Por Enric Marín, profesor de la UAB y exsecretario de Comunicació de la Generalitat. También firma este artículo Joan M. Tresserras, profesor de la UAB y exconsejero del CAC (EL PERIÓDICO, 14/10/06):
Desde su creación, en junio del 2000, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha seguido una trayectoria ascendente, marcada por el aumento progresivo de competencias. Este incremento ha sido propiciado principalmente por dos factores. El primero, la consideración de las políticas de comunicación en general, y del audiovisual en particular, como una prioridad por parte de todas las fuerzas políticas. El segundo, la propia consolidación interna del organismo, el respeto suscitado por su trabajo y sus decisiones, y su correspondiente reconocimiento social.
Con la ley del audiovisual de Catalunya, aprobada en diciembre del 2005, Catalunya pasaba a tener una de las ordenaciones jurídicas del sector audiovisual más modernas y avanzadas de Europa, y convertía el CAC en su pieza fundamental. La ley había tenido un largo proceso de elaboración, en medio de un ambiente de consenso parlamentario que solo por presiones externas de última hora acabaría rompiendo el grupo del PP. El CAC, 5 años y medio después de su creación, se convertía en una auténtica autoridad reguladora independiente al nivel de las principales autoridades europeas.
La expectativa de la inminente aprobación en Madrid de la ley audiovisual española y de la creación de un consejo audiovisual de ámbito estatal, inspiradas ambas en el modelo catalán, venía a completar un marco jurídico sólido y puesto al día. La previsión de un Estatut que ampararía las mejoras introducidas por la ley del 2005 completaba una acción política largamente reivindicada (como mínimo, desde el debate monográfico en el Parlament de diciembre de 1999). Se cumplían así, también, las previsiones de los Pactos del Tinell y el principal objetivo político del Govern catalanista de izquierdas en este ámbito.
La primera grieta en la unanimidad que suscitaba el CAC coincidió, y no casualmente, con la aprobación de la ley. El motivo: un documento público del Consell en el que denunciaba contenidos de dos programas de la COPE contrarios, entre otros, al principio de veracidad. La posibilidad de que existiera una autoridad reguladora española que evitara la impunidad bajo la que operaban algunas empresas de lo que se ha llamado brunete mediática desencadenó ataques al CAC desde la derecha empresarial y profesional. La operación tuvo los lógicos aliados en un Estado que se jacta de ser el único de Europa que aún no tiene un organismo visto en todas partes como una garantía democrática imprescindible. Paradójicamente, los que suelen recurrir a la mentira, el insulto y la difamación se envolvieron en la bandera de una libertad de expresión que reducían de derecho fundamental a mera coartada particular.
LA PRESIÓN y el ruido surtieron efecto. El debate sobre la libertad de expresión no dio demasiadas aportaciones remarcables y puso en evidencia lo simplista y primario de algunas posiciones arraigadas en sectores neoliberales. Pero la ley española se retrasa. Aún no sabemos hasta cuándo ni cómo quedará. De autoridad audiovisual española, si puede ser independiente, casi no se ha hablado en los meses posteriores. ¿Quién teme a una autoridad independiente que regule los medios audiovisuales de título habilitante concedido por el Estado? ¿A quién interesa ser la anomalía europea?
Aunque ha habido tiempo suficiente para que desde el propio Gobierno español, en posición defensiva y de retirada ante los embates de la derecha, se recurriera contra la ley catalana y se provocara la suspensión cautelar. Primero se inspiraron en ella y luego la retiran. La noticia no ha provocado grandes aspavientos entre nosotros. Tras el recorte del Estatut, algunos deben de pensar que tanto da. Pero hay que insistir en que lo que hoy se bloquea y se cuestiona ha sido la prioridad consensuada, elaborada durante mucho tiempo. La ley catalana del audiovisual y el CAC han sido el objetivo de una batalla política impulsada en Madrid por una derecha que se niega a someter sus plataformas mediáticas al control democrático. Esta es la batalla de fondo: la derecha contra el CAC. La impunidad periodística y empresarial, los privilegios sin contrapartidas, el rechazo a la responsabilidad social, frente la posibilidad de una regulación independiente, de un control democrático real, con capacidad sancionadora, del sector audiovisual.
AHORA el CAC es una realidad. Ya tiene poder efectivo. El concurso para la concesión de la TDT local en junio fue una piedra de toque muy relevante. Ante esta situación, hay sectores interesados en debilitar al CAC. Desde empresas que no están dispuestas a cumplir los compromisos concesionales hasta grupos políticos vinculados a ellas. La renovación de tres miembros del CAC en junio, que necesita una mayoría cualificada de dos tercios, pudo ser bloqueada por un grupo parlamentario catalán que tiene un tercio más uno de los escaños. Y un poco más tarde, la respuesta otra vez razonada y experta del Consell a unas denuncias contra un anuncio en favor de las selecciones catalanas provoca el recurso a la vía judicial por parte de la derecha más derecha, y obtiene medidas de suspensión cautelarísima basadas en una urgencia que quiere ahorrar argumentos. Comparen el documento del CAC con el texto de la decisión judicial.
¿Quién teme al CAC? ¿Quién quiere debilitarlo? Los que hasta ahora han tenido la posibilidad de instrumentalizar los medios públicos y privados, convirtiéndolos en una eficaz plataforma de poder. Los que han querido apropiarse de la comunicación pública porque saben que es clave para asegurar la calidad democrática.