En 2003 publiqué un libro titulado Jaque a la Constitución. Después de analizar los proyectos de nuevo Estatuto de autonomía de Convergencia y Unión, el partido de Puigdemont, y del PSC de Maragall, este fue mi pronóstico: «A la vista de lo que está por venir, presiento que Cataluña lleva camino de convertirse en un nuevo problema. Durante los primeros años de la transición a la democracia, las ciudades catalanas fueron testigo de manifestaciones gigantescas en reivindicación de 'libertad, amnistía y Estatuto de autonomía'». No me equivoqué.
Quince años después, en octubre de 2018, fui designado por el Partido Popular presidido por Alfonso Alonso, en mi condición de constitucionalista y foralista, para formar parte del equipo técnico y la comisión de juristas o expertos encargada por la ponencia del Parlamento Vasco que pretendía poner, en términos legislativos, las bases para un «nuevo estatus político» del País Vasco. Esas bases habían sido acordadas por el PNV y Bildu el 5 de mayo de aquel año, dos días después de la autodisolución de ETA, cuando la banda terrorista decidió entregar las armas para defender la independencia únicamente por la vía política.
En aquel grupo, en representación del PSOE participó el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Alberto López Basaguren, defensor a ultranza del federalismo asimétrico para España. Podemos envió a Arantxa Elizondo, profesora del departamento de Ciencia Política y de la Administración en la misma universidad. El designado por Bildu fue Iñigo Urrutia, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, especializado en derecho administrativo, derechos humanos y derechos sociales. La comisión nombró relator al representante del PNV, Mikel Legarda, diputado en el Congreso y letrado de los servicios centrales del Gobierno vasco. El mandato a los comisionados fue el de redactar un proyecto legislativo de reforma estatutaria, siguiendo al pie de la letra las «Bases y principios para la actualización del autogobierno vasco a través de una reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika», al que consideran obsoleto, para alcanzar un «nuevo estatus político» mediante el reconocimiento de la identidad nacional del Pueblo Vasco o Euskal Herria. La relación entre la nación vasca y el Estado español se llevaría a cabo sobre la base del principio de bilateralidad.
La comisión no llegó a ningún acuerdo. Bildu se apartó de las deliberaciones y presentó su propio proyecto. El PNV intentó lo imposible: armonizar las «Bases» con la Constitución. Al final presentó una propuesta con la que pretendía conseguir el «nuevo estatus» alumbrando un nuevo concepto político, la nación foral. Para ello se invocaba la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, es decir, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, atribuyendo su titularidad al pueblo vasco en su conjunto. Esto permitía «foralizar» todas las competencias autonómicas, lo que permitía al «nuevo estatus» establecer un pacto confederal entre España y el País Vasco. Diremos que si es una nación foral, reconoce que hay un ente soberano por encima: el Estado español, con el Rey a la cabeza.
El representante del PSOE rechazó esta propuesta. Por mi parte, presenté de acuerdo con el PP vasco un proyecto de reforma del Estauto de Guernica que reforzaba las competencias forales de los territorios históricos en el marco de la Constitución y ahondaba en los derechos sociales.
Ante el fracaso de la comisión de expertos, el Parlamento vasco decidió guardar en un cajón el proyecto de «Bases» de 2018 a la espera de una mejor ocasión. Con todo, antes de finalizar los trabajos cada comisionado debía hacer un resumen de su posición. Yo dejé constancia de que las «Bases» no constituían una reforma del Estatuto, sino la creación de un nuevo estatus político radicalmente inconstitucional. La iniciativa del PNV, con la adhesión y colaboración de Bildu, llevaba en sí misma el germen de la división y la confrontación. De seguir adelante, sería el comienzo de un grave conflicto con el Estado que podría dar al traste con el grado de progreso y bienestar del que disfruta el País Vasco, gracias, entre otras razones, al extraordinario nivel de autonomía, antes desconocido en tierras vascas, que se contiene en el Estatuto de 1979; y gracias también a la inversión del Estado en infraestructuras vitales para el desarrollo de la comunidad. Añadí que estaba condenado al fracaso un proyecto político basado en la concepción maximalista del nacionalismo vasco que pretende decretar la defunción del Estatuto de Guernica y convertir a Euskadi en un sujeto jurídico-político soberano, es decir, en un Estado cuasi independiente.
