Todas las naciones están enfrentando desigualdades provocadas por un dramático cambio tecnológico, el creciente poder de mercado de las grandes compañías y las feroces presiones competitivas que resultan de la movilidad del capital. La peor crisis de salud mundial en un siglo también ha puesto a prueba a las economías del mundo —en especial a sus finanzas públicas— de maneras extraordinarias. Algunos países están comenzando a salir de la crisis del COVID-19 mientras otros siguen sumidos en sus profundidades. Cada uno de nosotros, en nuestra capacidad como ministros de Finanzas, detectamos dos preocupaciones urgentes que podrían amenazar a todas nuestras economías a pesar de las diferencias entre ellas.
La primera es que a las personas y corporaciones millonarias les está yendo mucho mejor durante esta pandemia que a los que se encuentran en la parte inferior de la escala económica. Los trabajadores y padres con salarios bajos se han visto obligados a elegir entre su salud y la seguridad de sus hijos, por un lado, y sus medios de vida, por el otro. Como resultado, han cargado de manera desproporcionada con la peor parte de los daños económicos de la pandemia. Las pequeñas empresas están sufriendo tras haber cerrado sus puertas para proteger a sus comunidades. Mientras tanto, los ingresos corporativos se han disparado, y los trabajadores y accionistas de altos ingresos han salido de la crisis relativamente ilesos.
El segundo problema es una consecuencia del primero. Los gobiernos necesitan desesperadamente ingresos para reconstruir sus economías y realizar inversiones para apoyar a las pequeñas empresas, los trabajadores y las familias necesitadas. Además, a medida que la pandemia se desvanezca necesitarán más, para abordar el cambio climático y los problemas estructurales a largo plazo. Sin embargo, los ingresos deben provenir de alguna parte. Durante demasiado tiempo, esos ingresos han sido extraídos de forma desproporcionada de los trabajadores, cuyos ingresos son fáciles de reportar y calcular. Los ingresos de capital son más difíciles de fiscalizar porque el capital es móvil y los ingresos son más susceptibles a sofisticadas maromas de contabilidad.
A través de estos trucos, los ingresos del capital de las corporaciones con demasiada frecuencia encuentran un camino hacia jurisdicciones de impuestos bajos. Es decir, las compañías más rentables del mundo reducen hábilmente sus cargas fiscales. Más allá de la pérdida de ingresos, los gobiernos viven con el temor de asignarle muchos impuestos a las corporaciones, porque estas podrían trasladar sus operaciones —y empleos— a otros países. La dinámica que ha resultado de esto en el último medio siglo es, en el sentido económico clásico, una carrera a la baja con respecto a las tasas de impuestos corporativos.
Nos hemos unido para corregir estos problemas con una solución colectiva: un impuesto mínimo global corporativo. Cada uno de nuestros gobiernos tiene el derecho de establecer su propia política fiscal. Pero al ejercer juntos estos derechos soberanos, podemos poner a nuestras economías en el camino hacia una recuperación sostenible e inclusiva de manera más eficiente que si lo hiciéramos solos. Nuestros esfuerzos comenzarán a suavizar las asperezas de una economía global que ha excluido a demasiadas personas de la prosperidad.
Este año, las naciones tienen una oportunidad histórica de poner fin a la carrera a la baja en materia de impuestos corporativos y restaurar recursos gubernamentales en este momento en el que son más necesarios. A través de los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Marco Inclusivo del Grupo de los 20, 139 países están trabajando para lograr una distribución más justa en cuanto a qué países reciben ingresos por impuestos corporativos y la instauración de un impuesto mínimo acordado a nivel mundial. Este impuesto mínimo establecería una base a la competencia fiscal y garantizaría que las corporaciones paguen su parte justa de impuestos.
Nosotros, que representamos cinco economías muy diferentes que abarcan cuatro continentes, apoyamos estos esfuerzos para mejorar y actualizar nuestro sistema tributario internacional para el siglo XXI. En específico, respaldamos una asignación más justa de deberes tributarios sobre las corporaciones más grandes y rentables para reemplazar las medidas unilaterales descoordinadas que han desestabilizado el sistema tributario internacional en los últimos años. También apoyamos la creación de un impuesto mínimo acordado a nivel mundial que garantice que los países graven ingresos corporativos al menos en un nivel básico. Creemos firmemente que un impuesto mínimo sólido global contribuirá con fondos necesarios para las inversiones en infraestructura, sistema de salud, cuidado infantil, educación, innovación y otras prioridades gubernamentales importantes. Restaurar el multilateralismo de esta manera puede crear un entorno estable para las empresas y ayudar a generar prosperidad para todos nuestros ciudadanos.
Estamos logrando avances sin precedentes hacia estos objetivos. Estamos listos para comprometernos con un impuesto mínimo global que de manera efectiva le ponga fin a la carrera a la baja y a la planificación fiscal agresiva de las principales empresas internacionales. Para allanar el camino hacia ese objetivo, respaldamos el entendimiento inicial de que la tasa impositiva mínima global debe ser de al menos 15%, según lo acordado por los países del Grupo de los Siete la semana pasada. Hoy, sin un impuesto mínimo acordado a nivel mundial, el impuesto mínimo global es, de hecho, cero. Dada la ambición de las discusiones hasta el momento, confiamos en que la tasa finalmente pueda elevarse por encima de 15%.
Con un impuesto mínimo global, en lugar de competir sobre tasas impositivas corporativas bajísimas, la competencia se dará en un campo de juego más nivelado, basado en factores económicos reales como la innovación y la eficiencia, ayudando a los ciudadanos del mundo en el proceso. En lugar de temer la competencia fiscal, los gobiernos se centrarán en mejorar los resultados en la productividad y el crecimiento, creando efectos secundarios positivos sin importar dónde se produzca la innovación.
El actual sistema fiscal internacional ha socavado la soberanía nacional hasta el punto de tener efectos cuantificables en las clases media y trabajadora de todo el mundo. Juntos, podemos garantizar que el capitalismo global sea compatible con sistemas tributarios justos y que los gobiernos puedan gravar a las corporaciones multinacionales. Las expectativas son altas y, comprensiblemente, nuestros ciudadanos han expresado la urgencia de su situación. Hacemos un llamado a todos los países involucrados en las negociaciones internacionales para que se unan en un acuerdo político que esté en línea con el cronograma acordado y antes de la reunión de ministros de Finanzas del G-20 del próximo mes. Estos pasos fomentarán tanto una economía mundial próspera como un crecimiento económico ampliamente inclusivo.
Arturo Herrera Gutiérrez es el secretario de Hacienda de México. Sri Mulyani Indrawati es el ministro de Finanzas de Indonesia. Tito Mboweni es el ministro de Finanzas de Sudáfrica. Olaf Scholz es el vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania. Janet L. Yellen es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos.