¿Hablamos de bulos? Aquí va uno bien gordo, repetido prácticamente por todos los medios: La ONU insta a España a preservar la memoria histórica o La ONU, contra las leyes de concordia. Se refiere la noticia a un «informe» demoledor contra las iniciativas que Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana han impulsado frente a la Ley de Memoria Democrática, esa que el Gobierno de Pedro Sánchez redactó con Bildu y que prolonga el franquismo y sus sevicias hasta 1983 (en plena Movida madrileña). Moncloa ya tiene el relato triunfal: la ONU ha sacado los colores a PP y Vox por «blanquear la dictadura».
No voy a analizar los textos autonómicos, sino el pronunciamiento de la ONU. Pues bien, no existe. La ONU no ha dicho nada. Lo que hay es un documento de tres «relatores especiales» que, en palabras de la propia organización, son «expertos independientes» que no pertenecen a la entidad ni cobran de ella, y cuyos informes, realizados «de forma voluntaria», no expresan «la opinión de la ONU».
En segundo lugar, conviene aquilatar la figura del relator y su presunta independencia. Se nos aparecen como enviados de Jehová, pero son simples mortales que se postulan a la Comisión de Derechos Humanos (esa que incluye a las peores dictaduras del planeta), y no siempre resultan de fiar: algunos tienen agendas muy concretas que ponen en marcha gracias a la proyección que les da la ONU. Para los anales ha quedado el sociólogo suizo Jean Ziegler, quien siendo relator especial para el Derecho a la Alimentación emitió en 2007 un informe felicitando a Fidel Castro por lo bien que daba de comer a sus súbditos. Más tarde, en 2014, participó en unas jornadas de apoyo al régimen cubano con el mismo fervor que aplaudió en su día a Mengistu y la reforma agraria de Mugabe. No es de extrañar que, con semejante trayectoria, Ziegler fuera acreedor del Premio Gadafi de los Derechos Humanos.
Volviendo al informe sobre la memoria histórica, elaborado a petición del Gobierno de Pedro Sánchez, es interesante fijarse en el autor principal, el argentino Fabián Salvioli, que hasta el 30 de abril ejerció de relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación. Salvioli es un abogado de opiniones taxativas y no oculta su desprecio infinito por la Justicia española. A quien venera, en cambio, es a Baltasar Garzón. ¡No hay boda sin la tía Juana! Salvioli ha criticado la condena por prevaricación al ex juez, quien según él fue inhabilitado sin garantías y no tuvo derecho a un tribunal independiente. O sea, que para el ex relator argentino ni el Tribunal Supremo español ni el Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a todos ellos llegó el expediente, son dignos de confianza.
El año pasado, Salvioli y Garzón participaron en Buenos Aires en un foro sobre derechos humanos de la Unesco que sirvió para arropar a Cristina Fernández de Kirchner, condenada meses antes en una de las varias causas que tiene abiertas por corrupción. Con ellos estaba Juan Carlos Monedero. Y Rafael Correa, Evo Morales y Ernesto Samper. Y José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mejor de cada casa. Garzón, agasajado en su día con cargo y sueldo por Fernández de Kirchner, aseguró que su patrona había «dado jirones de vida por Argentina». De lo que se llevó a cambio no dijo nada.
Salvioli está decidido a redimirnos, como muestran sus comparecencias en 2018 y 2022 en el Congreso, invitado por Podemos. Hay que derogar la Ley de Amnistía de 1977. La Ley de Memoria Democrática es «insuficiente». Las reparaciones deben tener «dimensión de género». Lo hemos hecho todo mal y nos vamos a condenar. Lástima que lo que le sobra de vehemencia le falte de rigor. Según Jorge Azcón, Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco, los presidentes autonómicos señalados, Salvioli ni siquiera tuvo a bien ponerse en contacto con ellos y su informe contiene falsedades.
