La justicia del Constitucional no es justicia si llega tarde

La esencia del funcionamiento de nuestro Estado de derecho es el control, al menos teórico, que los distintos poderes institucionales ejercen entre sí.

El Legislativo aprueba normas y vela por la vigilancia al Gobierno. El Ejecutivo dirige la política y decide las grandes cuestiones de Estado. El Poder Judicial controla el respeto al ordenamiento jurídico, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, sino de naturaleza mixta y más cercano a lo político que a lo jurisdiccional (aunque esto es discutible). Lo prueba su competencia de legislador negativo que limpia y purga el conjunto normativo de aquellos preceptos que no superan el riguroso canon de principios y derechos que configura nuestra Constitución.

El Constitucional es, en fin, una institución con una posición central. Un gran panóptico, poderoso y capacitado para salvaguardar al triunvirato de sus propios excesos y, también, de los ajenos.

Pero el Tribunal Constitucional español, representante de ese modelo de control de constitucionalidad centralizado propio de los Estados continentales (y alternativo al esquema anglosajón de control difuso), arrastra desde hace años un notable desprestigio y una crisis de legitimidad que no hunde tanto sus raíces en el mecanismo de nombramiento político de sus miembros, sino en la forma con la que el órgano afronta su misión: demasiadas veces lo hace de forma tardía y sin una justificación razonable para esa demora.

El tiempo es una realidad tramposa. Dieron de fe de ello escritores como Marcel Proust, William Faulkner o Gabriel García Márquez. Como tal, el tiempo sólo puede percibirse objetivamente como la sucesión de los momentos que lo componen.

El tiempo, como ficción fantástica que es (bien lo sabrá el Alto Tribunal) condiciona la objetividad y la subjetividad de todo. No podemos comprender en toda su dimensión un hecho sin hacer notar cuál es el momento del mismo, su pasado, su futuro, el presente que lo agota y transforma.

Ni siquiera nosotros mismos somos los mismos por la mañana que al anochecer. O antes de la muerte de nuestro padre que después de ella. Somos una consecuencia causal que surge de algo y que ocurre en un instante, agotándose con él. Recordemos la máxima que lucen algunos relojes de arena: Vulnerant omnes, ultima necat (todas hieren, la última mata).

El Tribunal Constitucional ha dictado en las últimas semanas varias sentencias relativas a los estados de alarma decretados por el Gobierno meses atrás, así como a las medidas asociadas a la emergencia. Medidas como el cierre del Congreso de los Diputados o la ausencia de revisión del estado excepcional aprobado por el Ejecutivo.

Lo que tienen en común las mencionadas resoluciones es que todas ellas llegan tarde. Demasiado tarde. Y es la demora en el pronunciamiento y la decisión del órgano, precisamente, la que excluye cualquier efecto jurídico de la resolución.

Y este es el eterno debate sobre las leyes y su eficacia, y sobre cómo la justicia tardía nunca puede ser justicia. Pues, para serlo, lo acordado debe ser ejecutivo, eficaz, y no una vana proclama que, revestida con falsos ropajes, se halle incapacitada para cumplir con su propósito elemental: controlar los excesos de los poderes públicos.

Uno de los principios básicos sobre los que se sostiene nuestro sistema constitucional es el de legalidad. Principio de raigambre liberal que conlleva la sujeción de los poderes y ciudadanos al mandato supremo de la ley, a esa fuerza hecha norma que emana de la soberanía nacional. Es decir, del pueblo español, única y legítima fuente original del poder. Del acuerdo voluntario de renuncia a la violencia y la autotutela a cambio de la pacifica convivencia.

Pero esa legalidad, y, sobre todo, esa convivencia, no son construcciones inmortales, ilimitadas en su historia cronológica, salvaguardadas por sí mismas de todo daño emergente. No.

La legalidad, la libertad, el pluralismo o, de forma más abstracta, la convivencia democrática (la renuncia consciente a la dialéctica de las pistolas) son elementos que sólo obtienen valor y perdurabilidad si son protegidos por los ciudadanos y, de forma preferente, por las instituciones que estos legitiman.

Los jueces se equivocan. Y está bien que así sea porque debemos ser conscientes de la imperfección de un sistema que, al fin, sólo es un reflejo ampliado a escala de nuestra cualidad de ciudadanos falibles y erráticos.

El Parlamento, aunque con los matices propios del Poder Legislativo y de la representatividad soberana, también incurre en defectos y excesos.

De los vicios nadie queda exento y, por supuesto, el Gobierno es autor reincidente a lo largo de su historia de notabilísimos abusos políticos o normativos. Abusos que a veces sí, otras veces no, encuentran censura en la acción responsable del resto de poderes. Es inherente al poder, en cuanto manifestación humana, la corrupción maliciosa o la imprudencia insensata.

No pasa nada. No incurramos en catastrofismos tan estériles como infantiles. El poder es poder porque se ejerce, y en ese ejercicio las tentaciones se hallan presentes, se cometen errores y maldades. Pero también, en otras ocasiones, heroicidades y actos merecedores de aplauso.

El problema del poder no es este. El problema es tolerar la ausencia de control. O lo que es incluso peor. La autocensura que esquive la fiscalización imperativa de un poder que, descontrolado, se arroja a los riesgos de la arbitrariedad. A las catacumbas de la ilegalidad.

El Tribunal Constitucional se deslegitima (todavía más) con cada decisión aplazada. Con los asuntos que esperan resolución durante años. Con su pseudocontrol tardío y que, como juicio extemporáneo, de nada sirve porque llega tarde.

Tarde para todo, tarde para nada, tarde para llegar pronto a la evidencia de una inutilidad que invita a la legítima reflexión sobre si el poder en España está controlado por los guardianes de la constitucionalidad o si, por el contrario, los guardagujas de esta estación abandonada duermen el sueño de los justos y contemplan el letargo de una ley moribunda, aterida, derrotada, que ya apenas alcanza para resistir al fracaso de las horas.

Álvaro Perea González es letrado de la Administración de Justicia.

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