Escribir de problemas estructurales en la configuración del Estado español cuando está cayendo la que está cayendo puede parecer hasta frívolo: desde la xenofobia que se manifiesta en un vagón de tren hasta el esperpento al que se está sometiendo al Tribunal Constitucional, pasando por el desastre de la obra pública que es el AVE a Barcelona, todo lleva a pensar que no estamos ante unas elecciones generales, sino ante un enorme caos.
La inflación puede desbordarse, el paro sube, el ladrillo flaquea, la previsión de crecimiento no podrá sostenerse en el nivel previsto, el ahorro familiar desciende y ni la deuda exterior muestra señales de mejora, ni la productividad entra en senda de crecimiento, ni el sistema escolar sale del agujero comparativo.
Pero quizá por todo ello es más necesario que nunca reflexionar sobre los problemas estructurales de la configuración del Estado: una estructura sólida, asumida por todos, flexible y competitiva, independiente de los avatares de la política diaria, no cuestionada permanentemente es condición necesaria, aunque no suficiente, para enfrentarse a los problemas de la vida política y social. Si se habla de la necesidad de garantías jurídicas en cualquier país para atraer inversiones y facilitar el desarrollo económico, cuánta más razón existe para reclamar la misma estabilidad, o aún mayor, de las estructuras fundamentales del Estado.
A muchos ha molestado la manía de los nacionalismos periféricos de referirse a España como Estado español. Aun siendo comprensible, el circunloquio Estado español esconde, pese a la intención de quienes lo utilizan, una gran verdad y un gran significado. Lo importante es el Estado. Lo que no se puede poner en cuestión es el Estado. No lo pueden hacer ni los que ponen en duda que nación signifique algo: la asociación voluntaria de individuos soberanos (Sièyes).
Hablar de Estado español puede implicar subrayar el valor del Estado como entidad superior que abarca a todas sus partes, subrayar el valor del conjunto sobre el valor de cada una de sus partes. Hablar de Estado español significa diferenciar entre el Estado, o la nación política, y España como nación cultural. Y esa diferencia abre espacio para la existencia de otras lenguas y otras culturas en el interior del conjunto que es el Estado español. Pero sigue siendo Estado, sigue siendo conjunto con valor en sí mismo para esas otras lenguas, esas otras culturas que se dan en su territorio y que no son ni la lengua ni la cultura castellanas.
No se puede discutir, pues, la existencia de varias naciones etnolin- güísticas y culturales en el espacio único del Estado español. En ese sentido, la diferencia entre el Estado español como nación política y Espa- ña como nación cultural es garantía de libertad para todos los ciudadanos del Estado con una lengua y una cultura distintas de la española. Del mismo modo, sin embargo, es preciso afirmar que Catalunya, Euskadi y Galicia son todo menos homogéneas en el sentimiento de pertenencia nacional, en la identificación exclusiva con la nación cultural. Existe nación vasca. Es evidente. Pero ello no significa por fuerza que Euskadi sea nación en el sentido político. Ni siquiera en el etnolingüístico: muchos de sus habitantes se sienten también pertenecientes a la nación española, a la política y a la cultural. Y esa diferencia entre la afirmación de que existe nación vasca, pero que Euskadi no necesariamente es una nación política, ni siquiera una nación cultural en su conjunto, es garantía de libertad para todos sus habitantes.
Es evidente también que España, el Estado español, es asimétrico, y que la Constitución lo proclama. Solo algunas nacionalidades poseen lengua específica. Solo Navarra y los territorios históricos vascos tienen concierto económico. Solo algunas nacionalidades cuentan con un derecho civil diferente del común, independientemente de su eficacia real en la vida diaria. Y es evidente que de esas asimetrías se pueden extraer consecuencias con dimensión política: el derecho a la promoción de lo específico en el exterior, más allá de las fronteras del Estado.
Pero los problemas no surgen al admitir esa dimensión política de la asimetría. Los problemas surgen cuando de la afirmación de la dimensión política de la asimetría se quieren derivar consecuencias po- líticas que afectan a la valoración del Estado como conjunto, y a la libertad de los ciudadanos en cada nacionalidad. Los problemas surgen cuando de la dimensión política innegable de la asimetría se quieren derivar consecuencias que ponen en duda el valor del conjunto, el del Estado por sí mismo para todas las partes, cuando de la asimetría se quiere hacer fundamento para la pretensión de un conjunto distinto al Estado español.
El federalismo es una técnica de división del poder. Además, puede ser un modelo instrumental para hacer frente a situaciones de asimetría dentro de un mismo espacio estatal. Es el caso de España. Pero algunos, los nacionalismos periféricos, sobre todo el vasco y el catalán, pretenden que la asimetría sirva para reconducir el Estado español a una confederación en la que el conjunto depende siempre de la voluntad de las partes y no llega a tener un valor propio, en sí mismo. El camino de la confederación es el del debilitamiento del conjunto en favor de las partes en el camino que lleva a que estas se establezcan como conjuntos alternativos.Y la Corona no tiene valor político fuera del parlamentarismo y la Constitución.
Es de agradecer que Artur Mas lo haya puesto de manifiesto recientemente. El suyo es un catalanismo que busca la confederación. Pero no puede arrogarse el derecho a representar todo el catalanismo: puede haber catalanismo en una perspectiva federal, con reconocimiento de la asimetría, garantizando la libertad de los diferentes en Catalunya, con valoración profunda del Estado español como conjunto y no como masa temporal a disposición de las partes.
Joseba Arregi, presidente de la asociación ciudadana Aldaketa.