Un auto judicial elusivo

Ni la llamada sentencia es una sentencia sino un auto, ni su contenido avala la política de inmersión lingüística, como han interpretado la mayoría de políticos y medios de comunicación. La confusión, buscada o no, sigue siendo una de las características del derecho al uso de las lenguas.

Me refiero, naturalmente, al auto de la pasada semana dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecuta una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 de diciembre de 2010. En esta sentencia se reconocía el derecho de los demandantes a que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular de la enseñanza. El caso provenía del lejano 2006, en el que un padre, en nombre de sus hijos menores, interpuso un recurso contencioso-administrativo porque en las escuelas de sus hijos la única lengua utilizada como vehicular era el catalán. El TSJC desestimó esta pretensión que, sin embargo, fue apreciada por el TS en la citada sentencia de 2010, dando así la razón al padre demandante y no a la Administración educativa de la Generalitat.

Como soporte jurídico de peso para apoyar su decisión, el TS aducía la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Recordemos que en dicha sentencia el TC sostenía que, a pesar de que literalmente allí se dijera que la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán, sin mencionar para nada al castellano, debía entenderse que este obviamente también era vehicular al ser lengua oficial. Como es sabido, la Constitución y la ley establecen que las sentencias del TC son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos: jueces, parlamentos, gobiernos y administraciones públicas.

¿Cómo se debe ejecutar una sentencia? Básicamente, haciendo que se cumpla íntegramente “en sus propios términos”, en el sentido que determine el fallo. Si ello no sucede, según una temprana doctrina del Tribunal Constitucional, se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. ¿Ha sido ejecutada íntegramente en sus propios términos la sentencia del TS por parte del TSJC? No, lo ha sido sólo en parte.

En efecto, el auto en cuestión olvida una importante disposición incluida en el fallo: aquella que obliga a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto con el catalán”. Un olvido significativo.

Pero hay más, el TSJC llega, incluso, a poner en cuestión la competencia del TS para hacer este pronunciamiento y se atreve a decir, sorprendentemente, que ello le convierte en un mero ejecutor del fallo del TC. Según su ley reguladora, los jueces están vinculados por las sentencias del TC, no sólo por el contenido del fallo sino también por la doctrina que se desprende de sus fundamentos Por ello es una sorpresa que el TSJC critique al TS por tomarse en serio esta obligación. Por tanto, el auto del TSJC, además de no ejecutar la sentencia en su integridad, reinterpreta el fallo, excediendo así en mucho de sus competencias.

Nos encontramos, por tanto, ante un auto elusivo: soluciona conforme a derecho un problema individual, dando la razón al padre de los alumnos, pero elude su responsabilidad de dar una solución general al conflicto planteado, al no imponer a la Generalitat el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos sin tener que acudir a los tribunales caso por caso, una carga excesiva que no es justo atribuirla a los ciudadanos.

En efecto, los derechos deben establecerse de forma clara en leyes generales, iguales para todos. Si las lenguas vehiculares en la enseñanza son el catalán y el castellano, repartidas en una proporción adecuada y razonable, ello debe constar en la ley y no quedar casi oculto, de forma indefinida, en una sentencia del TC. El Parlament de Catalunya y la administración educativa de la Generalitat, si tuvieran un comportamiento leal con el derecho, ya deberían haber modificado la regulación lingüística, en este y otros aspectos, para adaptarla a la sentencia del Estatut. ¿De qué sirve una sentencia del TC si no se ejecuta?

Ahora bien, no hace falta ninguna resolución judicial para cumplir una sentencia del TC. Basta con un comportamiento de los poderes respetuoso con las reglas de la democracia: el Parlament debe cambiar unas leyes -la de política lingüística y la de educación- que se oponen a lo constitucionalmente declarado por los tribunales. Es su deber para no dejar a los ciudadanos en situación de constante inseguridad jurídica, al arbitrio del poder de turno.

El TS, con su mandato a la Generalitat para que adaptara su legislación a la sentencia del TC, pretendía salvaguardar los derechos lingüísticos de una manera general. El legislador abdica de sus funciones si deja al ciudadano abandonado buscando individualmente protección ante los tribunales. Este auto ha sido una ocasión perdida para solucionar el asunto. Habrá más ocasiones.

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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