo más que se puede hacer es buscar mecanismos que no enfrenten a la población. Siempre recordando que, además del interés de sus votantes, todos los gobernantes tienen sus propios intereses de acrecentamiento de poder y prestigio. Por ello resulta tan importante el papel de las instituciones y agentes sociales que puedan aportar a la disputa alguna moderación, criterios técnicos o perspectiva: la monarquía, los tribunales, la prensa y la intelectualidad, entre otros.
Finalmente, aunque me parezca improbable la intervención formal del Rey en el asunto de la soberanía, recalquemos lo positivo: el avance que supone el hecho de que un cualificado representante del nacionalismo democrático ponga esperanzas en su actuación. Si seguimos así, tal vez, algún día, los libros escolares y los medios de comunicación del Gobierno vasco decidan darle al actual Rey de España un tratamiento parecido al que ya recibe esa reina navarra del siglo XVI que nunca gobernó en Hegoalde.
Ignacio Suárez-Zuloaga