No solo buenas intenciones

Desde la reunión Merkel-Hollande de finales de mayo, y apremiada por la debilidad de la economía francesa, la música europea que suena en Berlín no ha cambiado de melodía, pero sí de compás. Un mayor entendimiento franco-alemán en asuntos europeos al que se han sumado Italia y España. Están subiendo el diapasón en crecimiento, empleo, competitividad y reformas, y bajándolo en austeridad y superación de la fragmentación financiera en la eurozona. Aunque tarde, empiezan a comprender que tan importante como el ajuste es su tempo, y que los sonidos desentonados de los periféricos durante el decenio que termina en 2007, no se pueden afinar en unos pocos años. Y, menos aún, en las actuales condiciones de dislocación financiera, pues no es la voluntad política de aplicar los ajustes lo que flaquea ahora, sino la ausencia de fuerza tractora en la política monetaria. Las recetas de virtuosa austeridad son autodestructivas en un contexto de credit crunch, y obligan a los mercados financieros a descontar el valor actuarial presente del flujo de los menores beneficios futuros que se obtendrán al crecer menos y con mayores dificultades de consolidación financiera.

Por eso, el Consejo Europeo del 27-28 de junio prevé medidas de estímulo al crecimiento tales como un acceso al crédito más fácil para las pymes mediante líneas de crédito del BEI, inversiones europeas con cargo a los fondos europeos, y progresos en la unión bancaria y el mercado interior. Todas estas medidas llenarían de contenido las exangües conclusiones del Consejo Europeo que hace un año pregonaban un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, y preveían movilizar 120.000 millones de euros en inversiones para el crecimiento, y una ampliación de capital del BEI de 10.000 millones de euros. El programa de hoy, apadrinado por Alemania y Francia, prevé un fondo europeo de 6.000 millones de euros que la UE pondría a disposición del BEI para utilizarlo como garantía para conseguir hasta 60.000 millones que irían destinados a crear empleo juvenil mediante créditos blandos.

España aspira a obtener cerca de un tercio del total (2.000 millones) del fondo de empleo juvenil, una cifra más que respetable. No lo es tanto, sin embargo, el anuncio de Rajoy-Hollande de considerar dichos créditos como gastos de inversión no computables para el cálculo del déficit. Dicha propuesta alivia sin duda la cifra estadística, pero viola criterios contables y somete la contabilidad nacional a la presión política del momento. El remiendo que estos líderes europeos se ven obligados a zurcir en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) denota el dogmatismo ideológico que inspiró la concepción del PEC y su falta de rigor económico. El PEC no deja claro qué partidas del gasto público constituyen inversión y, por tanto, contribuyen al crecimiento, y cuáles son gasto de consumo, y, por eso mismo, deben ser recortadas para mejorar el ahorro y poder crecer. Hoy son los gastos por desempleo porque son los que más aprietan, pero mañana podrían ser los del servicio de la deuda.

En cualquier caso, los 26 millones de parados de la Unión Europea, un paro juvenil del 56,4%, 39%, y 26,5% en España, Italia, y Francia, respectivamente, plantean con crudeza la cuestión de la responsabilidad. ¿Nadie se hace responsable frente al ciudadano europeo de estos 26 millones de personas sin trabajo? ¿Solo lo son los Gobiernos nacionales? Si es así, está claro que destinar 60.000 millones de euros, equivalentes al 0,5% de la RNB de la UE, para financiar acciones contra el desempleo juvenil no deja de ser una burla cuando, además, el Consejo Europeo lo bautiza con el pomposo nombre de New Deal para jóvenes.

