Mitos centralistas

El plan de reforma de las administraciones públicas introduce aspectos que volverán a modificar el diseño del Estado autonómico y provocarán, eventualmente, nuevas tensiones al respecto. El presidente Rajoy dijo acabar con el mito de una Administración sobredimensionada, pero persiste ese otro mito, el de las duplicidades, a modo de vergonzoso ejemplo de desbarajuste y lugar común de tantas invectivas contra el modelo autonómico. El autogobierno fue sinónimo de democracia durante la transición e inmediatamente después. Resulta que ahora, cuando algunos de los estatutos han sido ampliados recientemente en sus competencias, el debate territorial está sujeto a criterios de eficacia y eficiencia que se establecen desde el convencimiento de que el Estado central es siempre más racional y que la autonomía no es más que una concesión a los anhelos diferenciadores de algunas comunidades que otras tratarían de emular.

La argumentación razonada que recoge el informe para la reforma de las administraciones públicas parece insuficiente para soslayar los prejuicios y la desconfianza que se han instalado en círculos de influencia económica y de opinión respecto al hecho autonómico. La distinción de competencias entre exclusivas y compartidas y su ejercicio real tampoco sería tan crítica si el Estado compuesto no estuviera sometido a la tensión entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas que casi nunca explicitan con claridad sus intenciones o su agenda. Pero la propuesta racionalizadora del Gobierno no resulta precisamente aséptica. Su entrelineado contiene dos mensajes que la convierten en una poderosa palanca para remover los cimientos, no siempre firmes, sobre los que se asienta la actual realidad autonómica. Por una parte, la presencia de la ley de Estabilidad Presupuestaria como razón última y argumento disuasorio para procurar la anuencia de las comunidades autónomas más necesitadas. Por la otra, y como complemento de la primera, la invitación que se cursa para que los gobiernos autonómicos se avengan a las recomendaciones del plan e incluso pudieran ampliar la lista de las atribuciones a las que estarían dispuestos a renunciar.

El proceso autonómico ha tendido a una igualación competencial cuestionada ya no sólo por quienes aspiran a mayores niveles de autogobierno sino por aquellas comunidades que preferirían devolver a la Administración central una parte de sus competencias. La tutela fiscal y financiera que ejerce Madrid en nombre de Bruselas puede resultar hasta hiriente para unas mientras que otras la reclaman. Élites gobernantes que siguieron la estela de las autonomías históricas para dotarse de una trama similar de poder en sus respectivos territorios parecen haberse dado cuenta de que hay algo políticamente más sangrante que manejarse sin competencias: no poder financiarlas. El resultado resulta evidente. El Estado autonómico pasará a serlo de manera más asimétrica, las autonomías parcialmente fallidas servirán para cuestionar en una próxima ocasión los fundamentos del sistema y los planes soberanistas que se albergan en Catalunya y Euskadi se situarán todavía más en tierra de nadie.

Las renuncias autonómicas de algunas comunidades podrán devolvernos a un estadio en el que los nacionalismos periféricos se sentían más cómodos por gobernar realidades netamente superiores en autogobierno a las del resto del mapa español. Pero ello no va a servir para realzar la singularidad de las nacionalidades, sino que pondrá en solfa la racionalidad de su existencia como entidades verdaderamente autónomas. Basta proceder a la lectura de las duplicidades catalogadas por la reforma propuesta para cerciorarse de qué significan los conceptos de eficacia y eficiencia en el ánimo de sus promotores y para preguntarse por qué razón no han incluido otras muchas disfunciones que podrían ser perfectamente denunciables siguiendo con el mismo patrón. La lectura de las duplicidades sugiere que nos encontramos ante una revisión pretendidamente funcional del Estado autonómico, no tanto porque así lo determine la lista de los organismos y funciones que propone recentralizar como por el hecho de que el Ejecutivo de Rajoy y el partido que lo gobierna casi todo en España no acaban de explicar por qué el resto de la edificación autonómica resulta beneficiosa para la sociedad y el progreso. La crítica ponderada contribuirá siempre a que la realidad autonómica mejore como fórmula de administración del interés común. Pero es la carencia de una defensa desinhibida del modelo por parte del poder central lo que más en entredicho pone su futuro.

Kepa Aulestia

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