Álvaro Delgado-Val, escritor y periodista (ABC, 20/05/05).
EL debate sobre el estado de la Nación se cerró el martes pasado con una resolución que incluye a todos los partidos excepto al PP y que autoriza al Gobierno a negociar con ETA si ésta abandona las armas. En la resolución se afirma que no habrá concesiones políticas a los terroristas. Lo último admite sólo una interpretación: se hablará con ETA con objeto de discutir los detalles de la rendición. No más. ¿Cómo se explica entonces el voto negativo del PP?
Los españoles apasionados tienen ya una respuesta a mano: el PP busca perjudicar al PSOE sin reparar en gastos. Lo que se permitió a Aznar en Zúrich no le será concedido a Zapatero. Este reproche se escucha una y otra vez desde las filas socialistas. Pero las cosas son más complicadas. En primer lugar, el contacto suizo sucedió a una tregua de la banda, tregua que ahora no está asegurada en absoluto puesto que, sobre el papel, no han mediado conversaciones formales entre el Gobierno y los terroristas. En segundo lugar, es muy raro que se someta a la aprobación solemne del Congreso una providencia que los gobiernos han evacuado siempre sobre la marcha, y que, aparte de otras consideraciones, carece de pertinencia mientras no existan evidencias consolidadas de que ETA se rinde. Estas reflexiones han sido invocadas por el PP para argumentar que Zapatero tiene previsto hacer concesiones políticas a los asesinos, concesiones de las que no saldrá ileso el Estado.
La imputación es grave por cuanto presupone un proceso de intenciones. Zapatero estaría mintiendo sobre un asunto de la máxima importancia, y por tanto estaría cometiendo una infamia. El razonamiento nos lleva indefinidamente lejos, mucho más lejos de lo conveniente. En mi opinión, cabe una aproximación alternativa y menos insultante para el Partido Socialista. Estimo que es muy probable que se terminen haciendo concesiones políticas a ETA. Pero lo último no entraña que Zapatero esté mintiendo ahora. Significa sólo que el presidente ha generado una dinámica que no controla en modo alguno, y que podría arrastrarle hacia donde él preferiría no ir. Apenas se adopta este enfoque aséptico, el pronóstico queda desligado del proceso de intenciones y del juicio moral en su acepción primaria. Miremos el asunto con un poco de perspectiva.
Antes de la elecciones vascas los socialistas bendijeron un plan, el llamado plan López, completamente inaceptable para los populares. El invento produjo desconcierto, e interpretaciones varias. Al principio se dijo que se trataba de una argucia para captar voto nacionalista. Siempre me ha sorprendido esta tesis, que postula en los paladines del plan una voluntad de fraude poco democrática. Celebradas las elecciones, sin ganancia en los caladeros nacionalistas, persistió el plan. En la vida política, nada es lo que sucintamente es. Cada cosa es ella misma dentro de un contexto. Basta por tanto que varíe el contexto, para que cambie la cosa. El plan López, periclitada la ocasión que según algunos había motivado su elaboración, mudó de naturaleza. Se convirtió, por la deriva de los acontecimientos, en una propuesta de renovación estatutaria que quebraba la cohesión de los constitucionalistas, a la vez que abría posibilidades de entendimiento con los nacionalistas. En orden a llegar a esta conclusión no se precisa, de nuevo, hacer un proceso de intenciones. Si usted forma equipo con alguien contra un tercero, y se separa de su aliado avanzando hacia su rival, estará incitando a su rival a entrar en tratos. Usted podrá decir que su intención no era ésa. Pero no podrá decir que la resulta lógica de su desplazamiento no sea la que objetivamente es.
A continuación, se sucedieron otras novedades. Zapatero se comprometió a una reforma del Estatuto en el plazo de dos años. Recibió a Ibarreche en la Moncloa, en un encuentro con apagón informativo, al día siguiente o a los dos días de que el lendakari en funciones se hubiese reunido con Otegi, jefe de HB. Y ocurrieron cosas raras a propósito del PCTV, la nueva fachada política de ETA. Algunos constitucionalistas aseveran que eran mínimas las esperanzas de instar con éxito la ilegalización de este partido. Lo curioso, no obstante, es que no se procuró siquiera cubrir el expediente. No se informó oficialmente a los jueces. Y Patxi López incluyó al PCTV en su ronda desganada y más bien teatral de contactos para obtener una mayoría parlamentaria en Vitoria. El PP ha emplazado al Gobierno para que denuncie al PCTV. Y el Gobierno ha insistido en que no lo hará.
Enriquezcamos un poco más el contexto. Zapatero anhela, y todos estamos con él, que ETA deje las armas. El itinerario ortodoxo, y recorrido con éxito durante los últimos años, consiste en apurar el cerco policial al tiempo que se ahoga a la banda en los planos institucional y político. ¿Qué alternativas existen a este procedimiento? La apelación al diálogo, tantas veces repetida por el presidente, es, o vacía -nadie rehusaría sentarse a hablar con un señor que viene a rendirse- o equívoca. Será lo segundo, si por «dialogar» se entiende algo más que la aceptación de medidas limitadas al ámbito penal.
En un escenario no problemático, el Gobierno convocaría al PP y le consultaría sobre la conveniencia de salirse un poco de la ortodoxia. Se ponderaría hasta dónde es razonable llegar, se estudiarían las repercusiones que la cesión pudiera tener sobre el resto de España, empezando por Cataluña, y se consensuaría un acuerdo inspirado en una concepción compartida sobre mínimos: cohesión del Estado, regulación de los estatutos, etc... En el escenario real, el cruce de pareceres se está verificando, no entre el Gobierno y el PP, sino entre el primero e Ibarreche, quien no se cansa de repetir que hay que arrumbar el Pacto Antiterrorista y hablar con ETA en clave política. De añadidura, existe un arco voltaico innegable entre el abertzalismo y el PNV, de un lado, y quienes del otro insisten en valerse del impulso vasco para romper la Constitución en Cataluña. Los segundos apoyan a Zapatero en las Cortes. Y algunos militan dentro del partido.
La constatación ingrata es que Zapatero ha elegido unos compañeros de viaje que están en situación de desestabilizarlo si lo estiman oportuno, y que se hallan máximamente interesados en promover lo contrario de lo deseable en el escenario ideal: a saber, un acercamiento al problema terrorista que no comprometa la estructura del Estado. Ni uno solo de los movimientos dibujados por el presidente ha tendido a corregir el desequilibrio. Antes al contrario, lo ha acentuado. El remate del silogismo es inesquivable: si usted persevera en desplazar el peso de su cuerpo lejos de la mediana, concluirá por caerse, por grandes que sean sus deseos de permanecer derecho. El problema, por tanto, no reside en que Zapatero, en su fuero íntimo, haya decidido o no hacer concesiones políticas a ETA. El problema está en que todo lo que ha hecho y está haciendo lo proyecta en esa dirección. Cabría incluso silogizar a la inversa: la entrega de las armas por ETA no sólo sería un desiderátum, sino que podría ser una necesidad para el Gobierno en vista de que se han dado pasos que la opinión no comprendería si ETA no desaparece. Circularmente, el fin habría promovido medios que convierten el fin en urgente e irrenunciable. En tales circunstancias, lo milagroso sería que se negociara con las manos libres. Me he abstenido rigurosamente, lo reitero por tercera vez, de hacer un proceso de intenciones.