Colombia, ante la historia

La historia de la humanidad ha demostrado que la mejor guerra es la que no se hace. Sin embargo, una vez hecha, incluso por más de medio siglo como ocurre en Colombia, ¿cómo se pueden cerrar las heridas con una simple firma que, probablemente, lo que busca ante todo es no vivir permanente en el rencor? Puede servir por actual y oportuna, la réplica de Tácito en sus Annales cuando, recordando la paz de Augusto, escribía: «Hacen una carnicería como la que han hecho, firman un acuerdo y a eso le llaman paz». Sabio pensamiento que subraya la idea de que la paz sólo existe de verdad cuando se crean las condiciones que la hacen posible y logra enraizar en el corazón de los miembros de la civitas, los ciudadanos. Lo más fácil, por lo tanto, incluso después de más de tres años de negociación entre las FARC y el Gobierno colombiano, es firmar y lo más difícil es cumplir lo rubricado y que todos los colombianos asuman el proceso como un reto personal y colectivo. Aún con las dificultades que vienen, la de la pasada madrugada es una rúbrica para la historia y un día grande para Colombia que deja atrás 50 años de barbarie, más de 200.000 muertos y cinco millones de desplazados; un momento histórico para ese país y, me atrevería a decir, para América Latina y para toda la condición humana.

El día después se inicia un proceso largo y complejo que tendrá un recorrido largo de varias generaciones -al menos dos- como demuestran los diversos acuerdos y procesos que cierran enfrentamientos armados, pero que exige desde el principio arrancar con paso firme y, sobre todo, aprender de los errores en los que otros cayeron para no repetirlos. Es por ello que, supeditado a la imprescindible refrendación en el plebiscito del próximo 2 de octubre, la aplicación de lo pactado en un escenario del postacuerdo debe suponer una verdadera refundación del Estado y, por ende, de algunas de sus políticas públicas estratégicas para que este paso histórico cumpla el papel transformador en la sociedad colombiana que impida un cierre en falso del proceso de superación histórico de la violencia. Y para ello, la necesaria reforma del Estado colombiano no puede plantearse como hacía el príncipe de Salina en la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cuando decía: «…cambiémoslo todo para que todo siga igual». Ante este temor de que lo suscrito fuera un mero maquillaje es necesario señalar que el acuerdo es valiente y ambicioso en su afán reformador. Plantea la necesidad de un acuerdo nacional para poner en marcha un verdadero totum revolutum en la estructura y funcionamiento del Estado, sobre todo al plantear una reforma rural integral que incide en la propiedad de la tierra y también en la modificación de algunas de las principales leyes que, como la propia ley electoral, son fundamentales para facilitar un verdadero cambio en las principales dinámicas históricas que sentaron las bases del conflicto y del enfrentamiento en ese país.

Los negociadores en el Preámbulo y en el punto segundo del acuerdo, de forma acertada, han consagrado la participación ciudadana como el verdadero punto de bóveda en la estructuración de las nuevas políticas públicas de paz y desarrollo con el objetivo de propiciar un mayor pluralismo político, social y electoral capaz de abrir y limpiar una sociedad históricamente desigual, clasista exclusiva y excluyente en la que pocas familias han detentado el poder social, económico y territorial; esos mismos apellidos que han sido y siguen siendo verdaderas castas políticas que han detentado por siempre el dominio y han asumido históricamente el «Estado como botín». Aún con todo, el éxito o fracaso en la construcción del escenario superador de la violencia y de estas políticas transformadoras del Estado dependerá, en buena medida, de la capacidad para fortalecer la estructura territorial en una decidida dinámica descentralizadora en lo político y en lo presupuestario. En resumen, construir un Estado presente y activo en el territorio, capaz de gestionar las políticas públicas del postconflicto armado. A fin de cuentas, esos departamentos, alcaldías y veredas serán los encargados de aplicar los acuerdos y los responsables últimos de su éxito y/o de su fracaso.

Por este motivo, es imprescindible una apuesta firme gubernamental y de toda la sociedad colombiana, con el acompañamiento de la comunidad internacional, en ámbitos estratégicos de los acuerdos de paz que inciden en la gestión del postconflicto armado priorizando el desarrollo de las políticas sociales más endebles o inexistentes pero, sobre todo, en la reparación integral a las víctimas -tal como establece el punto cuarto del acuerdo-, y también en la protección y goce efectivo de los derechos fundamentales de la población, especialmente la más vulnerable o en situación de desplazamiento forzoso. Sin embargo, para que este acuerdo pueda transformar a Colombia en una realidad diaria de paz es esencial introducir cambios profundos en su cultura democrática. Para empezar, aquella práctica repetida históricamente de la eliminación física de todas aquellas opciones electorales -como ocurrió con la Unión Patriótica- que son consideradas un peligro para seguir manteniendo sine die el histórico equilibrio de poder. Por ello, este acuerdo establece un estatuto para el ejercicio de la oposición política y abre un camino real de participación política y electoral de las FARC o del movimiento en el que transforme. Para lo cual, contará con una representación limitada «con voz» pero «sin voto» antes de 2018 y con una representación plena de 10 curules en el Congreso de la República después de esa fecha. A nadie se le oculta que este controvertido punto sobre la participación política de los ex guerrilleros será determinante en la toma de postura de cada elector en el próximo plebiscito para refrendar o no el acuerdo, pero es claro que esta excepción en el principio de la representación pretende impedir el riesgo de marginalización y criminalización de los actores desmovilizados que, si aspiran a tener un papel protagonista en el escenario político, antes o después, deberán ganarse el derecho para ejercer la representación con otras legitimidades. No es apropiada la idea de que es mejor tener al enemigo cerca para controlarlo porque ya ha dejado de serlo, pero esta controvertida concesión en la mesa de negociación facilita la normalización progresiva de los que fueron actores armados, intentando impedir su peligrosa exclusión política y social.

Por otro lado, en otros procesos similares, dentro y fuera del continente, estos grupos desmovilizados incorporados a la institucionalidad han tardado más o menos dos lustros en asentar un buen resultado electoral e, incluso, ganar la presidencia por la fuerza de los votos y no de las armas. Esta firma es sólo un primer paso en una apuesta a medio o largo plazo en donde será necesario un ejercicio colectivo e individual de toda la ciudadanía colombiana para asentar nuevas bases y métodos en la resolución de los conflictos. Una nueva cultura ciudadana en donde será imprescindible una adecuada pedagogía de paz para las actuales generaciones, pero centrando nuestros esfuerzos en las venideras. Y de forma muy especial en la gestión de una memoria histórica fruto del acuerdo y no de la imposición para que sea verdaderamente reparadora; una auténtica cátedra de paz en la que todos estamos implicados. Somos muchos los que deseamos con vehemencia que este acuerdo tan valiente y ambicioso, no sea parte esa práctica tan colombiana en donde nos decimos mentiras, haciéndonos promesas con total seguridad y sin ningún género de dudas, pero ya sabemos, incluso cuando las estamos diciendo, que nunca vamos a cumplirlas.

Gustavo Palomares Lerma es presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos y catedrático europeo en la UNED de España. En la actualidad, dirige el Proyecto Europeo Pedagogía de paz y gestión del postconflicto en Colombia.

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