Me equivoqué. Hay un presidente del Gobierno español dispuesto a negociar -y así lo ha anunciado en público, con la firma del pacto con el PNV para su investidura en 2023 y con el pacto secreto con Bildu- para el reconocimiento del País Vasco como nación, no de forma retórica sino para dar cobertura jurídica (inconstitucional) al «nuevo estatus político» vasco. Una prueba de ello es el desprecio que al presidente le merece la Comunidad Foral de Navarra al regalar a los proetarras el Ayuntamiento de Pamplona, donde estos tienen tan solo siete de los 27 concejales. En suma, ha regalado el gobierno absoluto de la capital del antiguo Reino de Navarra a quienes la consideran como la piedra angular del proyecto de Euskal Herria.
Los resultados de las elecciones vascas no suponen ningún alivio para la democracia española. En el Parlamento son 54 diputados, de un total de 75, los firmantes del proyecto de «nuevo estatus político». Todos ellos anhelan la independencia. El PP, con siete escaños, es el único partido constitucionalista y fuerista. El PSOE, dicen, pactará el nuevo Gobierno. No es ninguna garantía de nada, pues Pedro Sánchez se sustenta por igual en el PNV que en Bildu. ¿Y si ambos se ponen de acuerdo para gobernar o formalizan un pacto de gobierno donde se reafirmen en el pacto de 2018? Sánchez no se inmutaría porque ya ha dicho reiteradamente que España tiene al menos tres naciones: la Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y Galicia, esta última para poner en riesgo la hegemonía gallego-española del PP. El resto del Estado español sería un conglomerado de comunidades muy parecido a los reinos de taifas.
Esta visión supone una brutal violación de la Constitución. El gran defensor de la igualdad se disfraza hoy de federalista asimétrico para encubrir la desigualdad. En el País Vasco lleva tiempo dedicado al desarrollo de su trabajo de demolición. El BOE del 19 de abril publicó tres reales decretos (366, 367 y 368) que transfieren facultades del Estado que son intransferibles sin modificar la Constitución y, por supuesto, el Estatuto, en materias de educación, inmigración y transportes. Se justifican como una mera ampliación de servicios y se basan en un real decreto de 1980 que no dice lo que le hacen decir.
Por cierto, cuando los comentaristas hablan de las elecciones vascas lo hacen como si la democracia en el País Vasco fuera similar a la del resto de España. Pues no. ETA llevó a cabo una auténtica limpieza ideológica. Ir con el PP es sumarse a la lista de apestados. En las zonas rurales, Bildu se ha hecho con el poder municipal y ha implantado una auténtica dictadura. Es más fácil gozar de la protección del PNV. Para todo, entiéndase bien.
«Mi experiencia en Sarajevo me vacunó contra los destrozos del nacionalismo y la política identitaria, que no calibran las consecuencias de sus discursos de odio, ni las sociales, ni las políticas, ni las económicas. Mejor dicho, no, no es que no los calibren, es que alimentan lo peor de sus pueblos, porque ellos viven a costa de esta confrontación... (...). La historia demuestra que el nacionalismo es una ideología muy poderosa, pero destructiva, que siempre juega contra los intereses de los ciudadanos y, en los casos más extremos, incluso de sus vidas. La paradoja es que los más perjudicados son esos ciudadanos ensalzados por sus líderes nacionalistas: les hacen sentirse diferentes, exaltan esa diferencia, que luego se torna superioridad, incluso supremacismo». Este es el pensamiento, expresado en su Manual de resistencia, de quien ha jurado ya demasiadas veces por su «conciencia y honor».
Jaime Ignacio del Burgo fue presidente de la Diputación Foral de Navarra (1984), presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y miembro de la comisión de expertos sobre el Nuevo Estatuto Político del País Vasco (2018-2019).