El quebradero de cabeza nuclear

Los residuos nucleares catalanes y españoles se hubieran podido evitar. Hubiese bastado con no construir los 10 reactores de que disponemos, dos de ellos ya clausurados. Podríamos haber obtenido la misma generación eléctrica, casi 8.400 MWe de potencia instalada, con una veintena de plantas térmicas convencionales (se dice pronto, de todos modos…). En los años 70, algunos no éramos partidarios de la opción nuclear justamente porque sabíamos que tarde o temprano habría que gestionar toneladas de residuos radiactivos. También estaba el asunto de la seguridad, desde luego. E igualmente el para nada desdeñable tema de evitar la creencia de que la energía subvencionada, por cierto, era cuestión de trámite. Pero no es menos cierto que las térmicas convencionales de la época iban a carbón o fuel: si bien se ignoraban entonces los problemas climáticos causados por el CO2, sufríamos a diario los del azufre y la contaminación atmosférica local.

Las plantas nucleares se hicieron. Felizmente, la seguridad de las centrales de segunda y tercera generación es superior a las de primera, ya clausuradas; por este lado, podemos estar razonablemente tranquilos (nunca del todo, claro). Lamentablemente, en cambio, la falaz sensación de que la energía es una commodity irrelevante se ha instalado en nuestro imaginario colectivo; por este otro lado, nos costará entender que el festival de la energía abundante y barata toca a su fin. Y también lamentablemente, los residuos están aquí y en abundancia, unas 3.500 toneladas de momento. ¿Qué hacemos con ellos?
Los residuos de Vandellòs 1, central de primera generación inaugurada en 1972 y clausurada en 1990 tras un grave accidente acaecido el año anterior, se mandaron a Francia en 1994. Satisfacen un alquiler de 40.000 euros diarios (60.000 a partir del 2011), de modo que ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA) lleva pagados más de 200 millones de euros. La propia central de Vandellòs 1 es un residuo en sí misma: el reactor desactivado se encuentra confinado en un gigantesco contenedor de acero hasta que sea definitivamente desmantelado en el 2028, cuando haya completado su periodo de latencia. Estamos ante unos costos considerables, todavía no aplicables a los residuos de las centrales que aún funcionan, mantenidos en piscinas internas que absorben su radiactividad. Pero las piscinas están ya casi llenas y, además, se acerca el fin de la vida útil de varios reactores. Hacer algo es imperativo.
Ante ello, el Gobierno ha lanzado una sorprendente convocatoria urbi et orbi, me temo que más preocupado por soslayar el conflicto social que por dar con la mejor opción técnica. Ha pedido a los municipios españoles que consideren la oportunidad de postularse como candidatos a acoger un almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC). La mayoría de municipios españoles no ofrecen las condiciones adecuadas, hasta el elocuente punto de que 5 de las 13 candidaturas presentadas han sido descalificadas de entrada. Un ATC es una instalación industrial sofisticada, no un recurso para reequilibrar presupuestos de municipios económicamente marginales. Disponer de ferrocarril (la mejor y más segura forma de transportar esos residuos) y de una colectividad con mano de obra cualificada y habituada a vivir en entornos nuclearizados es más que deseable. Muy pocos municipios reúnen estas características, que deberían haber figurado en un pliego de condiciones con ojos en la cara.
Contrasta esta obsesión por el consenso aparente con la escasa capacidad para explicar bien qué es un ATC y por qué nos hace falta. Se ha llegado a permitir que prosperara la expresión «cementerio nuclear», en extremo inexacta. En un tema tan delicado, recurrir al término cementerio es un error comunicativo colosal. Sugiere muerte, o sea, peligro. Un ATC persigue justo lo contrario: garantizar la seguridad y minimizar el riesgo, ahora diseminado en siete núcleos no del todo adecuados. Incluso se ha logrado ridiculizar la idea de asociar al ATC un parque tecnológico, siendo como es muy positiva y pertinente, porque uno de los retos es hallar la manera de neutralizar esos residuos sacando, a la vez, algún material provechoso. De no lograrse, habrá que inclinarse, entonces sí, por los cementerios, seguramente vertederos definitivos confinados a gran profundidad, en terrenos geológicamente por entero estables y estancos (ya hay alguno experimental en el norte de Europa).

Ojalá que no tuviéramos residuos radiactivos. Dado que los tenemos, ojalá que dispongamos pronto de un ATC como es debido. El riesgo actual es no tenerlo. Técnicamente, cuesta imaginar un lugar más adecuado que el territorio donde ya hay 4 de los 10 reactores españoles y mucha experiencia de gestión acumulada. Pero el Parlament ha decidido que socialmente no nos conviene. El hipotético riesgo está en las centrales en funcionamiento y en sus piscinas, no en el ATC. Pero hemos logrado que la emoción domine al sentimiento y mucho más todavía al conocimiento. Malo. Ser aplaudido no equivale a llevar razón.

Ramon Folch, socioecólogo. Director general de ERF.