En América Latina y el Caribe vivimos aproximadamente 55 millones de mujeres y hombres indígenas. Representamos 11.5% de los 476 millones de personas indígenas a nivel mundial, pero para nuestra población la democracia es una promesa incumplida.
Los 28 millones de mujeres indígenas de la región constatamos a diario que eso acarrea muerte, invisibilidad, subrepresentación política y social, y ver postergados los sueños por falta de oportunidades. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas constituimos 8.5% de la población en la región, pero 30% de las personas en pobreza extrema. La tasa de trabajo informal también es alta: 82.6%, cuando para el resto de la población es 51.1%. Estas diferencias acentuadas nos llevan a preguntarnos: ¿Qué mecanismos se deben operar a nivel social, político y económico para superarlas, y qué papel podemos desempeñar las organizaciones indígenas para ese cambio?
La diversidad cultural y social han ingresado muy recientemente en los discursos oficiales y las agendas políticas de la región. Esta situación no difiere de la de Estados Unidos, en donde la participación política indígena inició a finales de la década de 1940. O la de Canadá, que fue hasta 1960.
Sin embargo, en este último país, 50 años después, Mary Simon, indígena Inuit, fue designada por el primer ministro Justin Trudeau como gobernadora general de Canadá. Es la primera indígena en este cargo. Su designación se inscribe dentro de una larga polémica sobre la situación de las primeras naciones en ese país, con demandas históricas sobre desplazamientos territoriales, la invisibilización de violencia y feminicidio, las condiciones de desnutrición de la población nativa y los tratos inhumanos que vivieron niños indígenas en internados, desde 1863 hasta 1998, en los cuales habrían muerto hasta 6,000 menores.
En Estados Unidos la diputada Deb Haaland, del pueblo Laguna de Nuevo México, fue designada por el presidente Joe Biden como secretaria del Interior. Es un hito importante pues es la encargada del relacionamiento entre el Estado y los nativos estadounidenses, además de ser una activista reconocida en contra de la explotación de los combustibles fósiles.
Ambas designaciones se inscriben dentro de procesos de transformación de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y configuran un nuevo escenario para el fortalecimiento de la democracia con una mayor inclusión de mujeres que, hasta hace muy poco, estuvieron excluidas de la representación. Esto debería también afectar a las formas de hacer política en otras partes del continente.
Gran parte de los países latinoamericanos nos encontramos recuperándonos de conflictos internos que incluyeron el uso del terrorismo por parte de grupos armados y los Estados para polarizar y someter a la población —como en el Perú con Sendero Luminoso, en Colombia con las guerrillas, las dictaduras o las guerras civiles en la región—, con especial ensañamiento contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, y con procesos inconclusos de reparación y sanación colectiva. Por eso es necesario abrir vías políticas por medio de las cuales ejercer representación y poder colocar los planteamientos y problemas de las mujeres indígenas en la discusión social.
Las recientes elecciones en el Perú son una muestra de las limitaciones de la democracia para con nosotras, en la medida en que no se ha construido una noción de ciudadanía que abarque a la diversidad cultural y social. En los comicios hubo discursos abiertamente racistas en contra de los pueblos indígenas, pues se los identificaba con el candidato Pedro Castillo. Pero una vez que este fue declarado ganador, no ha quedado claro cuál es el espacio político de nuestras organizaciones y representantes dentro de los espacios de decisión. Por una parte, ha habido constantes cambios de ministros en su gabinete, sin que haya una representación amplia de nuestros pueblos; por otra, puestos claves en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, como es el Viceministerio de Interculturalidad, recién tuvo una titular hasta el 5 de noviembre, cuando lo tomó Rocilda Nunta Guimaraes, educadora del pueblo Shipibo-Konibo.
En los casos de Estados Unidos y Canadá, la participación de mujeres indígenas en altos cargos es el resultado de la toma de conciencia política respecto a la necesidad de ampliar su representación, abordar la problemática de los nativos que ha sido invisibilizada y postergada por años, y con ello reconfigurar la democracia. Lo contrario sucede en el Perú. También en otros casos, como Ecuador o Bolivia, en donde sus Constituciones los establece como Estados plurinacionales pero cuya participación real de mujeres indígenas dentro de los altos mandos de gobierno es casi inexistente.
En México, un país con larga tradición organizativa y de movilización indígena, la participación política también es casi inexistente. Esto contrasta con lo que sucede en Chile, en donde la mapuche Elisa Loncón Antileo fue electa como presidenta de la Convención Constitucional que está formulando la nueva Constitución chilena.
Esto nos obliga a las mujeres indígenas articuladas alrededor del mundo a ser vigilantes de los avances logrados, a compartir y analizar las prioridades comunes y la agenda pendiente, como lo hicimos en la reciente Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas, donde participamos alrededor de 500 mujeres indígenas de siete regiones geoculturales, con una representación intergeneracional. Como resultado, construimos el Posicionamiento político de las mujeres indígenas del mundo, un documento que busca incidir en que los Estados y los políticos respeten los principios de igualdad, nuestros derechos y consideren prioritaria la participación de las diversidades.
La participación política y la representación de mujeres indígenas en el escenario político es una necesidad para fortalecer la democracia. Limitarlas abre la puerta a la posibilidad de ejercer un poder único y unilateral por parte de los gobiernos. Por eso, lo que se ha avanzado ya en la construcción de instrumentos de derechos, políticas y recomendaciones en este tema por parte de organismos internacionales, no puede ser eludido por los Estados. La democracia implica el compromiso por la participación de todas las diversidades y en el esfuerzo por construir esos escenarios nos encontramos las mujeres indígenas.
Tarcila Rivera Zea es presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.