El salario de los políticos, especialmente los que los ciudadanos eligen para gobernar, es materia sensible. Para unos ganan poco ante las responsabilidades que asumen; para otros es una bicoca. Para unos supone mejorar sus condiciones laborales previas; y para otros, los que acumulan una apreciable trayectoria profesional, significa perder ingresos, incluso dividirlos por dos, tres o más. La llegada a ayuntamientos, comunidades y parlamentos de nuevas formaciones políticas que se presentan como revisionistas, alternativas a una presunta «casta», creyentes en una igualdad homogénea, reabre el debate de los salarios y genera tensiones por su pretensión de romper los baremos y limitar sus retribuciones a tres veces el salario mínimo, el abanico más estrecho de retribuciones que se conoce en el mundo.
La pretensión ha tropezado con la normativa legal vigente de retribuciones, con los votos de los concejos, y plantea algunos problemas funcionales, ya que los salarios incorporan cotizaciones sociales y retenciones de IRPF que crean, al menos, tres escalones: coste laboral de la persona empleada, salario bruto y salario neto percibido en mano. Todo ello con una fuerte pendiente de progresividad en los primeros tramos.
No está claro a qué se refieren estas nuevas formaciones (fundamentalmente Podemos y su entorno) con hasta tres veces el salario mínimo: ¿coste empresa, salario bruto o salario neto? Las diferencias son apreciables, y los problemas funcionales también. La retribución personal de un alcalde, concejal o diputado está fijada por norma legal; a lo que cada cual quiera renunciar es decisión personal, el cuánto y en favor de quién, porque el organismo público tiene que cumplir el reglamento. Las exigencias fiscales y de cotizaciones no son acomodables a cada caso, son las que son, las que marcan las normas vigentes.
Si interpretáramos que las tres veces el salario mínimo se refieren a la percepción neta en nómina, estaríamos hablando de ingresos del orden de 2.100 euros al mes con catorce pagas (suele ser lo habitual). Ese neto equivale a un bruto de 35.000 euros (semejante a las pensiones máximas vigentes este año) y a un coste empresa de 42.000, que representa el 140% del coste empresa medio de los asalariados españoles. Pero si ese multiplicador de tres sobre salario mínimo se refiriese al coste empresa estaríamos ante unos 14.00 euros año, 80% al salario neto, 20% a cotizaciones sociales y cero a IRPF por ser una base exenta. Las diferencias son apreciables, de manera que conviene precisión para evitar equívocos. Hasta ahora lo que se percibe es confuso, ambiguo, mal informado, y por higiene democrática convendría clarificar; no es complicado, basta con buena información (en versión original).
A lo largo de los años, las administraciones han tratado, de una u otra manera, de objetivar las retribuciones públicas de los políticos que ocupan temporalmente altos cargos, sin demasiadas explicaciones sobre los criterios utilizados para fijar el baremo. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (27/2013) estableció unos criterios generales para la retribución de los alcaldes, presidentes de diputación o cabildo y concejales o diputados con plena dedicación (cuyo número se limita), en función de la población y con referencia máxima (y decreciente) a la retribución de un secretario de Estado de la Administración central. Es un criterio tan discutible como se quiera, pero aporta un baremo consistente. Otra cuestión es que luego se desnaturalice a base de gastos personales, dietas en otros organismos dependientes o en empresas municipales… la panoplia de posibilidades es amplia, pero la ley es clara. De manera que cualquier abuso podría llevar a responsabilidades penales e inhabilitación.
Vincular la retribución de los políticos con empleo temporal en el Estado al de los funcionarios profesionales parece un buen camino para lograr objetividad y previsibilidad, que son recomendables en las decisiones públicas. Evita arbitrariedades, demagogia y abuso. Otra cuestión es la de las retribuciones de los políticos con cargos en los gobiernos autonómicos o parlamentarios, cada cual con su soberanía, jurisdicción y presupuesto anual propio. El establecimiento de unos criterios o recomendaciones con el principio de los códigos de buen gobierno (se cumple la norma general o en caso contrario se explican con detalle las razones para no cumplir) sería muy recomendable, ya que supondría referencia y comparación.
También parece recomendable que mediante una norma ad hoc se establezca que todas las administraciones públicas sean publicadas con un informe anual de retribuciones, con especial detalle para los cargos políticos y los de libre designación (asesores, asistentes…). Sirve el principio de que el mejor desinfectante es la luz del sol, la transparencia preceptiva, normalizada y consistente. Si se sabe que se va a saber todo, se hace con más cuidado.
Es obvio que las retribuciones públicas no pueden competir con las privadas, son distintas especies, con procesos de decisión que poco tienen que ver. Pero tampoco deben distanciarse tanto como para desalentar la vocación pública, ni alentar procedimientos compensatorios paralelos, casi siempre grises o negros, con riesgo de abusivos. Y esto sirve no solo para las retribuciones, también y sobre todo para esa maraña costosa de beneficios adicionales invaluables, siempre costosos para el Estado, que tienen que ver con la disposición de vehículos, conductores, ayudantes, ordenanzas… que abundan en los organismos y contribuyen a un clima de ineficiencia y desmesura.
En términos generales, los políticos con cargo público suelen ganar poco (el caso de los ministros es especialmente flagrante), aunque su coste tiende a ser alto, sin que ello redunde en su beneficio personal más allá de las apariencias. Lo malo es que suele ser confuso, y que a los cargos que se ven se unen una tropa de «pegacarteles», pseudofuncionarios de partido encaramados a puestos públicos de libre designación, sin control, que trabajan para el partido y no para el común. Resolverlo es sencillo, se trata solo de restar algo del excesivo poder de los partidos, especialmente a la hora de endosar gasto innecesario al Presupuesto.
Fernando González Urbaneja, periodista.