Heridas políticas 'on-shore'

Antes de que la furia de los papeles de Panamá se convierta en humo o en otro caso cerrado, antes de que festejemos en exceso el encarcelamiento de Mario Conde, hay que decir tres o cuatro cosas. Porque ninguna sociedad sale indemne de una sacudida tan brutal de sus élites políticas y económicas como la que estamos viviendo y lo peor que puede pasarnos es que nos acostumbremos, como indica la escasa sorpresa producida al conocerse que Rodrigo Rato también fue cliente de Mossack Fonseca.

Se nos ha dicho que Soria ha dimitido porque no ha sido capaz de explicar para qué mantenía sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Ya lo explico yo: para nada bueno. Una empresa concebida para realizar una actividad económica normal, se ubica en un país normal. Quienes abren sedes en paraísos fiscales lo hacen para garantizarse la opacidad de sus operaciones extraterritoriales y, sobre todo, para no pagar impuestos. Es decir, para quedar al margen de las leyes que afectan al resto de los mortales.

Heridas políticas on-shoreA nadie se le escapan las consecuencias económicas y sociales de los paraísos fiscales: resulta imposible desgajar la creciente desigualdad en nuestras sociedades del egoísmo de quienes eluden sus impuestos mediante sociedades opacas. Miles de millones de euros se ocultan off shore, el equivalente al PIB de Alemania y Reino Unido juntos según cálculos de Oxfam que, tras analizar 200 empresas, concluyó que nueve de cada 10 de las grandes tiene presencia en al menos un paraíso fiscal. De modo que los superricos, los ricos y los poderosos que eluden pagar impuestos no sólo obligan a pagar más a las clases medias atadas a la transparencia de su nómina, sino que privan a los Estados de ingresos necesarios para garantizar la redistribución de la riqueza y la calidad de los servicios públicos.

Sin embargo, las consecuencias de los paraísos fiscales no acaban en lo social y lo económico. Quizá menos evidentes, pero igualmente graves, son las heridas políticas que están infligiendo a las sociedades democráticas.

¿Qué pasaría si todos nos domiciliáramos en Panamá para no pagar nuestros impuestos? Sencillamente, que no habría fondos para hospitales, ni para carreteras, ni para la recogida de basuras. Y esto va más allá de la mera desigualdad para convertirse en un abuso de poder: quienes tienen más dinero han decidido que las clases medias depauperadas les paguen las carreteras o la policía, si un día sufren un robo en su propiedad. Sin duda, es un negocio redondo. Si todos nos comportáramos como ellos, el Estado sencillamente colapsaría, es decir, se destruiría la comunidad política de la que todos formamos parte. Por eso resulta particularmente inquietante la presencia de cargos públicos en sociedades off shore: quienes encarnan el Estado trabajan por su destrucción.

Pero tranquilos, el Estado no se va a desintegrar a causa de una participación ciudadana masiva en paraísos fiscales, porque éstos están concebidos de forma excluyente. Las oportunidades de que algunos disponen para trasladar al paraíso sus negocios no se ofrecen a cualquiera. El ciudadano común que, en el mejor de los casos, tiene por todo patrimonio una casa, no se la puede llevar a Panamá para no pagar el IBI, como tampoco su nómina o su coche. Insistir en que esas sociedades off shore son legales sólo empeora las cosas, pues de hecho se nos está diciendo que un orden profundamente injusto es, sin embargo, legal.

Vivimos en una impecable legalidad injusta, que aumenta las desigualdades sociales, permite el abuso de poder, concede mejores oportunidades de negocio a quienes más tienen y consagra de hecho la desigualdad ante la ley.

¿Qué genio ideó este artefacto sofisticado? Mediante un doble tirabuzón los paraísos fiscales trituran el principio básico del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley. Pues lo que compra el dinero, a través de esas sociedades off shore, es el acceso a una legislación ventajosa, a una legislación exclusiva que, por definición, está hecha a la medida de quienes pueden pagársela.

El Estado de Derecho deja de ser el marco de convivencia común de una comunidad política y se convierte en un club donde la mayoría tiene el acceso general y unos cuantos gozan del acceso Premium. El primero da derecho a unas ciertas libertades y garantías -cada vez también más caras gracias a las tasas judiciales- e impone obligaciones tributarias ineludibles. El acceso Premium que otorga Mossack Fonseca brinda las mismas libertades y garantías, al tiempo que unas obligaciones fiscales mucho más laxas: sin duda, el nombre de paraíso está bien elegido si se considera el punto de vista de los afortunados. Para el resto de la sociedad, sin embargo, se produce una quiebra del Estado de Derecho, es decir, de la democracia. Cada sede opaca en un paraíso fiscal es una herida política aquí.

No es nada que no hubieran inventado los tiranos, como explica muy bien Giorgio Agamben, al hablar de la excepción soberana. El poder total se caracteriza por dictar las leyes que rigen para todos al tiempo que se exceptúa a sí mismo de cumplirlas. El soberano se encuentra en un círculo desde el que gobierna las vidas de los demás, sin que nadie controle la suya, justo lo contrario de lo que pretende la democracia: establecer las mismas leyes para todos y asegurarse de que rindan cuentas quienes ostentan el poder.

Hay, por último, otra herida política abierta, sangrando en canal: la discursiva. Porque otro personaje de estas tramas es Mario Conde, que llevó el dinero sucio a Suiza, y durante años, mientras se lo iba trayendo blanqueado, no dejó de darnos lecciones morales ni un solo minuto. ¿No es enternecedora esa preocupación por nuestra salvación? Sabiéndose él mismo extraviado irremisiblemente, decidió que el resto de los españoles no nos apartáramos de la senda moral y estética. ¡Si hasta nos explicó que para no ser horteras teníamos que abrir una cuenta en Suiza!

Desde su púlpito, Conde siguió haciendo aquello que definió muy bien Vázquez Montalbán: "Durante más de 2.000 años, los dueños del lenguaje se han caracterizado por predicar el bien y practicar el mal". Un debate público intoxicado por sujetos así contribuye a una democracia de peor calidad.

Panamá, Seychelles, Gibraltar, Islas Vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos paradisíacos nombres abre una herida en el corazón de la democracia. El mapa de los paraísos fiscales es la geografía política de la deslegitimación del sistema democrático, aunque algunos crean que se trata sólo de un incómodo engorro doméstico en vísperas de previsibles elecciones. Están dañando la idea misma de democracia, pero el Gobierno mira alegre el reguerillo de sangre, orgulloso de haber asumido por una vez alguna responsabilidad política. Están locos.

Irene Lozano es escritora y diputada del PSOE.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.