Otra patata caliente de la cumbre será la unión bancaria, de cuya inexistencia la fragmentación financiera de la eurozona es la consecuencia más lacerante. Por eso, no extraña que Mario Draghi anunciase el programa de Operaciones Monetarias de Compraventa (OMT) del BCE. Hasta la canciller Merkel y su ministro de Economía, Wolfgang Schäuble, se han apresurado a salir en defensa de las tesis del BCE frente a las acusaciones de tibieza monetaria formuladas por el Bundesbank ante el Tribunal Constitucional alemán. El propio Handelsblatt albergaba dudas acerca de la competencia del Tribunal para enjuiciar si el BCE se excedió en su mandato al anunciar dicho programa, pues aunque sentencie su inconstitucionalidad, ello solo obligaría a cambiar la Constitución alemana para ajustarla al Derecho de la Unión cuya validez está exclusivamente restringida al Tribunal de Justicia de la UE.

El hostigamiento del Bundesbank a las OMT socava la confianza de los mercados en el futuro de la eurozona, lo que se traduce en una mayor prima de riesgo para los periféricos y, por tanto, en una mayor fragmentación financiera ¿Tienen sentido las reglas de los tratados cuando la eurozona está fragmentada, se falsea y restringe el juego de la competencia entre entidades financieras, y no funciona la política monetaria? ¿No es sensato que el programa del BCE persiga reparar los daños que provocan la fragmentación y sus consiguientes elevaciones en la prima de riesgo, y prevenga el colapso de la unión monetaria? La advertencia lanzada hace semanas por Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, sobre los peligros de inflación en la eurozona cuando en España estamos casi en situación técnica de deflación, más allá de que constituya un ejercicio de bad economics, parece un sarcasmo, una provocación alimentada por la nostalgia de un poder que la creación del BCE ha clausurado. La próxima cumbre está obligada a tomar decisiones valientes que eviten penalizar las distorsiones a la competencia entre las entidades financieras por razón de su nacionalidad, cuando lo que debería importar es la solvencia de las mismas. De ahí la necesidad, entre otras medidas, de que la capacidad de supervisión del BCE llegue a todas las instituciones financieras, incluidas las alemanas, y de que se pongan en común los recursos necesarios para permitir la quiebra ordenada de los bancos.

Paradójicamente la crisis del euro está creando una nueva conciencia ciudadana entre los europeos. La alternativa al populismo de derechas y a la soberanía de los pueblos estriba en restaurar la solidaridad rota entre países pobres y ricos, pero en ambas direcciones. Los españoles hemos sentido como propias las recientes inundaciones en Alemania y Europa Central porque, en el mundo pequeño en que vivimos, difícil es no tener algún lazo personal con compatriotas europeos alemanes. De igual modo, el cierre de la televisión pública en Grecia nos preocupa tanto a nosotros como a los griegos, porque pone en peligro el ejercicio real de la ciudadanía europea en Grecia y, por tanto, en Europa, y porque constituye un obstáculo a la solidaridad entre ciudadanos europeos que queremos hacernos responsables unos de otros.

Hasta ahora, los Gobiernos han desdeñado el método comunitario de construcción europea favoreciendo un enfoque intergubernamental con vistas a reforzar el papel del Consejo Europeo, algo prohibido explícitamente por el tratado. Pero esto no basta para Berlín, que se empeña en enfriar las expectativas sobre el próximo Consejo Europeo, y, en cambio, publicita el encuentro del 3 de julio sobre el desempleo juvenil en Berlín ad maiorem gloriam de la canciller Merkel ante las elecciones de septiembre.

Los ciudadanos, sin embargo, no podemos permitir que los líderes europeos arruinen nuestras esperanzas ante la cumbre. Nos asiste el mismo derecho a exigirles que se ocupen de corregir los defectos de construcción institucional, con la misma determinación y rigor inmisericorde con la que ellos nos aplican sus recetas de ajuste y reformas. Cierto es que irse con la capa al toro, no es para todos, pero tampoco deben olvidar que para torear y para casarse hay que arrimarse. El envite es serio, pero si la cumbre opta por quedarse en la querencia, dejará a las instituciones europeas y a sus democracias nacionales, huérfanas de cualquier atisbo de legitimidad democrática.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, su último libro es The economics of the monetary union and the eurozone crisis (Springer, 2013).

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