España atraviesa su mayor crisis territorial en la historia de nuestra joven democracia. Una crisis que crece en las crisis económica, institucional y democrática de nuestra última década. Nuestros problemas territoriales son de largo aliento y están ligados a prácticas propias de las democracias de baja calidad. Señalaré los más evidentes. 1) Ausencia de un espacio de representación institucional efectiva de los pueblos, regiones, comunidades, países y naciones que componen España. 2) La escasa claridad de la ley de financiación autonómica, los cálculos del Cupo y los fondos de compensación, así como la generalización de prácticas parlamentarias que permiten a partidos de implantación autonómica lograr beneficios financieros o competenciales no equitativos gracias a su condición de llave en votaciones estratégicas. Es decir, lo que se ha dado en llamar el “pujolismo político”. 3) La calculada indefinición de los límites competenciales del poder ejecutivo frente al resto de poderes del Estado, lo que ha generado grandes desigualdades en el desarrollo del autogobierno, una recurrente judicialización de las relaciones entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas e intervenciones lacerantes frente a la autonomía del poder local y autonómico. 4) La sistemática invisibilización de la pluralidad de España y una recurrente falta de respeto político hacia su diversidad cultural y lingüística.
La arquitectura institucional diseñada por la Constitución de 1978 edificó un modelo de democracia parlamentaria bicameral sin diferenciación competencial, nítidamente asimétrico y con elevados niveles de concentración de atribuciones en el poder ejecutivo. Los padres del texto le dieron la llave del cambio constitucional al Senado, para que garantizase mediante una ley electoral vergonzante que en España nunca sería posible la reforma constitucional sin el acuerdo con el partido mayoritario en el espacio ideológico conservador. Sin ir más lejos, a pesar de que en 2016 votó al PP el 33% del electorado, el partido de Mariano Rajoy cuenta hoy con el 65% de los representantes de la cámara alta. Un auténtico escándalo democrático.
De la misma manera que ninguna constitución debería reformarse con una mayoría minoritaria, ninguna constitución debería poder bloquearse con una mayoría igualmente exigua, que es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro país.
En estas circunstancias, seguir invocando la reforma de la Constitución sin aportar propuestas concretas es una falta de respeto a la inteligencia y al país. España necesita que pongamos soluciones sobre la mesa y con este espíritu hace unos días remití a mi partido para su debate tres propuestas de cambio constitucional centradas en los problemas territoriales. Aunque su desarrollo requiere de más espacio, las presentaré aquí sucintamente.
Primera propuesta. La transformación del Senado en una cámara de representación territorial con competencia exclusiva en la distribución anual de los recursos consagrados a la financiación autonómica, el cálculo del cupo y los fondos de compensación interterritorial. El principal objetivo de la institución será el blindaje de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio.
Segunda propuesta. La delimitación y el estrechamiento de las competencias del poder ejecutivo frente al resto de los poderes (legislativo y judicial) y frente al conjunto de las Administraciones del Estado (autonómicas y locales). El Gobierno en España necesita más límites, pero también más legitimidad. Proponemos la elección directa de presidente/a del Gobierno con un sistema mayoritario a dos vueltas, es decir, una presidencia con poderes más limitados y mayor legitimidad de origen al ser elegida directamente por la gente.
Tercera propuesta. La renovación democrática de la legitimidad del marco constitucional español a través de un referéndum que respete la voluntad del conjunto del pueblo español y también de todos sus pueblos. Aprobar los grandes cambios constitucionales tanto en el conjunto de España como en cada una de las regiones, comunidades, países y naciones que la integran permite la plena democratización del Estado, al generar un espacio y un momento de decisión democrática fundacional sobre su construcción territorial, un momento confederal trascendental, simétrico y efímero, con potencia democrática suficiente para estabilizar en el largo plazo nuestra estructura territorial.
Animo a quien así lo desee a conocer con profundidad estas propuestas en los foros de mi organización. Necesitamos abrir un gran debate de país sobre cómo resolver las crisis territorial, económica, institucional y democrática, sobre cómo lograr que la Constitución deje de ser parte del problema y pase a ser parte de la solución. Es imprescindible que el PSOE, Ciudadanos, CC y PNV asuman esta tarea en términos concretos, y lo es también que se sumen el PP, el PDeCAT y ERC. Porque en el debate constitucional no sobra nadie salvo las generalidades y el inmovilismo. Las ideas concretas, las propuestas, son todas bienvenidas.
Carolina Bescansa es cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso.