Por una fiscalidad más favorable a las familias

Apenas lograda la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, el Gobierno ya ha empezado a negociar con los grupos políticos el diseño de los próximos Presupuestos para 2018, retomando el cauce normal en los trámites tradicionales y empezando en primer lugar por el techo de gasto. Más allá de las peticiones de más descentralización por parte de los nacionalistas, el foco vuelve a estar en la fiscalidad y en una cuestión necesaria y urgente como es la falta de fondos para pagar las pensiones.

Ante esta situación, la mayor parte de los grupos parlamentarios piden subidas de impuestos tanto para cuadrar las cuentas como para hacer llegar más fondos que sostengan el gasto público. Los Presupuestos que entran en vigor aumentan de forma significativa las transferencias a las Comunidades Autónomas, las cuales han aumentado 4 puntos porcentuales su gasto corriente con respecto al año anterior.

Aunque estemos en un escenario de continua reducción de los costes de financiación de la deuda, los incrementos discrecionales de gasto son difícilmente financiables con la liquidez diaria de la Administración central e incluso los gastos importantes e inevitables como son las pagas extra a los jubilados tienen que financiarse con créditos a la Seguridad Social por un importe de 10.192 millones.

Ante la falta de tirón de la recaudación de los dos impuestos más importantes -el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social-, el Gobierno está exigiendo a las empresas importantes adelantos de tesorería en forma de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades (cuya campaña estamos a punto de empezar) para cubrir la liquidez ordinaria mientras que sigue sobre-emitiendo Deuda pública aprovechando la coyuntura de tipos bajos. Esta situación transitoria no puede mantenerse por mucho más tiempo y, por tanto, abre la puerta a otras políticas que puedan derivar en nuevas subidas de impuestos.

Aunque el indicador de presión fiscal (ratio de ingresos públicos sobre PIB) nos señale que estamos 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, la realidad fiscal en España es bien distinta. Pedir un esfuerzo fiscal adicional a una familia española que vive de las rentas del trabajo, supondría poner a España en el top 3 de países de la OCDE que más impuestos pagan por sus actividades laborales. Esto en términos tangibles se traduce en que un español medio tiene que trabajar 178 días sólo para pagar impuestos.

Estas son las principales conclusiones del informe que Civismo publica cada año titulado Día de la Liberación Fiscal. Un español paga los mismos impuestos sobre el trabajo que un finlandés o un sueco pero tiene el mismo nivel de vida que un portugués o un griego. De no ajustar por patrón de consumo, inflación o estructura productiva -que es lo que sucede en el indicador de presión fiscal- daría la sensación de que un español paga pocos impuestos y, por tanto, genera un margen para subirlos.

Especialmente, uno de los puntos donde pagan más los españoles es precisamente en seguros sociales. Es el segundo país de la OCDE sólo por detrás de Suecia y con una incidencia particular en aquellos trabajadores con salarios más bajos y los que se establecen por cuenta ajena como son los autónomos. Pero incluso con este nivel de presión fiscal derivada de las cotizaciones a la Seguridad Social, el sistema no puede financiar las pensiones actuales.

En este sentido, el debate presupuestario y el crédito aprobado por el Consejo de Ministros, debería orientarse más hacia una reforma en serio y en profundidad del sistema de pensiones optando por otros modelos más que plantear una subida de las cotizaciones como plantean grupos políticos como el PSOE o Podemos. Tampoco para subir impuestos más allá del Gobierno central como está pasando en algunas regiones. Este año en IRPF ha habido alguna rebaja de los tramos bajos, pero compensada con aumentos en los tramos altos y en los mínimos exentos del Impuesto de Patrimonio.

En suma, en un escenario en el que necesitamos cuadrar las cuentas, una subida de los impuestos a las familias no generaría más recaudación sino más desconfianza, reducción del gasto familiar y una caída mayor si cabe del ahorro de las familias, el cual se encuentra en un nivel todavía más bajo que el que tenía en 2007. Dato preocupante para un país cuya base de ahorro familiar es fundamental para asegurar la cohesión social.

Javier Santacruz Cano es jefe de investigación del think tank Civismo.

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