Por algún sitio Edmund Burke (1729-1797) utiliza la expresión "arquitecto de ruinas", que hoy nos parece muy apropiada para aplicarla a quien preside el Gobierno de España si se atiende, como vamos a hacer en este artículo, al contenido de los pactos que le han permitido volver a sentarse con plena legitimidad en la cabecera del banco azul en el Congreso de los Diputados.
La obra más sólida que está construyendo es un muro, un muro profiláctico que nos dividirá a los españoles señalando un universo geométrico: en un lado, los amaneceres risueños brindados por el progresismo horneado por socialistas, comunistas, filoterroristas y golpistas; en el otro, el ocaso soporífero que brindan la Constitución y sus límites.
Lo demás, son ruinas. Contará con los cascotes macizos que están cayendo del edificio constitucional a raíz de sus recientes pactos espurios y además con los acumulados en el pasado quinquenio. ¿Hemos de recordar el número de decretos leyes embarazados de centenares de normas, ayunas de cualquier coherencia? ¿O cómo ha manejado los hilos en el Congreso de los Diputados para la rápida tramitación de proposiciones de leyes que se aprobaban en menos de un mes? ¿Cómo ha nombrado fiscales generales o magistrados del Constitucional, cuyas futuras decisiones, como si fueran bocas alquiladas, las podemos predecir ya que es bien probable que sigan los vientos que en cada caso soplen desde el Gobierno? Es buena verdad por ello que España se ha convertido en estos años en una "democracia menguante", según el título de un libro firmado por varios catedráticos eméritos.
Menos mal que, ante enormes dificultades, algunas instituciones, organizaciones, empresarios y, sobre todo, profesionales y ciudadanos anónimos han trabajado con espíritu solidario para superar sinsabores y enfermedades y desactivar graves problemas de convivencia.
Destaquemos ahora algunos de los acuerdos firmados por el PSOE, ese partido que fue baluarte del sistema constitucional y hoy se halla convertido por el arquitecto de ruinas en tumba donde dormita la imaginación creadora y el arrojo crítico.
Del primero, el rubricado a mediados de octubre con Bildu mediante un apretón de manos, algunas ensangrentadas, no se ha dado noticia. Y lo malo es que debemos agradecerlo para conjurar malas digestiones y disipar cabreos monumentales.
A continuación, se asumieron compromisos con ERC. Envuelto en el papel de estraza de su discurso separatista se hallan la abundante transferencia de dineros públicos y el traspaso de competencias e infraestructuras ferroviarias. Esto supondrá la fragmentación de la red lo que dificultará, y no de manera gratuita, su adecuado gobierno. La red en estos momentos está integrada en un sistema único gestionado por una sola entidad pública, Adif, al ser competencias del Estado las líneas que se extienden por más de una comunidad autónoma (como recordó el Tribunal Constitucional en su sentencia 124/2016, de 23 de junio). Además, justamente en Cataluña, se han precisado tramos de "interés europeo" para facilitar el "corredor del Mediterráneo", que también exigen una responsabilidad única para la gestión de los cuantiosos fondos europeos.
Por su parte, los siete votos de los diputados de Junts han originado que el arquitecto de ruinas defienda ahora -como si se hubiera caído del caballo hacia Damasco- su convicción acerca de las bondades vividas en 2017, de lo benigno de aquellos días dramáticos en que se rompió el orden constitucional con las leyes de desconexión, con las consultas ilegales, con la bochornosa declaración de independencia... De lo que se sigue que quienes defendieron la Constitución, quienes juzgaron con garantías, quienes lucharon contra la corrupción y el ajustado uso de los fondos públicos... cometieron un error lamentable.
El pacto también justifica que los diputados podrán inquerir a los jueces para llevarles al buen camino e impone un ¡mediador!, ¡experto en conflictos militares!, que supervisará los avances en el desguace. Como guinda, la amnistía triturará los cimientos de la seguridad jurídica: su aprobación, por un lado, deslegitima todas las actuaciones que sirvieron para reconducir la convivencia dentro del orden jurídico; y, por otro, facilitará otras aventuras para hacer con la Constitución mangas y capirotes por cualquier totalitarismo que en el futuro nos amargue la existencia.
Pero las mayores y más perversas precisiones de ese proyecto arquitectónico ruinoso se contienen en el pacto que ha firmado el PSOE con el PNV porque, entre otros excesos, se especifican en él aspectos muy concretos de las leyes que hay que modificar ya (Estatuto de los trabajadores, régimen local, régimen de los títulos oficiales...). O de aquellas en las que se ha exigido que el PSOE no impulse ninguna modificación, tal es el caso de la ley del régimen electoral, salvo "extraordinaria necesidad" y siempre con acuerdo previo del PNV.
Tal pacto no solo demolerá elementos sustanciales de la Constitución, sino que será también ruinoso desde un punto de vista económico pues, como los anteriores, se contienen en él compromisos de nuevas transferencias para financiar gastos diversos de servicios públicos, como es el caso de la dependencia.
Adviértase: la opinión a tener en cuenta será la de ese concreto partido político, no, por cierto, la de los sucesivos gobiernos vascos salidos de las elecciones autonómicas. Para no incomodar al PNV, se ha incluido el compromiso bien expresivo de impedir prácticamente la reforma del régimen electoral, semilla de la que procede la desigualdad ciudadana en España.
El colmo del desafuero y de un desvergonzado pitorreo del que es víctima la sobria seriedad jurídica es la inclusión de una "cláusula foral". De acuerdo con ella, en la preparación de los proyectos de ley por el Gobierno ha de negociarse bilateralmente con el PNV, como también en las proposiciones de ley que se tramiten en las Cortes. Es más, incluso los decretos leyes han de ser convenidos con ese partido político. Recordemos que estas disposiciones gubernamentales suelen carecer de una específica tramitación previa porque deben responder a situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad" que requieren una respuesta inmediata. Pues bien, incluso en esos casos, el PNV impone la extravagancia de la cláusula foral.
A la vista de los desconchones que se han hecho en el edificio constitucional, lo único que agradecemos es que los insaciables socios del Gobierno no le hayan pedido la cesión a Putin del puerto de Gijón.
Procede ahora que nos dirijamos al PSOE, a sus dirigentes y militantes: ya han aceptado ustedes todas las ocurrencias de sus socios, las más dañinas para nuestro sistema. La pregunta ahora es la siguiente: ¿cuál es su política, queremos decir, la de los socialistas españoles para enderezar el problema territorial? Sabemos que obran con diligencia al dictado de fuerzas ajenas. Pero, ¿hay alguna partitura socialista? Y, si la hay ¿qué dice?
Porque reconocerán que hoy se leen como bromas aquellos papeles de Santillana, de Granada, de Zaragoza donde se plasmaron hace años sus propuestas. Todo quedó devastado por la dirección actual del partido, cuyo horizonte es únicamente salir del paso combinando atropello con atolondramiento.
¿Llegará algún día la hora de la reflexión documentada sobre nuestro Estado de las autonomías y de plasmar en un documento solvente lo que se pretende hacer con los destrozos que están ustedes autorizando?
Hemos leído que hay un congreso anunciado. Celébrese en buena hora, pero les recomendamos que, para acudir a él, sería conveniente leer, en primer lugar, los libros que al respecto han escrito juristas, economistas e historiadores; y, en segundo lugar, descartar sin vacilar las consignas vacuas del burócrata de turno del partido o del arquitecto de ruinas.
Ánimo, afiliados y cuadros del PSOE, activen sus sueños para encauzar el desaguisado, porque ¿no son los sueños el ingrediente más apreciable del progresismo?
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes son catedráticos universitarios y autores de Clásicos del Derecho Público. Biblioteca básica para estudiosos y curiosos (Marcial Pons, 2023)