Confusiones democráticas

Durante los últimos años, los ciudadanos de Cataluña nos hemos habituado a ser recibidos en muchos de sus pueblos y ciudades con un sinfín de signos y lemas elaborados por el nacionalismo que parecían gozar del apoyo popular y que nadie osaba poner en cuestión, al menos en público. No era sólo la típica “estelada” izada en un lugar prominente para no dejar lugar a dudas de las preferencias del territorio en el que uno se adentraba. También, pancartas con lemas simples y directos apelando a derechos indiscutibles tales como “queremos votar”, “democracia”, haciendo referencia a la perentoria necesidad de convocar un referéndum de autodeterminación donde pudiéramos decidir nuestro futuro. Evidentemente, el mensaje implícito era que el núcleo esencial de la democracia es el ejercicio del voto y que, por lo tanto, el Estado español no era un estado democrático al no permitirlo.

Ahora bien, todos los que hemos tenido la oportunidad de observar el funcionamiento de diferentes regímenes políticos sabemos que lo importante no es el ejercicio del voto en sí, sino las condiciones bajo las cuales éste se ejerce. El entorno es más importante, pues incluso en países con regímenes autocráticos también se vota, lo cual no significa que por ello se transformen por arte de magia en sistemas democráticos. Las claves se sitúan en asegurar el ejercicio de unas libertades esenciales que produzcan un entorno que permita a los ciudadanos formarse una opinión que conduzca a elegir libremente entre las opciones que se planteen. Este principio es aplicable tanto a las elecciones donde se eligen representantes, como en consultas (o referéndum) sobre determinadas cuestiones.

Todos conocemos cuales son los elementos fundamentales que aseguran un proceso democrático: libertad de asociación y libertad de expresión (para que diferentes partidos políticos puedan presentar libremente sus propuestas sin sufrir el acoso por parte de los adversarios), pluralidad de los medios de comunicación (con el fin de que las diferentes propuestas puedan ser expuestas a los ciudadanos para su consideración) e independencia judicial (para asegurar la limpieza del proceso y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos). Al mismo tiempo, y como no podría ser de otra manera, es fundamental que las instituciones del Estado sean neutrales (en el caso de Cataluña también la Generalitat y los ayuntamientos), pues al estar al servicio de todos los ciudadanos no pueden tomar partido por ninguna de las opciones en disputa. Lo mismo es aplicable a los medios de comunicación públicos y subvencionados, pues al ser financiados con dinero del contribuyente deberían proporcionar una información equilibrada y alejada de todo sesgo partidista. Creo que éste no ha sido el caso durante el “procés”. En definitiva, votar es solo la culminación de todo el proceso democrático pero no su expresión, como sugiere una parte considerable del nacionalismo catalán al contraponer ley y democracia.

Del mismo modo, la discusión sobre la pertinencia de investir al expresidente Puigdemont como Presidente de la Generalitat de forma telemática o por delegación a través de una persona interpuesta no es solamente una cuestión de carácter legal, es decir, determinar si el ordenamiento actual prescribe o no la obligatoriedad de comparecer ante el pleno del Parlamento de Cataluña. Es, asimismo, una cuestión íntimamente ligada a la calidad democrática de todo el proceso. Efectivamente, para el ciudadano, éste no agota su eficacia en el momento en el que el sistema de selección de los representantes de los ciudadanos llega a su fin, es decir, cuando en función del resultado de las votaciones se reparten los escaños entre los diferentes partidos políticos y los diputados toman posesión de los mismos. Tampoco cuando se perfila una clara mayoría por parte de una de las opciones en liza (en el caso presente, una mayoría nacionalista JxCat, ERC y CUP). El proceso es un continuum que sigue operando hasta que se presenta el programa de gobierno por parte del candidato a Presidente y se procede a un debate sobre el mismo en el seno de la cámara. Esta última parte es un elemento fundamental de cara a dotar de calidad al sistema democrático. El candidato tiene que hacer sus propuestas para la legislatura que empieza y los grupos de la oposición tienen que señalar sus coincidencias y desacuerdos con las mismas. Es una cuestión del proceso deliberativo y democrático en sí mismo: poder escuchar el programa del candidato y las respuestas de la oposición para que el ciudadano pueda formarse una opinión al respecto y, en su caso, exigir responsabilidades.

Y aunque bien es cierto que el resultado del debate es, con toda probabilidad, conocido de antemano dada la correlación de fuerzas en el parlamento, este acto es de capital importancia de cara a los ciudadanos ya que sirve de medida del alcance de lo que pueden esperar como actuación política y, por ende, en el devenir de la situación económica y social que les afectará muy directamente. Es por ello por lo que se necesita un intercambio presencial, pues el voto parlamentario es también solo una parte del proceso democrático: la culminación del proceso deliberativo. De ahí, la necesidad no solo de pronunciar un discurso, sino también de responder a las dudas e invectivas de la oposición, a la vez que observar la actitud y el lenguaje no hablado (corporal y facial) que puede ofrecer elementos adicionales sobre las intenciones y calidades del (futuro) gobernante. Además, si no hay presencia física del candidato a Presidente ¿cómo se va a realizar el control del gobierno durante la legislatura? (cuestión clave en un sistema parlamentario).

La esencia de una democracia parlamentaria es el proceso deliberativo, es decir, el debate presencial que se produce entre las diferentes fuerzas políticas en el seno del Parlamento y que permite al ciudadano formarse una opinión informada sobre las diferentes opciones planteadas. Hurtarlo a los ciudadanos es una muestra de la confusión existente: no basta con tener los votos necesarios, también hay que someterse al escrutinio de la ciudadanía de manera transparente.

Víctor Andrés-Maldonado es licenciado y MBA por ESADE. Fue funcionario de las instituciones de la UE de 1986 a 2012.

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