La peligrosa asimetría institucional italiana

Italia está viviendo desde hace años una inédita e inquietante forma de extinción del Estado constitucional de derecho. No se trata únicamente de que nos hallemos ante variedades extremas de la personalización de la política que se manifiesta también en un número creciente de países. Ha vuelto con prepotencia la lógica del Estado patrimonial, por la que los numerosos instrumentos de la acción pública son utilizados para la tutela de los intereses económicos del jefe del Gabinete. Berlusconi aspira a tratar el gobierno como si fuera una empresa, y considera por ello como un obstáculo cualquier forma de control democrático, empezando por el parlamentario. La legalidad misma se considera insoportable y debe ser sacrificada cada vez que entra en conflicto con los intereses personales del jefe del Gabinete, o mejor dicho, debe desaparecer del todo frente al consenso electoral, definitivamente presentado de forma obsesiva como una suerte de absolución para todo comportamiento suyo presente, pasado o futuro. De esta forma, el conflicto de intereses, del que se sigue hablando sobre todo a causa de la propiedad de tres canales televisivos por parte de Berlusconi, se dilata e invade todo momento de la vida pública.

Esta peligrosa deriva ha quedado interrumpida por la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la ley que situaba a Berlusconi al resguardo de los numerosos procesos penales que tenía pendientes. Es, sin duda, de suma importancia que la más grave de las llamadas “leyes ad personam” haya sido declarada públicamente contraria a la Constitución. Resulta reconfortante que el máximo órgano de la justicia haya actuado sin ceder a intimidaciones o presiones, al igual que reconfortan la firmeza y el equilibrio con los que el presidente de la República ejerce las funciones de su cargo. Pero todos estos acontecimientos demuestran también que la concienciación institucional va retirándose cada vez más del gobierno y del Parlamento para refugiarse en áreas circunscritas, por más que altamente significativas, del sistema democrático. Se acentúa de esta forma una peligrosa asimetría institucional, en la que la división de los papeles y el respeto de las reglas son vistas como un obstáculo que ha de ser eliminado, como confirman las amenazadoras palabras pronunciadas por Berlusconi contra el presidente de la República y el Tribunal Constitucional, ahora amenazado además por propuestas de reforma que quieren modificar su composición para hacerla políticamente más controlable. Una vez más, la única norma sustentadora del sistema que se reconoce es la investidura electoral, que elimina cualquier otra regla y legitima toda clase de decisiones.

Precisamente contra esta última pretensión ha supuesto un grave revés la sentencia del Tribunal Constitucional, que puede constituir, por lo tanto, un sólido fundamento para reconstruir una cultura política que nos aleje de la lógica de las leyes ad personam, que amén de proporcionar ventajas directas para Berlusconi, han trastornado el marco institucional. El sistema de las leyes ad personam, en efecto, no tiene precedentes en la historia de la República Italiana y carece de parangón en otros países democráticos. Se compone de tres tipos de reglas: las que atañen a las propiedades personales de Berlusconi, las que se refieren a su vida privada, las que se derivan de un uso distorsionado del poder por parte del jefe del Gobierno.

El caso del sistema televisivo es el más evidente. En 2004, con la ley de reforma del sector audiovisual, la compañía del jefe del Gobierno, Mediaset, vio confirmados y reforzados todos sus privilegios. A los que se añadieron posteriormente otros derivados de una norma que hizo más gravoso el régimen fiscal de una empresa rival, Sky, así como del acuerdo entre la televisión pública, la RAI, y Mediaset para la creación de una plataforma común, que no acarrea ventajas para la televisión pública y extiende en cambio la presencia de la televisión privada berlusconiana. Además, ejerciendo de manera impropia su poder político, Berlusconi ha condicionado los nombramientos de los más altos cargos de dos de los canales públicos, extendiendo de esta forma un directo control por su parte sobre el ámbito de información que más influencia alcanza en la opinión pública, el de los telediarios. Una reciente investigación, en efecto, ha demostrado que el 69.3% de los italianos conforma sus propias convicciones políticas precisamente sobre la base de la información que le proporcionan los telediarios. Y de esta manera se cierra el círculo, porque esta modalidad de conformación de la opinión pública incide más tarde en los resultados de los sondeos, que Berlusconi utiliza continuamente como prueba del consenso que lo sostiene. Se comprende, así pues, la especial importancia del tema de la información en la situación italiana. Los actuales equilibrios crecerán si se modifican las normas sobre el derecho a aparecer en televisión durante las campañas electorales, acentuando la cesión de poder al partido de Berlusconi.

Extendiéndose desde el ámbito de la información al conjunto de las actividades de Berlusconi, la misma red de protección ha determinado desarreglos legislativos que en líneas generales están haciendo cada vez más difícil o casi imposible el funcionamiento correcto de la justicia penal. Una perversa trama de limitaciones a las investigaciones en el extranjero, de reducción de los plazos para la prescripción de los delitos, de cancelación de importantes delitos en materia mercantil y tributaria ha supuesto, en la práctica, la concesión de una auténtica suerte de inmunidad al Berlusconi empresario, granjeándole a la vez el consenso de las categorías que han compartido con él los beneficios de esta caída de la legalidad. Tras la sentencia de la Corte Constitucional, se busca evitar que Berlusconi sea procesado con nuevas manipulaciones del proceso penal. Y, al mismo tiempo, se ha lanzado una violenta campaña contra la magistratura, intentando a la vez intimidar a los jueces de forma individual.

Pero las leyes ad personam, pese a constituir la manifestación más llamativa y escandalosa de la línea adoptada por Berlusconi, no son el único instrumento de perversión del sistema institucional. Recordemos el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, uno de los textos fundadores de la moderna democracia, en el que pude leerse: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”. Cuando el jefe del Gobierno ataca frontalmente al Parlamento y a la Magistratura, cuando elimina o vuelve resbaladizas las fronteras entre los distintos poderes del Estado, cuando otorga su apoyo a medidas lesivas de los derechos fundamentales de las personas (como las que atañen a los inmigrantes), cuando sus conveniencias políticas lo impulsan a subordinar a las sugerencias vaticanas la libertad de cada individuo a gobernar su propia vida, el resultado es precisamente el que deprecaba la Declaración del 1789: un país sin Constitución.

Cuando Berlusconi llega a definir el Parlamento como “pletórico, inútil, contraproducente”, no está manifestando únicamente desprecio hacia una institución: niega la propia lógica democrática y transfiere al mundo de la política una vieja fórmula, según la cual, “la democracia debe detenerse ante las puertas de la empresa”. Adoptando precisamente la lógica empresarial, pretende gobernar a base de decretos ley y quiere anular el Parlamento como sede de representación, proponiendo que las votaciones sean realizadas únicamente por los portavoces, como ocurre en las juntas de accionistas donde una sola persona puede presentarse con un paquete de delegaciones.

Resistencias institucionales, como las del presidente de la República o el Tribunal Constitucional, así como la reacción social ante las equívocas frecuentaciones de Berlusconi han determinado también una cierta resistencia y algunas reacciones políticas dentro de la propia mayoría gubernamental, de las que se ha hecho intérprete incluso el presidente del Congreso, Gianfranco Fini, y que tal vez podrían detener las dinámicas más peligrosas. Pero estamos ante una ofensiva violentísima, y en cualquier caso, los años del berlusconismo han producido una regresión cultural profunda, de la que sólo lograremos salir con un gran esfuerzo y si nos asiste una concienciación política adecuada.

Stefano Rodotá, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza y ex diputado en el Parlamento italiano. Traducción de Carlos Gumpert.