El abogado los acusa de negar la represión franquista. «Es una ofensa a la inteligencia de la población decir que no existe algo que existe». ¿Y lo contrario? Lo digo porque su amigo Baltasar auspicia las dos grandes mentiras que la izquierda radical trata de colar en el relato de la Guerra Civil y la dictadura: la de que «España es el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya, según la ONU», y la de los bebés robados del franquismo. Ambas repetidas una y otra vez en la ofensiva contra la Transición.
El origen del primer bulo, según recogió Arcadi Espada, está en un informe de 2014 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que da la cifra de 114.226 desaparecidos en el franquismo y cuya fuente es... un auto de Baltasar Garzón. El responsable del grupo detalló después que esa cifra era una estimación, sin respaldo de ninguna investigación ni registro. En todo caso, colocar a España en el ranking mundial, por delante de la URSS, la China de Mao, la Alemania nazi o Ruanda es un dislate. Entidades a las que cabría exigir seriedad, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o Juezas y Jueces para la Democracia, repitieron el infundio.
El bulo de los bebés robados, inspirado en los secuestros reales en la dictadura argentina, también ha contado con el impulso entusiasta de Garzón. Empezó con 30.000 y vamos ya por 300.000 hasta los años 90 (el franquismo se estira como el chicle). Se multiplican también los observatorios, las asociaciones de víctimas y las oficinas de atención. La realidad es que no hay un solo caso constatado, a pesar de las 2.000 denuncias efectivas e investigadas. Forenses nada sospechosos han llegado a hablar de «psicosis colectiva». Pese a ello, el Gobierno ha consagrado el bulo en la Ley de Memoria Democrática, que asume un delirante «secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica».
En la construcción del memorialismo guerracivilista (que compagina con la defensa de los hampones del chavismo que recurren a su bufete), Garzón esperaba contar con la colaboración inestimable de su mujer, la ex ministra y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, colocada muy oportunamente como fiscal especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El problema es que el Supremo acaba de anular el nombramiento, que se hizo sin un dictamen previo sobre un posible conflicto de intereses.
De todas formas, Garzón es un hombre de recursos. Cuando aquí se le tuercen las cosas, activa su club de fans, ya sea en Ginebra o en Buenos Aires. Cómo olvidar a la octogenaria jueza argentina María Servini, tan relajadita a la hora de exonerar a los parientes ladrones de Menem o de Kirchner, y tan obstinada con la «causa general» contra el franquismo que había intentado sin éxito Garzón. En 2020 Dolores Delgado, entonces fiscal general, maniobró para evadir la jurisprudencia española y que Servini pudiera interrogar a Rodolfo Martín Villa por «crímenes de lesa humanidad». La propia Justicia argentina puso fin al circo. Servini, por cierto, fue la juez a la que también acudieron algunas asociaciones de «bebés robados del franquismo».
El ex juez Garzón tiene además predicamento en el Comité de Derechos Humanos de la ONU: de nuevo, consultores sin decisión política que lo mismo condenan su inhabilitación por prevaricación y exigen que el Estado español se disculpe, lo indemnice, lo reintegre y le cante una copla, que le echan un cable para evitar la extradición de uno de sus selectos clientes (Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde).
En fin, situemos las cosas en su justa dimensión. En la dimensión que les da la propia ONU. A pesar de los truenos que acompañan a Salvioli y de la trompetería del Gobierno, la ONU ha subrayado que el texto de esos relatores recoge «opiniones, recomendaciones» que no implican obligación alguna. Y sobre todo, recordemos que los historiadores han hecho de la Guerra Civil (que no tardará en cumplir un siglo), su contexto y sus consecuencias una de las etapas más investigadas, con más de 20.000 libros publicados. Y siguen en ello. Apelar a la memoria desde el sectarismo ideológico para imponer una visión unilateral no es admisible. La memoria particular es de cada uno. La colectiva no puede ser otra que la de un enorme y vergonzoso fracaso. Se trata de un asunto lo suficientemente trascendental como para que se lo apropien personajes tóxicos y arribistas sin escrúpulos que medran a costa de destruir una convivencia cimentada sobre la buena voluntad de todos a lo largo de más de 40 años.
Maite Rico es periodista.